Garantizar que los periodistas puedan realizar su trabajo de investigación sin miedo es lo que busca el asambleísta Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, que el pasado 14 de febrero presentó en la Unidad de Gestión Documental el proyecto de Ley de Protección del Ejercicio Periodístico y de la Comunicación.

Esta iniciativa legal -compuesta por 17 artículos, 3 disposiciones transitorias y 1 derogatoria- tiene como objetivo establecer la obligación del Estado para la protección de la práctica periodística, en el sector público y privado, así como determinar mecanismos institucionales de prevención y protección, establecer medidas especiales de protección a las mujeres periodistas y comunicadores de medios digitales.

Narváez explicó a este Diario que el proyecto busca dar protección a periodistas y trabajadores de la comunicación y reconoció que el camino que debe recorrer en el Legislativo es largo. Primero debe cumplir con las etapas de evaluación en la Unidad Técnica Legislativa, luego ser asignada a una de las comisiones para que avoque conocimiento, después los debates, aprobarse y llegar hasta el presidente Guillermo Lasso para su revisión y luego ya pasar al Registro Oficial.

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A sus colegas asambleístas les pide acoger la propuesta y dar el trámite respectivo de forma urgente y recalcó que su preocupación por el tema tiene que ver con los periodistas que realizan investigación y que corren riesgo cuando se trata de actividades como narcotráfico, corrupción, lavado de activos, trata de personas, minería ilegal y dice que el Estado no los está protegiendo.

El legislador considera que se debe valorar que gracias al aporte de algunos periodistas se han llegado a conocer casos de corrupción, “por lo que es indispensable dotarles de protección mientras realizan las respectivas investigaciones”.

“Con este proyecto buscamos que el Estado se responsabilice de su integridad, para que su vida y la de su familia no esté en riesgo, y puedan realizar su trabajo en paz”, enfatizó el día de la presentación del proyecto.

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Como justificación para presentar el proyecto, Narváez expone que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que los periodistas ecuatorianos no tienen garantías para llevar adelante su trabajo.

“Si un organismo internacional de gran importancia está advirtiendo al Ecuador que no está garantizada la protección de los periodistas y trabajadores de la comunicación, es de suma importancia tomar acción e impulsar esta ley”, recalca.

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Entre los casos que evidencian la realidad de Ecuador en este tema, Narváez menciona el secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, periodistas de diario El Comercio en el año 2018 y la denuncia del periodista del medio digital La Posta, Andersson Boscán, sobre amenazas contra él, su colega y esposa, Mónica Velásquez, y su familia, luego de una investigación sobre la situación penitenciaria que realizaron.

Plantón en la Plaza Grande en Quito en memoria del equipo periodístico de Diario El Comercio que fue asesinado en 2018.

Principales puntos del proyecto

  • En el texto se propone establecer el Comité Interinstitucional de Prevención y Protección del Trabajo Periodístico y de la Comunicación, como un órgano colegiado interinstitucional de decisión, conformado por un delegado permanente del presidente de la República; el presidente del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación; la máxima autoridad del Ministerio del Interior; la máxima autoridad del Ministerio de Defensa; la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado; la máxima autoridad de la Corte Nacional de Justicia; la máxima autoridad del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana; y, un delegado de los medios de comunicación. Las autoridades integrantes del Comité actuarán con voz y voto.
  • Crear el Mecanismo de Protección del Trabajo Periodístico y de la Comunicación como instancia técnica estatal para garantizar la seguridad en el ejercicio del trabajo periodístico, que contará con una instancia técnica que integrará a delegados de varias entidades estatales y a representantes de los trabajadores de la comunicación de medios privados, estatales y comunitarios, así como familiares de las víctimas.
  • Conformar comités con las instituciones vinculadas, sociedad civil, representantes de los medios de comunicación y demás instituciones, para garantizar el cumplimiento de la posible ley.
  • Se plantea establecer medidas especiales de protección a mujeres trabajadoras de la comunicación, a través del Consejo de Comunicación. Además observar temas como la perspectiva de género y la elaboración, difusión y capacitación de protocolos de actuación con enfoque de género.
  • Otras medidas especiales para la protección del trabajo periodístico en medios digitales también se propone para hacer que el Estado, a través de sus instituciones, defina acciones como abstenerse de filtrar o bloquear contenidos de internet, garantizar la protección de datos de los medios digitales y sus trabajadores y garantizar el derecho a la intimidad de los trabajadores de estos medios.
  • Garantizar la investigación, derecho a la verdad, no impunidad y reparación integral en los casos de agresión contra la integridad personal y la vida de trabajadores de la comunicación. Se establece que será la Fiscalía General del Estado la que debe definir protocolos, unidades y medidas para la investigación especializada de estos hechos. (I)