Patricia Ochoa, viuda del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Jorge Gabela, pensó que era mentira y que vivía un sueño cuando recibió una sentencia de la Corte Constitucional (CC) el 17 de febrero del 2023, en la que se ordenó la reconstrucción de un denominado ‘tercer producto’ que ampliaría la investigación sobre la muerte de su esposo (2010), quien denunció irregularidades en la compra de los helicópteros Dhruv por parte del Ministerio de Defensa en la administración de Rafael Correa.

“Es difícil creer cuando la constante de un caso siempre ha sido la negación de la justicia”, narra, emocionada y aún incrédula, Patricia Ochoa.

La Corte ordenó también que el Gobierno nacional, a nombre del Estado, se disculpe públicamente con Ochoa y su familia por negarles la verdad. Su fallo surgió en el trámite de una acción extraordinaria de protección que interpuso la Defensoría del Pueblo en el 2018, luego de que la Presidencia de la República negó sistemáticamente la entrega de los documentos y conclusiones que elaboró un comité interinstitucional que creó Rafael Correa.

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Este comité lo coordinó el extinto Ministerio de Justicia con el objetivo de indagar si la muerte de Jorge Gabela, ocasionada por sujetos que ingresaron a su domicilio en diciembre del 2010, se debió a un delito común o si fue asesinado por las denuncias sobre la compra de los Dhruv. Para ello se contrató al perito argentino Roberto Meza Niella, quien en su investigación avanzó a un tercer informe, porque del segundo se desprendió que su muerte se relacionaba con sus actividades laborales.

Patricia Ochoa asegura que nunca recibió ese tercer producto y que se dio cuenta de que algo estaba mal cuando en el informe que le entregó la entonces ministra Lady Zúñiga, en el 2015, había un acta de entrega-recepción en la que declaran ‘delito común’, pero ordenan el pago al perito por un tercer producto. “Lo que recibí es un informe en el que decía que era delincuencia común, en un solo bloque de 96 hojas. Pero cuando accedimos a información en una primera instancia, nos entregan un informe de siete hojas, que es el primer producto; el segundo producto, de 45 hojas, que tenía conclusiones que decían que era crimen organizado y que pasaba a la tercera fase para seguir investigando. Esas contradicciones me llevaron a pensar que ese informe tiene vacíos”.

¿Qué significó para usted y su familia esta sentencia de la Corte Constitucional?

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Me sentí incrédula, porque era la primera vez que la justicia nos daba el beneficio de tener acceso a información pública. Las causas legales en el país tardan mucho para tener respuesta, como el caso de ejecución extrajudicial que está abierto en la Fiscalía desde el 2018 y sigue en investigación. Llevan mucho tiempo, y más cuando ha habido acciones que han entorpecido una verdadera investigación.

La sentencia señala que se violó su derecho a la verdad al no entregarle información sobre este tercer producto. ¿Qué implicaciones tiene esa conclusión?

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Creo que se reconoce que hay un propósito desde el Estado de negar esa verdad y negar información. Es la primera vez que hay un reconocimiento a una violación en el caso de mi esposo. El día que recibí la notificación de la sentencia, no podía creerlo. Fue un día que no voy a olvidar. Pensaba que era mentira, que estaba viviendo un sueño, porque es difícil cuando la constante de un caso siempre ha sido la negación de la justicia; y, de repente, llega al máximo organismo de justicia del Estado, y que me hayan dado la razón por unanimidad... Sin embargo, la Corte solo se concentró en analizar este informe forjado del comité. Por su parte, la Fiscalía contrató a una perfiladora para avanzar en el caso, con oficiales de campo. Hay avances y sería interesante cotejar con lo que realizó el perito Roberto Meza. Pero no creo —estoy convencida— que esto vaya a resolver el asesinato de mi esposo, pues falta mucha tela por cortar.

¿Se contactó con el perito Roberto Meza tras conocer este fallo?

No he conversado con el perito. Él tomará las acciones que correspondan en cuanto a lo que dispone la sentencia. Las cosas deben seguir su curso. La Corte Constitucional ha determinado plazos para que se cumplan varias acciones, y nosotros vamos a estar atrás de que se cumplan esos plazos. Pero, con este fallo, creo que el caso Gabela podría acelerarse en su investigación, y eso es lo que nos gustaría, por lo menos para cerrar ciclos, porque mientras no se sepa la verdad sobre la muerte de mi esposo, además del dolor de la pérdida, siempre vamos a estar con esa sensación de injusticia y sin saber qué pasó.

¿Cómo podría este fallo acelerar la investigación?

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Por las declaraciones del exministro de Justicia Lenín Lara, que recibió el tercer producto; del mismo perito y de la misma acta de entrega-recepción que entregó el comité interinstitucional y que está firmada por funcionarios del extinto Ministerio de Justicia, en la que hablan de que si se llegó al tercer producto es porque el asesinato del general Gabela tiene conexión con sus actividades laborales. Además, en este informe (tercer producto) podrían constar los posibles autores intelectuales del asesinato.

