La titular de la Secretaría Nacional de Planificación, Sariha Moya Angulo, confía que en los siguientes quince meses que le restan de administración al presidente de la República, Daniel Noboa, se cumplirá con las metas, programas y proyectos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) que se aprobó días atrás y que está enfocado en cuatro ejes: social, económico; infraestructura, energía y medioambiente; e, institucional. Según Moya, el principal insumo que guio este documento de 277 páginas fue el plan de gobierno que presentó el mandatario ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para las elecciones presidenciales anticipadas del 2023. Este plan «concreta las promesas que se hicieron en campaña y que marcaron la línea sobre los cuales estructuramos este documento», destacó la secretaria de Estado. Indicó que una de las tareas principales será atender el sector social y seguridad ciudadana; además que confirmó que se está evaluando la ‘calidad del gasto público’ en la administración estatal.

De las propuestas hechas en el plan de campaña, ¿cuáles se pondrían en ejecución a través del PND?

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Lo más importante es poder recuperar el tejido social y está relacionado con mejorar las condiciones de vida de la población en políticas públicas de salud, vivienda, educación; y, garantizar la seguridad ciudadana. Esta forma de ver a la seguridad ciudadana no como algo aislado, es uno de los principales quiebres en la estructura de la planificación. El objetivo es prevenir la violencia fortaleciendo el tejido social con mejoras en la calidad de servicios públicos, salud, educación. Estas eran las preocupaciones de la población y esta es la evidencia de por qué el país eligió al presidente que eligió, porque estas son las prioridades de la ciudadanía.

¿Cuántos proyectos o metas efectivamente se llevarán a cabo en este año y medio de gestión?

Un logro de este plan es que cuenta con estrategias. Usualmente estos planes han llegado hasta la política del ‘qué quiero hacer’ y la estrategia es ‘cómo lo voy a hacer’. Los planes se hacen para cuatro años y en ese sentido este será hasta el 2025, por lo que fuimos mucho más rigurosos y pedimos a las autoridades que se trabaje a nivel de estrategia. Para su construcción hicimos talleres y se habilitó un enlace para que la ciudadanía pueda participar y hubo 781 aportes.

El plan se acoge a un presupuesto, ¿pero habrá recursos para ejecutarlo?

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Este tema ha sido bien pensado. No todo en el Estado es más recursos, porque con los mismos recursos podemos tener una mejor cobertura de los servicios. Pero, sí se ha hecho un trabajo articulado con los ministerios para que ellos puedan organizar sus recursos y cumplir con lo que se ha planteado. Nos estamos reuniendo con cada uno de los líderes de los gabinetes de cada área para planificar las políticas que se verán en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo. No obstante, todas las políticas son implementables.

Por ejemplo, una preocupación es el acceso a la educación superior. El Gobierno propone incrementar las becas a 28.000. ¿Cómo lo harán?

Existen los recursos y las metas son planteadas por los ministerios. Sí, ha habido la observación de que las metas las hacen sin verificar la parte presupuestaria, por ello, para elaborar el plan cada ministro vino con su coordinador administrativo y financiero para que podamos verificar que sean cumplidas las metas. Las becas son financiadas con recursos públicos y de organismos internacionales y se puede llegar a otorgar 28.000 becas.

Se propone reducir los homicidios de 45 a 39 por cada 100.000 habitantes. En estos casi dos meses se habría reducido ese índice porque las Fuerzas Armadas están en las calles. ¿Qué pasará cuando se acabe el plazo de 60 días de estado de excepción y conflicto armado? ¿Qué propone el PND para reducir más o mantener esos valores?

Esta fue una de las metas más revisadas, de hecho se planteaba no una meta que llegue a 39, sino a un valor superior. En el gabinete de seguridad las autoridades verificaron las tendencias y la mejor es del último bimestre y vieron que si contamos con el apoyo de la ciudadanía y las otras funciones del Estado es posible que empecemos a disminuir, no solo a mantenerlas, porque el problema es que años atrás no se logró una contención o mantener el valor que de por sí es alto. Ahora, existe un plan estratégico detrás. Es un proceso y tenemos la plena confianza en que esto se va a estructurar. Sí, es ambicioso y hay muchas preocupaciones, pero los operativos de seguridad no son aislados, se están quebrando estructuras de la delincuencia y dando oportunidades a los menores de edad. Es un trabajo articulado con los otros poderes del Estado.

¿A esto cómo se articula el Plan Fénix de seguridad que ofreció el mandatario?

Es un plan específico del sector de seguridad que, como se ha visto, se ha venido implementando, pero responde a un carácter operativo.

