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Rostros políticos en la lista de los que quieren llegar a administrar la Contraloría del Estado

Las inscripciones cerraron el viernes 25 de noviembre; hubo 117 registrados. El Consejo de Participación realiza el concurso en medio de una pugna de poderes.

Fachada del edifcio de la Contraloría General del Estado. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: El Universo

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A las 17:00 del viernes 25 de noviembre, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) cerró la inscripción de candidatos a participar en el concurso público para la elección del titular de la Contraloría General del Estado y de la Defensoría Pública, en cuyas listas constan actores políticos o funcionarios que buscan la reelección o cambiar de función.

Según los datos preliminares, para el concurso de elección del nuevo contralor del Estado hubo 117 inscritos; y aún resta que se integren posibles postulaciones del exterior.

En la nómina consta Vicente Taiano Álvarez, abogado y director del estudio jurídico Taiano y Asociados, quien fue juez de lo penal y diputado. Fue fundador del extinto Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN) que lo presidía el político y empresario Álvaro Noboa, y con él fue candidato a la vicepresidencia en el 2006; también fue asambleísta constituyente por ese grupo político del que se desafilió y se vinculó al Partido Sociedad Patriótica (PSP).

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Vicente Taiano Álvarez (i) fue gobernador del Guayas al inicio del gobierno de Guillermo Lasso. Foto de Archivo Foto: José Beltrán

En la actual administración del presidente Guillermo Lasso fue nombrado gobernador del Guayas hasta septiembre del 2021, cuando presentó su renuncia irrevocable.

Otro de los postulantes es Juan Falconí Puig, un abogado y político ecuatoriano, embajador del Ecuador en Londres en el 2013 y exembajador ante la Organización Internacional de Comercio en el 2015, durante el gobierno de Rafael Correa.

Entre otros cargos fue ministro de Industria y Comercio en 1991, secretario de Estado de la Producción del Gobierno, en 1999; exsuperintendente de Bancos en el 2000.

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Juan Falconí Puig fue superintendente de Bancos. Foto de Archivo

También inscribió su postulación Xavier Torres Maldonado, quien es consejero suplente del Consejo Nacional Electoral (CNE), docente y ha desempeñado funciones en la Contraloría.

El abogado Carlos Brunis Villacís también se inscribió. Él es un conocido dirigente del transporte terrestre, específicamente de la Unión de Taxis de Pichincha que encabezó las movilizaciones en octubre del 2019, con la paralización de las unidades amarillas para exigir, al entonces gobierno de Lenín Moreno, la derogatoria del decreto 883 que eliminó los subsidios a los combustibles.

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Además, están Darwin Seraquive, exsecretario del Consejo de Participación Ciudadana de Transición; y Yolanda Salgado Guerrón, que integró la terna que envió el presidente Guillermo Lasso al CPCCS para la designación del titular de la Procuraduría General del Estado.

Actualmente, Salgado es funcionaria de la Presidencia de la República.

Darwin Seraquive, exsecretario del CPCCS de Transición, también se registró. Foto: El Universo

Mónica Gavilánez, que ocupó varios cargos públicos durante el gobierno de Rafael Correa, es otra participante. Ella fue parte de la comisión ciudadana que eligió a Carlos Pólit, procesado por concusión en el caso Odebrecht, como contralor del Estado en el primer concurso público que se desarrolló en el CPCCS en el 2012.

Era funcionaria de la Superintendencia de Compañías, con ello fue delegada de la Función de Transparencia y Control Social (de la que es parte esa entidad) en la primera renovación parcial de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en el 2016; asimismo, fue asesora en la Corte Constitucional, que operó en el gobierno de Correa, en las gestiones de Patricio Pazmiño y Pamela Martínez, esta última procesada en el caso Sobornos 2012-2016.

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Recientemente ha ocupado funciones en la Defensoría del Pueblo, con la administración del defensor encargado, César Córdova.

A más de estos postulantes, están otros que han ocupado cargos en la Contraloría, en el Consejo de la Judicatura o se dedican a la docencia.

El concurso de selección del contralor avanza bajo amenazas, debido a la pugna interna entre los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana.

Cuatro de ellos, Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo e Ibeth Estupiñán, fueron censurados y destituidos por un juicio político que efectuó la Asamblea Nacional, en el que las bancadas del Partido Social Cristiano (PSC), del correísmo Unión por la Esperanza (UNES), algunos del ala rebelde de Pachakutik (PK) y otros independientes, alegaron que mocionaron la reforma al reglamento de selección de esta autoridad, cuando el proceso había iniciado lo que afectó la seguridad jurídica.

No obstante, el miércoles pasado se reintegraron a sus funciones por la vigencia de una medida cautelar que emitió un juez de La Concordia, en el trámite de una acción de protección que suspendió los efectos de dicha interpelación.

Ellos aseguran que estas acciones tienen como objetivo “tomarse por asalto” el concurso de selección de la autoridad de la Contraloría, por las atribuciones que tiene de realizar auditorías y establecer glosas e informes de responsabilidad penal por mal uso de recursos públicos.

Del otro lado están los consejeros de minoría, Sofía Almeida, David Rosero y Javier Dávalos, quienes cuestionan el proceso por las reformas reglamentarias y no descartan impulsar la revisión de cómo se escogió a los miembros de la comisión ciudadana.

En el caso del concurso público para la elección de un nuevo defensor público, entre los rostros conocidos están los de Ángel Torres Machuca y Juan Vizuete Ronquillo.

Juan Vizueta aspira a ser defensor público. Foto de Archivo

El Consejo de Participación Ciudadana informó de la inscripción de 54 ciudadanos. Uno de ellos es Torres Machuca que preside actualmente la Defensoría Pública bajo la figura del encargo, que lo tiene desde agosto del 2018, por decisión del extinto Consejo de Transición.

Él participó en el concurso que realizaba ese cuerpo colegiado en ese entonces y se lo mantuvo en el cargo, pese a que fue descalificado por falta de probidad, al revelarse en el trámite de una impugnación ciudadana que indicó en su hoja de vida que ejerció la profesión de abogado desde 1989, pero su título profesional fue expedido en febrero del 2003.

Juan Vizueta Ronquillo es un abogado guayaquileño y docente que fue parte del Consejo de la Judicatura de transición.

Con estas candidaturas inscritas, la Secretaría General del CPCCS notificará a las comisiones ciudadanas respectivas para que inicien con la verificación de requisitos de admisibilidad de que no estén incursos en prohibiciones legales y constitucionales, para lo que tienen un plazo de ocho días, de acuerdo con los reglamentos de selección.

Aquellos que sean inadmitidos podrán interponer recursos de revisión, pero no incorporar nuevos documentos, según cita la norma. (I)

Redacción
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