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Por diez días se abrirá la convocatoria a postularse al concurso público para elegir al nuevo contralor del Estado

Está previsto que desde la próxima semana inicia la etapa de inscripción. El Consejo de Participación Ciudadana aprobó la convocatoria oficial.

La Contraloría General del Estado es el órgano fiscalizador del buen uso de los recursos públicos del Estado. Está presidido, por Carlos Riofrío González. Foto: Archivo/El Universo. Foto: Carlos Granja Medranda

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Entre enero y posiblemente hasta febrero, le tomaría a la comisión ciudadana organizar el concurso público de méritos, oposición e impugnación ciudadana que terminará con la elección de la nueva autoridad de la Contraloría General del Estado.

La comisión ciudadana decidió el martes pasado declararse en comisión permanente para aprobar progresivamente su cronograma de trabajo, aunque de forma preliminar planea concluir con el concurso para elegir a esta autoridad en enero próximo. Para ello, se basa en los plazos y términos para sustanciar las diferentes etapas que se contemplan en el reglamento de selección respectivo.

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Por lo pronto, está previsto que desde este lunes (14 de noviembre) se abra la etapa de inscripción de postulaciones de la ciudadanía a ocupar este cargo y se extendería hasta el 25 de noviembre, según se conoció extraoficialmente. Esto debido a que la norma reglamentaria fija un término de diez días para postularse y en ningún caso se recibirán inscripciones fuera del término y hora previstos o en un lugar distinto a la sede del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

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Este 8 de noviembre, el pleno del Consejo de Participación Ciudadana aprobó la convocatoria en la que se establecen los requisitos y prohibiciones para postular a ser contralor, pero no se definió cuándo arrancará el periodo de inscripciones.

De fuentes de la Casa de Gobierno, se informó que este viernes se divulgaría una cadena nacional en medios de comunicación en la que se invitará a la ciudadanía a participar, detallando cuáles son los requisitos que requiere cumplir.

El texto de la convocatoria se aprobó en una plenaria realizada el martes último, con los votos de los consejeros de mayoría Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo. Se abstuvieron Sofía Almeida, David Rosero y Javier Dávalos.

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La primera fase dentro de este concurso público es la admisibilidad, en la que se revisa el cumplimiento de requisitos de los concursantes y que no estén incursos en inhabilidades para ocupar cargo público.

Con el listado de candidatos admitidos, la comisión ciudadana empezará la calificación de méritos sobre 50 puntos; luego se los convocará a rendir un examen escrito sobre 30 puntos y una exposición oral sobre 20 puntos. Con ello se suma un total de 100.

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Finalmente, se abrirá la etapa de escrutinio público en la que los postulantes puedan ser objetados por falta de probidad e idoneidad, o incumplimiento de requisitos.

El concursante mejor puntuado y que haya superada cada fase, será el designado como contralor.

De acuerdo con el reglamento, los requisitos para participar en este concurso son: ser mayor de 18 años, ser ecuatoriano; y, estar en goce de los derechos políticos.

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Como prohibiciones e inhabilidades, además de las que determina el artículo 232 de la Constitución y en articulación con el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, se establece que no podrán postularse para ejercer el cargo de primera autoridad de la Contraloría General del Estado quienes:

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  • Posean, a título personal o a través de su cónyuge, bienes, capitales, inversiones, fondos, acciones, participaciones de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.
  • Sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República.
  • Hubiese sido condenado por sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, por delitos de violencia contra la mujer y otros, mientras ésta subsista.
  • Tenga contrato con el Estado, como persona natural, socio, representante, apoderado de personas jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrado para la adquisición de bienes, ejecución de obras públicas, prestación de servicios públicos sin relación de dependencia o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad contractual.
  • Se hallare en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada fraudulenta.
  • Tenga sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, sancionada con la suspensión de los derechos políticos y de participación, mientras esta subsista.
  • No haya cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado por violencia intrafamiliar o de género.
  • Haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.
  • Haya sido sancionado por delitos de lesa humanidad.
  • Tenga obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario.
  • Tenga obligaciones tributarias con deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).
  • Haya sido directivo de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado dignidades de elección popular en los cinco últimos años.
  • Sea miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo, o representante de cultos religiosos.
  • Tengan pensiones alimenticias vencidas y que se reflejen en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).
  • Sea cónyuge, tenga unión de hecho, o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y/o de los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección.
  • Haya sido sancionado con destitución por responsabilidad administrativa o tenga sanción en firme por responsabilidad civil o penal en el ejercicio de funciones públicas, sin que se encuentre rehabilitado.
  • Incurra en alguna de las inhabilidades, impedimentos o prohibiciones para el ingreso o reingreso al servicio civil en el sector público. Las demás prescritas en la Constitución y la ley

Los postulantes deben acreditar esta información, mediante una declaración juramentada en el formato único, otorgada mediante escritura pública ante notario.

Además, deberán acreditar los documentos públicos correspondientes solicitados en la convocatoria, para demostrar que no se encuentran inhabilitados. (I)

Redacción
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