La conjueza Gabriela Mier, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), definió para el primer lunes, 25 de agosto, desde las 08:30, la audiencia en la que el fiscal general encargado, Wilson Toainga, vinculará a Édison Andrés V. T. a la instrucción fiscal dentro del caso Vidrio Libre, en el que son procesados por el delito de asociación ilícita el expresidente de la Judicatura y exjuez de la Corte Nacional Wilman Terán, otros dos exfuncionarios judiciales y dos abogados en libre ejercicio.
La vinculación se dará a los 73 días de iniciada la instrucción fiscal por el conjuez Hernán Barros contra Terán —alias Diablo—, contra la exjueza penal y el exfiscal de Santo Domingo de los Tsáchilas Anabell T. C. y Víctor Hugo Alcívar, respectivamente, y contra los exabogados del exvicepresidente correísta Jorge Glas Édison Loaiza y Cristian Palacios.
#AHORA | #CasoVidrioLibre: no se instala la audiencia de formulación de cargos contra Wilman T., Anabel T., 2 abogados y un exfiscal por presunta #AsociaciónIlícita. La diligencia está convocada para el viernes 13 de junio a las 08:30 pic.twitter.com/Wrrq8BqeRI
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) June 5, 2025
Luego de casi tres meses de abierta la instrucción, el fiscal Wilson Toainga asegura haber encontrado datos que le harían presumir la participación de Édison Andrés V. T. en los hechos investigados bajo el delito de asociación ilícita, y pide que se realice una audiencia para formular cargos y vincularlo al proceso penal. La persona por ser vinculada habría sido un funcionario en el Área de Talento Humano del Consejo de la Judicatura (CJ) en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.
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Desde el 13 de junio pasado, la Fiscalía persigue una asociación ilícita que tiene relación con los hechos por los que se logró que el líder del movimiento de la Revolución Ciudadana (RC) consiguiera salir de la cárcel, según dijo el fiscal general, “evadiendo la acción de la justicia”.
El fiscal Toainga mantiene la teoría de que la libertad del exvicepresidente Glas fue “fraguada” por funcionarios públicos relacionados con el CJ, así como por abogados en libre ejercicio, quienes, asociados, se habrían valido de una acción constitucional de medida cautelar autónoma para conseguir ilegítimamente la libertad de quien en su momento fue el compañero presidencial de Rafael Correa.
Según la Fiscalía, para alcanzar la irregular libertad de Glas, previamente Terán se reunió con el entonces juez de Santo Domingo de los Tsáchilas Émerson Curipallo en el domicilio de la entonces jueza Anabell T. C. Aparentemente, alias Diablo pretendía solicitar el otorgamiento de la libertad del ex segundo mandatario comprometiéndose a archivar todos los expedientes disciplinarios, evitando su destitución, inclusive ofreciendo un blindaje o protección desde el CJ a favor del juez Curipallo.
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El fallo del juez Curipallo, recordó Toainga, habría sido impulsado por el entonces fiscal Víctor Hugo Alcívar, quien habría referido a Curipallo que ejecutara lo solicitado a favor de Glas, informando que no había preocupación por el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), pues el abogado de Jorge Glas, Édison Loaiza, era quien garantizaría la “nula intervención” de parte del SNAI.
Finalmente, Toainga explicó que, luego de influir en la decisión jurisdiccional que se pretendía, el siguiente paso implicaba la elaboración de la medida cautelar. Su preparación habría estado a cargo de Terán, mientras que de la coordinación del sorteo en la Unidad Judicial de Santo Domingo se encargaría la en ese momento jueza Anabell T. C., dejando el patrocinio, presentación y tramitación de la acción constitucional en manos del abogado Palacios.
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#CasoVidrioLibre | #FiscalíaEc presentó los elementos de convicción que evidenciarían la presunta actuación coordinada de los procesados para tramitar –de forma irregular– una medida cautelar que benefició al exvicepresidente Jorge G. pic.twitter.com/ArhPs0fNGF
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) June 13, 2025
En medio de todos estos hechos, la Fiscalía tendría claro el punto exacto en que intervino el funcionario de Talento Humano de la Judicatura en la provincia tsáchila.
Un día después de la audiencia de vinculación, el CJ deberá acudir al octavo piso de la CNJ para reconocer el contenido de la denuncia que hace como acusación particular contra los cinco iniciales procesados. La Judicatura ha justificado su pedido refiriendo que la conducta de los procesados se adecúa al tipo penal de asociación ilícita, que afecta de forma directa a la Función Judicial por encontrarse vinculados exfuncionarios de la Función Judicial y que atenta contra la misión, función, transparencia e imagen institucional. (I)
