Al cierre de la etapa de instrucción fiscal por el delito de delincuencia organizada, dentro del caso las Torres, la Procuraduría General del Estado (PGE) y la empresa pública Petroecuador fueron aceptadas por el juez nacional Felipe Córdova como acusadoras particulares. Con esto, ambas instancias públicas podrán reclamar indemnizaciones a los que se ubique como responsables o reparación integral por los daños causados con el acto de corrupción que se llegue a sentenciar.

Petroecuador presentó su acusación directa contra once de los procesados, mientras que la PGE lo hizo contra trece de los quince investigados. En los dos casos se coincide en acusar al ahora excontralor subrogante Pablo Celi, a su hermano Esteban Celi y al exgerente de Petroecuador Pablo Flores.

Etapa de instrucción fiscal en el caso Las Torres completa los 120 días de investigaciones

En su acusación particular, la Procuraduría deja de lado a la madre del exgerente Flores, Elsie Cueva, y a Andrés Luque. Para esta institución en este caso se investiga a una “organización delictiva” que supuestamente operó, a partir del 2017, en la Contraloría General del Estado (CGE), la secretaría de la Presidencia y Petroecuador.

Para la PGE, la organización que se conformó en este caso se consolidó en agosto del 2018 con la designación de Pablo Flores como gerente de Petroecuador; Natalia Cárdenas como asesora y posteriormente subgerente junto a Daniel Orellana como gerente de Refinación de Petroecuador y Marco Flores, Roy Calero y Martha Barrezueta.

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Tres meses después, señala la teoría de la Procuraduría, las actividades ilícitas llegaron a la Presidencia de la República a través de José Agusto Briones, entonces secretario general; Giomara López y Ángelo Rodríguez. “La organización supuestamente funcionó de manera permanente hasta el 2020 y se habría beneficiado de los pagos realizados por la EP Petroecuador a sus proveedores, para lo cual sus miembros ordenaban o gestionaban el desvanecimiento de glosas para facilitar pagos y pedían, cobraban o recaudaban porcentajes de esos pagos o contratos”.

Por otra parte, Córdova rechazó la solicitud hecha por la empresa Nolimit C. A. para ser aprobada en el proceso judicial Las Torres en calidad de víctima. El planteamiento que recibió la oposición de la Fiscalía y la Procuraduría General del Estado fue hecho por Pedro Crespo, representante legal de la proveedora de servicios petroleros que supuestamente pagó para que se desvanezcan glosas en su contra y que se liberen facturas pendientes por pagar por parte de Petroecuador.

Córdova explicó en providencia que de conformidad a lo que establece la Constitución, la Fiscalía ostenta la titularidad del ejercicio de la acción penal pública y vela por los intereses de las presuntas víctimas del proceso. “Fiscalía ha sido clara en determinar que la empresa Nolimit no funge como víctima en la causa, dada la naturaleza propia del delito que se investiga, que tendría como víctima al Estado como tal, el mismo que se encuentra ya representado. Así se rechaza lo solicitado por la empresa Nolimit”, señal la providencia emitida el martes último.

Dentro de esta causa, la mañana de este miércoles se debían escuchar los tres testimonios anticipados que faltaban para completar la lista de seis personas que fueron solicitados por la fiscal general Diana Salazar, pero se difirió por segunda ocasión.

QUITO (16-08-2021).- El asambleísta, Fernando Villavicencio llegó hasta la FiscalÍa General para presentar denuncia en contra de Pablo celi y Carlos Polit. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: El Universo

La diligencia para conocer lo que tenían que decir el exsubcontralor subrogante y actual funcionario de la Contraloría General, Luis Miño; y los exdirectivos de la empresa Nolimit Sebastián Robles y Patricio Saa, debió darse el 11 de agosto pasado, pero debido a que en esa audiencia existía un juez que reemplazaba al titular Felipe Córdova, los sujetos procesales se opusieron a que se de con otro juzgador y por ello se suspendió la misma para el miércoles 18 de agosto.

En esta oportunidad la audiencia se cambió a pedido de la Fiscalía y aún no existe fecha de cuándo se reinstalará la diligencia que se inició el 6 de agosto último, cuando se escucharon los testimonios anticipados desde Estados Unidos del exasesor de Petroecuador y familiar del excontralor Pablo Celi, Raúl De la Torre, y el accionista de la empresa Nolimit, José Luis De la Paz; mientras que en Ecuador rindió testimonio en accionista de Nolimit, José Crespo.

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El excontralor Celi, uno de los exfuncionarios públicos a quien la Fiscalía ubica en la parte alta de la organización delictiva investigada, amplió su versión en los últimos días de la instrucción fiscal del caso Las Torres. En la versión que solicitó el propio Celi, el ahora excontralor negó formar parte de la trama criminal que se investiga.

“Jamás he solicitado dinero o he autorizado a terceros a pedir en mi nombre bajo ningún concepto, mucho menos para desvanecer glosas o direccionar informes de Contraloría”, afirmó el excontralor Celi, cuatro días después de que su familiar José Raúl De la Torre, exasesor de Petroecuador, en su testimonio anticipado dijo haber entregado dinero de coimas para Pablo Celi e incluso recordó que habló con él en su despacho y le manifestó “que estaba realizando este pago con Esteban Celi”. La supuesta respuesta de Celi habría sido: “Ok, no hay problema, arregla esto con Esteban (Celi)”.

Raúl De la Torre habla de coimas y porcentajes en testimonio de caso Las Torres e involucra al excontralor Pablo Celi y al exgerente Pablo Flores

Pablo Celi, al igual que su abogado Marcelo Ron, asegura que el hijo de su prima se tomó su nombre para fines delincuenciales. ”...Con el señor José Raúl De la Torre que evidentemente ha buscado aprovecharse del parentesco por mi apellido materno, no he tratado nunca asuntos de la Contraloría. Al decirlo bajo juramento ha incurrido en un nuevo delito, el de perjurio, que se suma a su prontuario e invalida su ya desvalorizada palabra, carente de la más mínima credibilidad al provenir de un delincuente confeso”.

Respecto a su hermano Esteban Celi, el hoy excontralor aclaró que “nunca” pidió o autorizó a su hermano para que se relacione con empresas o personas interesadas en resoluciones de la CGE y mucho menos para que gestione en su nombre pagos por procedimientos en la Contraloría. (I)