Sin cambios al Código de la Democracia, se organizarán las elecciones seccionales del 2023

Las elecciones seccionales y de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) -que se celebrarán en febrero del 2023- se organizarán bajo el paraguas de las últimas reformas al Código de la Democracia, vigentes desde febrero del 2020.

Ese paquete de reformas se estrenó en los últimos comicios presidenciales, y pese a la emergencia sanitaria por efectos del COVID-19 que afectaron la organización por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), no se impulsaron nuevos cambios legales.

El CNE prevé declarar periodo electoral a finales de febrero, y está concluyendo con la elaboración del calendario electoral para organizar el proceso. Con ello, un escenario de cambios legales es imposible.

Esto porque hay un candado constitucional establecido en el artículo 171 que prohíbe “realizar reformas legales en materia electoral durante el año anterior a la celebración de elecciones”.

No obstante, hay propuestas de reformas planteadas por asambleístas, así como de la sociedad civil, que de aprobarse en el Legislativo regirán para las presidenciales del 2025.

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En la Asamblea Nacional hay al menos 25 proyectos de reforma al Código que no han pasado de la aprobación del Consejo de Administración Legislativa (CAL).

En este nuevo periodo, los legisladores César Rohón (independiente), Humberto Alvarado y Lenín Barreto (UNES) han hecho propuestas.

Rohón, por ejemplo, propone que los asambleístas y parlamentarios andinos se elijan en la segunda vuelta electoral para la elección del binomio presidencial, independientemente de que haya o no un balotaje.

Desde la sociedad civil, la Corporación Participación Ciudadana (PC) expuso en noviembre pasado una veintena de reformas, enfocadas en el sistema de partidos y movimientos políticos, con reglas más estrictas en cuanto a su formación.

Ruth Hidalgo, directora de PC, reconoce que las reglas que van a prevalecer para este nuevo proceso electoral van a ser las mismas que se aplicaron para las presidenciales del 2021.

Ella avizora un panorama complicado para la autoridad electoral, porque no se ha hecho “nada” por depurar el número de organizaciones políticas que inscribirán candidatos, lo que generará una “dispersión” en el voto.

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Para esta elección podrán participar movimientos y partidos nacionales y locales, que en total suman 268. (Cinco nacionales fueron extinguidas por el CNE en diciembre pasado, cuyas resoluciones están en apelación en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE)).

De estas 268, 7 son partidos; 14 movimientos nacionales; 61 provinciales; 166 cantonales y 20 parroquiales.

“A mayor cantidad de candidatos, mayor dispersión del voto, cuya consecuencia es que se diluye la representatividad de los elegidos. Otro problema es, cómo va el ciudadano a acceder a información para el voto responsable con tantos candidatos”, opinó Hidalgo.

Según Hidalgo, mientras se mantengan las mismas reglas para la creación de grupos políticos, el problema seguirá siendo el mismo.

El catedrático Esteban Ron cree que no hubo tiempo para hacer reformas, pues en mayo pasado inició un nuevo periodo legislativo y presidencial, lo que impidió impulsarlas.

Ahora, la responsabilidad recae en el CNE que deberá promulgar reglamentos que faciliten la elección.

Entre estos, fortalecer los procesos de democracia interna, que “son un saludo a la bandera y no se cumplen”. “Deben ser más estrictos, que el CNE verifique la aplicación de los procesos, sobre todo en la virtualidad para evitar contagios de coronavirus, y que no veamos candidatos aceptando sus postulaciones desde Olón (playa de Santa Elena)”, opinó.

En el caso de los debates electorales, que no sean “superficiales como los que se tuvo en los comicios presidenciales”.

Según el artículo 202.2 del Código, es obligatorio hacer debates para la elección de alcaldes y prefectos, que estarán a cargo de las juntas provinciales electorales, y se harán en las jurisdicciones que cuenten con más de 100.000 electores. Estos se harán tres semanas antes del día de las votaciones.

“El Fondo de Promoción Electoral también deberá establecer reglas claras porque será más pequeño el porcentaje que recibirán las organizaciones políticas por el número de candidaturas; a la vez que deberán hacer controles de la propaganda en medios digitales”.

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El exasambleísta Henry Cucalón resaltó las últimas reformas que promovieron la participación de la mujer encabezando las listas, así como la regulación para los candidatos a los distritos. “Se puso un bloqueo, para que quien se candidatice demuestre que ha votado en ese distrito las dos últimas elecciones y haya residido ahí”.

Sin embargo, “la responsabilidad y la calidad de la representación, no se legisla. Eso es compromiso, cultura política, de quienes hacen política y de los ciudadanos que los eligen. La gente quiere concejales a tiempo completo, legisladores de la ciudad. Quieren órganos activos, no pasivos y esto no necesita reformas”, afirmó.

Por ello ve necesario que el Consejo “vele porque haya procesos de democracia interna verdaderos. Eso está bien redactado en la ley, pero nadie lo cumple. Entonces, ¿es un problema de la ley o de la conducta humana?”, cuestionó.

Si el voto debe ser facultativo, aún más por efectos de la pandemia, requiere de un debate profundo, opinó, porque si bien es un derecho que no debería ser una obligación, “su obligatoriedad radica en darle peso y representación a quienes que han sido elegidos”.

Para Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, el Código contiene reformas que se aprobaron con “voluntad política”, y más que falencias, lo que falta es aplicarla.

Ejemplifica el sistema de Interconexión de Datos para controlar el financiamiento de la política, que permitirá observar hasta “en tiempo real los ingresos y egresos de las organizaciones en las campañas electorales”.

Otro de los retos, indicó, será agilizar la calificación de candidaturas y evitar roces con el Tribunal Contencioso.

A su criterio, la existencia de más de 260 organizaciones políticas no es el problema, sino el que no se ejecutan los controles. “Hay que corregir, hay que depurar el sistema de partidos; no hay que satanizar la cantidad, sino depurarlas”, enfatizó Alarcón. (I)