A poco de concluir el proceso electoral 2023, que será con la posesión de las autoridades electas el 14 de mayo, nuevamente surgen planteamientos de reformas electorales para sortear problemas o vacíos que se presenten en futuros comicios.

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En la Asamblea Nacional ya se trabaja en un proyecto de ley; en el CNE también se han mencionado modificaciones o implementaciones a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas (Código de la Democracia) y también se han manifestado algunas sugerencias de los representantes de las organizaciones políticas, así como de la sociedad civil.

Según Alejandro Jaramillo, presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, actualmente se encuentran elaborando y socializando el proyecto de ley en la elaboración del informe para segundo debate.

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“Hemos llamado a todos los jefes de bancada para que contribuyan con sus observaciones en el proyecto de ley, el principal debate que ha surgido es respecto del método de asignación de escaños respecto del cumplimiento de los principios de representatividad frente al de gobernabilidad”, dice Jaramillo.

En las principales reformas al Código de la Democracia, dentro del proyecto de ley constan nueve puntos. Contar con un régimen que permita que el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en el ámbito de sus competencias, puedan adoptar las medidas necesarias y pertinentes para garantizar la transparencia y certidumbre en los procesos electorales; que la Función Legislativa no tenga la atribución de designar reemplazos de funcionarios electorales destituidos por juicio político y no pueda iniciarlo una vez que se hubiere efectuado la convocatoria al proceso electoral y hasta que éste concluya con la proclamación de resultados, pero que durante este período, la Asamblea Nacional pueda requerir la comparecencia de las autoridades electorales ante el Pleno.

También se pretende regular de mejor manera el voto en el exterior; regular que en la solicitud de inscripción de candidaturas se hará conocer también los datos personales del responsable del manejo económico de la campaña, junto con su firma de aceptación; establecer que una candidatura tiene la obligación más fuerte de articular su plan de trabajo a los instrumentos de planificación vigentes.

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Además se plantean modificaciones ante la eventualidad de muerte o renuncia de candidatos; que en el debate electoral a los ciudadanos se permitan realizar preguntas; lograr un mayor control en la impresión de papeletas y formatos de las actas; y que el régimen electoral responda a las necesidades de transparencia, control de gasto y solución de vacíos normativos que fomenten mayor gobernabilidad y control de usos de los recursos públicos.

Jaramillo comenta que hasta el 15 de abril en la comisión se aprobaría el informe para segundo debate y de allí pasa al presidente de la Asamblea para que lo incluya en la agenda del pleno.

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Para realizar reformas al Código de la Democracia se deben realizar un año antes de las próximas elecciones, que en este caso serían las presidenciales en el 2025, el plazo ya estaría corriendo.

Desde el CNE, Diana Atamaint, presidenta de este órgano electoral, anunció en febrero pasado que impulsará reformas al Código de la Democracia para regular mejor el trabajo de las encuestadoras, puesto que en la actualidad esta entidad no tiene facultad legal para sancionarlas si los resultados que difunden están disparados.

Como parte de las modificaciones se evaluarán los parámetros de calificación y se observará la trayectoria de las empresas, “para que no generen este tipo de inestabilidad, de inseguridad”, dijo Atamaint, sin dar más detalles.

Con esa propuesta de reforma concuerdan representantes de organizaciones políticas consultados por este Diario, pero también agregan otras, que van desde mejorar el sistema informático para la inscripción de listas, pasando por la regulación de normas de la inclusión de jóvenes en las candidaturas, hasta incrementar el financiamiento a las organizaciones políticas para costear los honorarios de entre ellos, los responsables económicos.

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Además de ello, casi todos coinciden en modificaciones para mejorar el control en las campañas anticipadas, el gasto electoral y el origen de los fondos.

Geovanni Atarihuana, presidente nacional de Unidad Popular, sugiere que se realice un control real del monto del gasto electoral, responsabilidad del CNE y ampliar sus competencias en ese ámbito, así como en el control electoral.

También pide sanciones reales sobre la utilización de fondos públicos en la precampaña y campaña electoral, así como ampliar el monto del fondo de promoción electoral. “Por un lado, concejales gastan más que los binomios presidenciales y el fondo de promoción es pequeño, lo cual es inequitativo”, manifiesta.

Asimismo, recomienda que cuando haya “cambio de camiseta”, esa persona pierda la representación del partido o movimiento.

Atarihuana enfatiza que haya control y sanción a las encuestadoras que manipulan los resultados y que solo las organizaciones de carácter nacional puedan postular candidaturas a la Asamblea Nacional.

Guillermo Celi, director nacional de Sociedad Unida Más Acción (SUMA), indica que como reformas para los comicios es fundamental trabajar en el tema del escrutinio; facilitar cuando haya las correspondientes apelaciones, es decir que se puedan tramitar más rápido.

Pide al CNE la conformación y la constitución de una unidad de apoyo e investigación en favor de las organizaciones políticas, para profundizar aún más el conocimiento de actividades de candidatos. Esto porque en los últimos comicios, según dice, aparecieron denuncias o presunciones de candidatos que podrían estar “contaminados por el narcotráfico”.

