Desde el 23 de septiembre de 2020, el Tribunal de Juzgamiento de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) del caso Sobornos 2012-2016, transformado en Tribunal de Ejecución, dispuso que al hallarse ejecutoriada la sentencia condenatoria por el delito de cohecho pasivo agravado en contra del expresidente y exvicepresidente Rafael Correa y Jorge Glas, respectivamente, se oficie al Ministerio de Finanzas para que de manera inmediata se dejen de pagar sus pensiones vitalicias.

La disposición se daba porque meses antes, junio de 2020, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Apoyo Humanitaria, en cuya cuarta disposición reformatoria incluyó en el artículo 135 de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) que se exceptúa de las pensiones vitalicias a los exmandatarios que no hubiesen concluido el periodo para el que fueron electos por haber sido cesados de acuerdo a una de las causales establecidas en la Constitución o que hayan sido sentenciados por delitos de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, entre otros cinco delitos más.

Reformas sobre pensiones vitalicias a exmandatarios no beneficiarían a Rafael Correa y Jorge Glas

El procurador general, Iñigo Salvador, como representante de la víctima, el Estado, informó en su momento que los pagos de $ 4.226 mensuales que recibía Correa como expresidente y los $ 4.057 que percibía mensualmente Glas como exvicepresidente fueron suspendidos en octubre de 2020. Ante ello, las defensas de Correa y Glas intentaron, sin resultados positivos, que no se concrete ese retiro.

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En estos días, la Comisión del Derecho al Trabajo de la Asamblea aprobó con los votos de los correístas de UNES y del legislador Luis Almeida, del Partido Social Cristiano (PSC), un informe para segundo debate de un proyecto de ley que busca reformar tres artículos de la Losep. Una de esas reformas apunta a eliminar la cuarta disposición incluida en la Ley Humanitaria aprobada en tiempos de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19.

Con la negativa del Tribunal de Casación de la CNJ a los recursos de ampliación y aclaración a la sentencia emitida el 7 de septiembre de 2020 quedaron en firme las 20 sentencias emitidas.

Como autores mediatos por instigación Correa y Glas fueron sentenciados a ocho años de cárcel. La misma pena, pero como coautores, recibieron el ex secretario jurídico Alexis Mera, los exministros María Duarte, Vinicio Alvarado, Walter Solís, y los exlegisladores Christian Viteri y Viviana Bonilla, además de nueve empresarios acusados de autores directos.

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La exasistente de la Presidencia Laura Terán y el empresario Alberto Hidalgo, vistos para la reparación integral como cómplices, recibieron un menor tiempo de cárcel, así como también la exasesora Pamela Martínez, quien junto con Terán fueron cooperadoras eficaces. Además, como pena económica el Tribunal impuso que los autores mediatos, directos y coautores paguen $ 778.000 y $ 368.000 los cómplices, para completar el pago de $ 14,7 millones de reparación integral.

El legislador Salvador Quishpe, de los registros de Pachakutik, califica de “argucias” a los intentos del correísmo y socialcristianos por revivir las pensiones vitalicias para personas que incluso mantienen sentencias condenatorias en firme por delitos de corrupción en el ejercicio de la función pública.

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Las nuevas reformas que se plantean en el tema pensiones vitalicias serían producto de la unificación de doce propuestas presentadas en el anterior y el actual periodo legislativo.

Más allá del voto de Almeida a favor del informe para segundo debate, el coordinador de la bancada del PSC, Esteban Torres, aclara que la posición oficial de su bloque es que en los casos en que exmandatarios hayan sido sentenciados y esos fallos estén en firme, esas pensiones vitalicias no se den. “Esa será la posición que motivará nuestro voto cuando llegue al pleno del Legislativo”.

Desde el correísmo se ha negado que esta reforma pretenda beneficiar a sus líderes Correa o Glas. Marcela Holguín, primera vicepresidenta de la Asamblea y parte de la Revolución Ciudadana, asegura que de aprobarse la iniciativa, ellos no podrán verse beneficiados debido a que esta no puede tener el carácter de retroactivo. (I)