En la Asamblea Nacional se trabajan reformas para aumentar penas para ciertos delitos, el régimen impulsa una consulta popular sobre seguridad, pero las cárceles siguen siendo las mismas y sin una política de rehabilitación social. ¿Qué estrategia inmediata constan en el plan?

El trabajo es a través de la prevención. Este es un proceso de mediano y largo plazo y, si bien se está trabajando en el plan anual de inversiones existe un proyecto para el sistema de rehabilitación para construir centros de privación de la libertad y reducir las tasas de hacinamiento.

¿Para cuándo estarían construidas esas cárceles?

El presidente ha dicho que se tomará alrededor de once meses. Ahora se están realizando los estudios para la infraestructura y cuál es la idea que se tiene. Nosotros confiamos que se van a poder construir en este periodo de mandato.

El ministro de Economía, Juan Carlos Vega, anunció que desde el 1 de abril subirá el impuesto al valor agregado (IVA) al 15%. ¿Tendrá impacto en el plan que ya fue aprobado?

Esto va a dar viabilidad a los servicios del eje social. Actualmente el PND contiene el plan anual de inversiones y podemos ir ajustando esos montos. Esto puede ir aumentando y priorizando. Cuando llegamos al Gobierno había muchos servicios que estaban a punto de dejar de funcionar, por ejemplo, había $ 30 millones de deuda con los centros de desarrollo infantil y guarderías que estaban por cerrar. Fortalecer los servicios no necesariamente es más presupuesto.

¿La planificación contempla la focalización de subsidios a los combustibles para gestionar recursos?

La Presidencia de la República directamente con los ministerios de Economía, Energía y de Transporte están trabajando en el tema. Esta no es una medida que se puede tomar a la ligera, está siendo muy analizada por las autoridades. Como Secretaría estamos en constante comunicación en el caso de que esto impacte. Se ha considerado muchísimo fortalecer las cadenas productivas y se ha hablado de que de implementarse esta política se haría una compensación a los sectores productivos que necesitan del subsidio.

QUITO (21-02-2024).- Sariha Moya, ministra de la Secretaría Nacional de Planificación. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: Carlos Granja Medranda

¿Cómo avanza la reestructuración de la Función Ejecutiva? Se cuestiona que, en medio de la crisis económica, unos $ 10 mil millones se requieren para pagar salarios de un ‘Estado obeso’.

Los $ 10 mil millones en salarios no están en burócratas administrativos. Los $ 10 mil millones están en un 92% en salarios del eje social, están en los médicos, docentes, policías y militares. Entonces, el Ministerio de Economía presentó un cuadro en el que se observa que el 38 % de salarios están en educación; alrededor del 20 % en salud; y el resto, en seguridad. No es real que los $ 10 mil millones están en un Estado obeso, burocrático, cuando hablamos de la reducción de masa salarial estamos hablando de una reducción de médicos, profesores, policías y militares, que son los que necesitamos fortalecer e incrementar para dar mejores servicios. El otro 8 % están en el resto de los sectores.

Sin embargo, sí se está haciendo una revisión de la calidad del gasto para ser más eficientes y una revisión en los ministerios en los que podríamos tener más optimizaciones, hacer más con menos personal, ampliar servicios con el mismo personal y verificar la existencia de ciertas entidades. Aunque hay que comprender que si tenemos $ 10 mil millones para pago de salarios, no podemos pretender que unos $ 5 mil millones de ahorro vengan sin afectar los servicios de educación, salud y seguridad. Se están haciendo revisiones en los ministerios con fusiones de unidades, etcétera.

¿Cómo se aplicarán los llamados KPI (indicadores claves de rendimiento) en este plan? Se sabe que esa es una exigencia del mandatario.

Cuando nos reuníamos las primeras veces como futuro gabinete, pensábamos en cuáles iban a ser nuestros indicadores y estos se traducen en las estrategias, políticas y metas. Ningún KPI está por fuera del plan de desarrollo. El presidente está evaluando el cumplimiento de indicadores semanalmente; e incluso, en la Presidencia va a entrar en funcionamiento un pilotaje de un sistema para ingresar el cumplimiento de estos indicadores que son metas de impacto, resultados y de gestión. El presidente es exigente, verifica que los ministros estén cumpliendo con las prioridades que necesita el país.

En el caso de que el presidente Noboa busque la reelección para el 2025, ¿quedará algo pendiente de este plan o aspiran a ejecutarlo?

Aspiramos a que la mayoría de ellas se vayan implementando. En la política para reducir los homicidios no vamos a estar conformes con llegar a reducir a 39, sino más. (I)