Una pena reducida de 15 meses de prisión deberá cumplir Mayra Salazar tras ser sentenciada en el caso Metástasis, por el delito de delincuencia organizada. La relacionista pública obtuvo el 75 % de rebaja de la pena porque se acogió a un procedimiento abreviado y concretó un acuerdo cooperación eficaz con la Fiscalía General del Estado (FGE).

La audiencia de procedimiento abreviado se realizó la tarde del miércoles 24 de julio, en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en Quito.

La procesada aceptó haber participado como colaboradora de la estructura criminal liderada por Leandro Norero (+), alias El Patrón, que creó el narcotraficante desde la cárcel de Cotopaxi, en mayo de 2022, luego de ser detenido junto a varios de sus familiares por un caso de lavado de activos.

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Al inicio de la audiencia de este miércoles, la fiscal general Diana Salazar solicitó 40 meses de prisión para la procesada, con base en el procedimiento abreviado. Sin embargo, más adelante pidió que la sentencia sea finalmente de 15 meses por la información que Mayra Salazar proporcionó dentro de la cooperación eficaz, la cual ha sido determinante y permitió iniciar otros procesos penales.

El juez de la causa, Manuel Cabrera, revisó el alcance y contundencia de la cooperación, junto con la fiscal, la imputada y su defensa, y resolvió acoger la sentencia sugerida por la Fiscalía e impuso una condena de 15 meses (un año y tres meses).

Mayra Salazar fue detenida el 13 de diciembre de 2023. Ha pasado siete meses en prisión, por lo que le faltan ocho meses más para completar la sentencia impuesta. Con ello, la procesada recuperará su libertad en marzo 2025.

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La titular del Ministerio Público actuó en la diligencia del miércoles de manera telemática; mientras que la procesada asistió presencialmente a la sala de la Corte, acompañada dos nuevos abogados Christian Marín y Paúl Marín, quienes reemplazaron a Leonardo Toledo, investigado en el caso Implacable.

La hoy sentenciada y su defensa técnica ratificaron al juez los acuerdos con la Fiscalía, tanto para el procedimiento abreviado como para la cooperación eficaz.

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La fiscal general presentó 39 elementos de convicción. Señaló que Mayra Salazar colaboró con Leandro Norero, con un rol administrativo, entre mayo y octubre de 2022 desde la Corte de Justicia de Guayas, sin ser funcionaria judicial.

Por sus actividades para favorecer a los intereses de la estructura delictiva, Salazar recibió dinero y dádivas.

La imputada se encargaba de identificar a los jueces dispuestos a recibir dinero o dádivas a cambio de sus resoluciones judiciales, a favor de los intereses de Norero y su círculo cercano. Negociaba directamente con los jueces los casos del narcotraficante, para lo cual coordinaba con los también procesado en Metástasis los jueces Xavier N. y Johann N.

Norero le encargó actuar en una acción de habeas corpus para conseguir la liberación de su hermana Johanna Z. T. Para ello, Salazar contactó a su primo Washington S., funcionario judicial en Cotopaxi, y contrató los servicios de abogada Sofía G. -también procesada en Metástasis-, a quien pagó a través de transferencias bancarias.

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Entre los elementos de convicción expuestos por la fiscal general están los chats encontrados en los teléfonos de Leandro Norero, que se realizaron mediante la aplicación Threema.

Informes policiales, evidencias halladas en la vivienda, transferencias bancarias, su declaración juramentada -que en septiembre de 2023 registraba un patrimonio de $ 324.184-, un informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que contiene una transferencia realizada en 2022 por Mayra Salazar a Sofía G. por un valor de $ 3.000

La versión de la procesada Sofía G., quien reconoció que fue contratada por Salazar para que asuma la defensa técnica de la hermana de Leandro Norero en una acción de habeas corpus, a cambio de un pago de $ 6.000; pero luego el rol de Sofía G. fue informar sobre la actuación de otros abogados, por lo que recibiría $ 2.000.

Al finalizar su fundamentación, la audiencia se suspendió por unos minutos. En ese tiempo, bajo reserva, el juez, la fiscal, la procesada y su defensa analizaron el contenido y alcance de la cooperación eficaz.

La diligencia se reinstaló al cabo de una hora. Ahí fue cuando la fiscal solicitó que se rebaje a 15 meses la sentencia de la procesada. El juez volvió a suspender la audiencia para deliberar; la sesión se retomó en 40 minutos y el magistrado dio a conocer su decisión.

El juzgador declaró la validez de todo lo actuado, considerando que además Mayra Salazar y sus abogados no pusieron reparos en lo expuesto por la fiscal. Y acogió la petición del Ministerio Público, así que impuso la condena reducida.

Como parte de la sentencia, el juez Manuel Cabrera dispuso el pago de una multa de $ 5.520 (equivalente a 12 salarios básicos unificados) y de una reparación integral de $ 11.040.

Mayra Salazar también deberá pagar $ 6.300 por concepto de devolución del dinero que recibió en sus cuentas bancarias. Además, deberá emitir disculpas públicas.

Luego de escuchar la resolución, el abogado Christian Marín pidió al juez que se permita a su clienta cumplir la pena en la Casa de Confianza, ubicada en el sector de Chillogallo, al sur de Quito; pero el magistrado respondió que él no era competente para conocer la solicitud.

Salazar se encuentra recluida en la cárcel de Cotopaxi. Fue trasladada ahí el pasado 12 de julio, desde la Casa de Confianza, de Chillogallo. (I)