Una demanda de inconstitucionalidad y una denuncia penal en contra de la autoridad del Registro Oficial impulsaría la Asamblea Nacional tras la publicación por decreto ley de la Ley Económica Urgente para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos, de iniciativa presidencial, que fue negada y archivada el 27 de noviembre.