En este caso hay contradicciones. A mí me entregó el informe la exministra de Justicia Lady Zúñiga, cuando debió haberlo hecho el expresidente Rafael Correa, porque así se disponía en el decreto ejecutivo que firmó creando ese comité interinstitucional. Luego, en el producto dos, las conclusiones son claras: dice que el asesinato del general Gabela tiene que ver con el crimen organizado y recomienda recabar pruebas. Los asambleístas (de Revolución Ciudadana) deben hablar con Lenín Lara, porque él dijo que recibió el tercer producto y que se socializó con los ministros, y que después de dos días se fue y lo que haya pasado con ese informe él se lava las manos, porque lo dejó en el ministerio y hasta con caja fuerte. ¿Quién vino después? ¿Quiénes son los que deben decir qué pasó con ese producto? Porque se les pierde en las narices. Tendría que ser el exministro José Serrano, que quedó encargado por unos meses, y luego Lady Zúñiga; y más cuando su viceministro, que era César Ochoa, envió correos al perito para que se eliminaran páginas, conclusiones y nombres. Ha sido el Estado, los Gobiernos de Rafael Correa y de Lenín Moreno, los que no han querido que salga a la luz la verdad.

Aquí estamos hablando de que la primera ministra de Justicia, que fue Johanna Pesántez, ella se fue sabiendo que en el segundo producto se sabía que no era delito común. En una reunión con Pesántez y el exministro de Seguridad (Homero Arellano), el representante de Pesántez, César Costa, (...) me había dicho que se descartó el delito común y, por ello, la exministra le llamó la atención. En esa reunión estuvo un representante de la Cedhu, y él presenció y sabe que a esas alturas se había descartado el delito común. ¿Cómo me iba a quedar tranquila si me dan un informe en el que se había descartado el delito común? Por eso seguí en mis reclamos, porque como ecuatoriana tengo todos los derechos a tener justicia, que no ha habido, porque justicia que tarda no es justicia, y por lo menos quiero que me den la verdad.

El movimiento correísta Revolución Ciudadana dice en un comunicado que esta sentencia es una “cortina de humo”...

Antes de hacer estas insinuaciones de que esto es una cortina de humo, era de que hablen primero con Lenín Lara, su asambleísta y su exministro de Justicia. Que hablen con quienes fueron sus funcionarios y pidan cuentas. No ahora, sino que lo hubiesen hecho antes, cuando hicieron este documento (tercer producto) y yo salí a reclamar. Pero no les interesaba.

El único interés que tiene ese movimiento político y quien está a la cabeza, el señor Rafael Correa, era que nunca lleguemos a tener la verdad de lo que le ocurrió. Este comité solo sirvió para eliminar ese tercer producto. Uno debe ser una buena persona. Decir que esto es una cortina de humo los convierte en personas que no tienen humanidad. ¿Les parece poco estar suplicando una justicia por más de doce años y no tenerla?

La Corte ordenó que se reconstruya ese tercer producto. ¿Cree que eso se logre, porque el perito tampoco podía tener una copia de la investigación?

El decreto ejecutivo que firmó Rafael Correa disponía levantar reserva y confidencialidad de la información. ¿Cuál fue el objetivo de contratar al perito y ponerle una cláusula de confidencialidad y de propiedad intelectual desde el mismo Ministerio de Justicia? ¿Porque no les gustaba lo que iban a obtener u obtuvieron, o lo que se descubrió? El acta de entrega y recepción de los tres productos se hace el 2 de septiembre del 2013. Yo me reuní el 2 de septiembre del 2018 con la exministra María Paula Romo, en el gobierno de Lenín Moreno, y encuentro dos folders inmensos con variedades de informes del caso Gabela, y cierto ministro me dijo que eran avances de la investigación y decían que era delito común. ¡Era absurdo! ¿Quiénes hicieron cortinas de humo? ¿Quiénes están acostumbrados a hacer cortinas de humo, sobre todo para que no se descubra un asesinato?

En todo caso, no sé cómo se irá a hacer, porque incluso los documentos han desaparecido por arte de magia. No sé si, cuando se levantó la confidencialidad, los documentos continúen ahí. Lo único que sé es que la decisión de la Corte es mandatoria para cada uno de los organismos y deben entregar la información.

Mientras tanto, ¿cómo avanza la investigación por ejecución extrajudicial que se abrió en la Fiscalía General?

Ha sido un proceso lento. La Fiscalía ha tenido cierto progreso en las investigaciones de campo, pero al pedir información siempre hay obstáculos sobre la ‘confidencialidad, reserva, secreto’ con los que responde el Ministerio de Defensa. Esto pese a que la Fiscalía les aclara que en casos de derechos humanos no existe confidencialidad y que no hay reserva de la información. No tienen respuesta.

El caso se encuentra en indagación previa y son muchas personas las llamadas a declarar. Hay personas que, cuando están siendo cuestionadas, se acogen al silencio; por ejemplo, cuando oyen las grabaciones del caso, se declaran en silencio. Pero lo importante de esas comparecencias es ver por qué no dijeron lo mismo cuando fueron llamados a dar sus versiones en la investigación que se realizó en Samborondón (Guayas) en agosto del 2011. ¿Por qué no dijeron lo mismo? Pero ahora ya hablan de que sí existían grabaciones, que tal persona dijo una u otra cosa sobre la grabación. Todos se confabularon para que la verdad en el caso Gabela no salga, desde militares, civiles (hasta) el comité interinstitucional, y con nombres y apellidos. (I)