Como otro planteamiento, Celi menciona a un punto relacionado con el orden constitucional, que la elección de legisladores sea elegido uno por cada 100.000 habitantes, lo cual facilitaría distinguir al candidato.

Señala que en SUMA luego de un mes tienen previsto realizar una convención nacional, en la cual van a recoger el planteamiento para una propuesta hacia el 2025 y también el planteamiento de reformas con respecto al tema electoral.

Javier Orti, presidente nacional de Avanza, hace varias observaciones en las fases preelectoral, electoral y postelectoral, de los cuales se derivan sus planteamientos de reformas.

Para la preelectoral comenta que se debe reglamentar de mejor manera y observar bien a través de los datos obtenidos la pertinencia o no de continuar con el tema de la inclusión de un porcentaje de jóvenes en las candidaturas.

Por otro lado, indica que la implementación del programa digital para la inscripción, en lugar de ayudar a la participación de las candidaturas, lo que hizo es restar la posibilidad de que se logren de manera manual ajustar varios errores que tenían las organizaciones políticas en la configuración de listas.

Para la fase electoral, considera que el CNE no cuenta con la capacidad instalada para ejecutar el control en lo que se refiere a las campañas anticipadas y utilización de fondos públicos.

También cree que se debería otorgar a los partidos y movimientos políticos un fondo para que puedan financiar los honorarios de quienes ejercen las funciones de responsable económico, contador y jefe de campaña.

Para la etapa poselectoral menciona que las organizaciones políticas deberían contar con un fondo para costear el control electoral.

Además de las modificaciones citadas, Orti considera que debería existir una reforma electoral profunda en lo que respecta a los requisitos de candidaturas para la presidencia, vicepresidencia y asambleísta y sugiere que estos se afilien a la organización política que los auspicia un año antes.

De su lado, Jimmy Jairala, director nacional de Centro Democrático, indica que no pueden seguir organizando los comicios los representantes de los partidos políticos.

Considera que no se “garantiza transparencia que los consejeros deban “lealtad y obediencia” a los dirigentes de los partidos y al gobierno de turno. Es necesaria una reforma para que sea la sociedad civil la que ocupe esos espacios”, afirma.

Asimismo, indica que “aún no se ha producido una auditoría del sistema informático del Consejo Nacional Electoral. Me parece una evidente negligencia. Esta auditoría es urgente”.

También hace hincapié en controlar el origen de los fondos que financian campañas es correcto, más allá de que el reporte de los gastos es sumamente engorroso. Señala que “resulta penoso que no haya una sola norma para impedir los excesos de las llamadas “precampañas””.

Alfredo Serrano, presidente nacional del Partido Social Cristiano (PSC), a modo personal cree que se deben hacer varias reformas, sin embargo, dice que es un tema que aún no lo han tratado en el partido, pero que tienen previsto hacerlo.

Ruth Hidalgo, directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana (CPC), indica que los recientes comicios han dejado lecciones y entre ellas está que se requiere “prontamente” entrar en el proceso de reforma en el sistema de partidos.

“La dispersión que existe en Ecuador por tener más de 250 partidos y movimientos políticos está significando un factor negativo al momento de plantear candidaturas, opciones que presenten no solamente cuadros, sino también propuestas de trabajo coherentes con una ideología definida...”, señala.

En otro punto, indica que es importante volver a retomar la discusión del debate sobre la territorialidad de las organizaciones políticas. “Nuestra propuesta (indica) tener movimientos locales para elegir alcaldes, prefectos y juntas parroquiales, y contar con movimientos nacionales para elegir asambleístas, presidente y vicepresidente”, explica.

Asimismo, menciona como otra propuesta, que los directores de los partidos o movimientos puedan ejercer el cargo máximo por dos años con probabilidad de reelección un año más, para de este modo evitar los “famosos partidos con dueño”.

Además de ello, sugiere cambios en temas relacionados a las mujeres. “Es importante que el fondo partidario que es asignado por parte del Estado a los partidos políticos, por obligación designe un porcentaje específico para la promoción, formación y sobre todo estructura de mujer dentro de los partidos políticos”, explica.

Hidalgo indica que esos son algunos de los puntos, tienen doce en total, que la CPC desea promover, a lo cual también se suma la elección de alcaldes en segunda vuelta.

Para Fausto Camacho, exconsejero del CNE, en las reformas no está lo fundamental, pese a que a las actividades de la sociedad puedan ser dinámicas y obviamente se requerirán de cambios para actualizar las leyes, pero en el caso de Ecuador -dice- no es un tema de desactualización de las leyes, sino falta de cumplimiento de las leyes por parte de los actores.

Camacho, quien es miembro del colectivo Voces por la Democracia, considera que el problema fundamental de este proceso electoral y de algunos de los anteriores no está en la “insuficiencia” o la “inexistencia” de normas legales, sino que en la conducta de los actores, que involucra al CNE y las organizaciones políticas.

En ese sentido, cree que el primer actor que debería cambiar su conducta es el propio CNE y señala que los otros actores que incumplen la ley son los partidos y movimientos.

“Difícilmente se pueden conseguir procesos electorales mejores, si las conductas de las personas siguen siendo las mismas...”, asegura. (I)