Para ratificarse en su denuncia por el delito de usurpación y retención ilegal de mando, la expresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Sofía Almeida, acudió la tarde de este jueves a la Fiscalía General, en Quito. Ella fue convocada para reconocer su firma y rúbrica en la denuncia y además para que rinda versión sobre los hechos por los que se abrió una investigación previa el 21 de febrero pasado.
“A partir del 9 de febrero han cometido actos ilegítimos en el tema de la remoción de la presidenta. Hernán Ulloa con ayuda de otros consejeros se apoderó de los sistemas, de manera ilegal se apoderó de las claves del sistema documental y ya no podía firmar como presidenta y emitir un documento oficial, a pesar de que estaba vigente la medida cautelar que me ampara como presidenta”, explicó Almeida antes de ingresar a rendir su versión.
Partiendo de la denuncia presentada el 15 de febrero pasado, la Fiscalía investiga de forma previa a los integrantes del Consejo de Participación Hernán Ulloa, su actual presidente; Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo, además de un funcionario técnico de esa institución.
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Almeida espera que la Fiscalía verifique los hechos y que defina la verdad de los actos denunciados. Desde su perspectiva lo que se ha hecho es tratar de legitimar a un consejero como Hernán Ulloa como presidente. “Estoy denunciando el delito de usurpación de funciones contra los cuatro consejeros, principalmente contra el consejero Ulloa que ha venido ejerciendo estas funciones con la ayuda de funcionarios del CPCCS, sobre todo del departamento de informática”.
Los consejeros denunciados han asegurado que colaborarán con las diligencias judiciales e insisten en que no han cometido ningún acto que contravenga el actual ordenamiento jurídico de la institución o el país.
Al ser consultada Almeida sobre cuál será su accionar dentro del CPCCS y de si acudirá a las sesiones convocadas por el presidente Ulloa, la funcionaria contestó que seguirá planteando las cosas como en derecho corresponde y no va a legitimar al consejero Hernán Ulloa en una presidencia que, a su decir, a él no le correspondería.
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En su denuncia Almeida, entre otras cosas, señaló que el 9 de febrero pasado, Ulloa, Estupiñán, Rivadeneira y Bravo, “haciendo uso de la fuerza contra funcionarios del CPCCS, ingresaron a las instalaciones del CPCCS con la finalidad de reunirse en una sesión de “pleno”, sin contar con una convocatoria previa emitida por autoridad competente”, que el ingreso se dio “con la finalidad de realizar la sesión de pleno mediante la cual removieron, ilegal e ilegítimamente, a la presidenta y vicepresidente del CPCCS para usurpar sus funciones”. (I)
