La ratificación del Ejecutivo en el primer bloque de preguntas de la consulta popular no convence a la mayoría de los asambleístas

A excepción del sector del Gobierno, todas las demás fuerzas políticas cuestionan la decisión del presidente de la República, Daniel Noboa, de insistir en el primer bloque de preguntas de la consulta popular, cuando esos temas podrían ser resueltos por la Asamblea Nacional antes del mismo proceso electoral y eso generaría un ahorro superior a los $ 60 millones que costaría el referéndum.

En paralelo, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, presidida por el asambleísta del correísmo Fernando Cedeño, acelerará aún más el paso para entregar el informe para segundo debate de un paquete de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que están relacionadas con gran parte de las preguntas de la consulta popular planteada por el Ejecutivo. Ese informe se entregará en el próximo mes para conocimiento del pleno.

Tres juezas constitucionales concentradas en tramitar las propuestas de consulta popular y reforma constitucional de Daniel Noboa

Desde el correísmo los asambleístas Gisella Garzón y Blasco Luna señalaron que los $ 60 millones que costaría la consulta popular bien podrían ahorrarse a favor del Estado cuando existe ya en trámite las mismas reformas que se aspira a consultar a la ciudadanía.

Garzón dijo que el Ejecutivo bien puede rever su decisión de hacer una consulta popular cuando existe el compromiso de todas las fuerzas políticas de priorizar el trámite de reformas al COIP, y además el momento que atraviesa el país no es el correcto para realizar un referéndum.

Lucía Posso, del movimiento Avanza y que actúa junto con otros legisladores independientes, lamentó que se insista en una consulta popular en la que seis de las diez preguntas fácilmente puede tramitar el Parlamento.

La única justificación para insistir en una consulta es probablemente que el primer mandatario no quiere correr el riesgo de que no se mantenga una mayoría en la Asamblea y lo que busca es asegurarse de que con el mandato popular la legislatura no podría hacerse a un lado en el trámite de las reformas.

Posso precisó que el momento en que se insiste en una consulta popular es preelectoral y bien puede ser ese el justificativo político del Gobierno el medir su popularidad ante la ciudadanía; pero llamó la atención al Ejecutivo de evaluar su decisión que podría ahorrar al país unos $ 60 millones, cuando hay una precaria crisis.

Para el asambleísta del movimiento Construye Jorge Peñafiel, la insistencia en una consulta popular es una operación de improvisación, porque el presidente Daniel Noboa lo que pretende es imponer su ego y soberbia por sobre lo lógico y lo legal, porque “ya se le dijo que en la Asamblea Nacional se están tramitando las reformas que él quería plantear a través de la consulta popular”.

El representante de Pichincha comentó que la realización de una consulta popular implicaría un gasto económico innecesario de $ 60 millones, cuando ya se están tramitando las reformas en el Parlamento, donde Construye anticipa su voto a favor; lo único que tiene que hacer el presidente Daniel Noboa es apurar los tiempos con su mayoría legislativa, que incluye al PSC y RC, para que salgan las reformas lo más rápido posible.

Peñafiel considera que la jueza constitucional Teresa Nuques negará la propuesta de consulta popular, primero, porque ya se están tramitando en la Asamblea Nacional y, segundo, porque no tiene una razón de ser. Y lo único que está haciendo el primer mandatario es usar la consulta popular como un barómetro de medir su popularidad y, además, para tener un discurso político, porque la guerra demanda resultados, indica.

Mariana Yumbay, del movimiento Pachakutik, manifestó que las preguntas de la consulta popular sobre las cuales el Ejecutivo se ratificó ante la Corte Constitucional son totalmente inútiles y desacertadas, porque todas las preguntas remitidas se pueden canalizar por la Asamblea, donde incluso ella como legisladora presentó una iniciativa de reformas al COIP, donde se plantea el incremento de las penas en los mismos delitos que el presidente pretende enviar a través de consulta popular.

“Me parece terrible que en medio de esta crisis económica se pretenda engañar al pueblo y votar alrededor de $ 60 millones en una consulta popular que no es necesario ni procedente”, afirmó.

El legislador Otto Vera, del PSC, indicó que la consulta popular debe darse por los cambios en materia constitucional, pero no del primer bloque de preguntas porque hay un compromiso en la Asamblea Nacional de tramitar lo más rápido posible aquellas reformas al COIP.

Las preguntas interesantes de la consulta popular están en el segundo bloque, donde hay temas relacionados con la extradición, la judicatura y el arbitraje internacional.

El legislador también del PSC Jorge Acaiturri-Villa considera que la consulta popular debe ser aprovechada para volver a consultar a los ciudadanos sobre la explotación del ITT Yasuní, pero exigiendo remediación económica y ambiental. (I)