Una medida cautelar emitida por un juez de Montecristi (Manabí) suspendió desde el 28 de marzo pasado el desarrollo del concurso público para elegir al titular de la Defensoría Pública, aunque la comisión ciudadana ignoró la decisión judicial y prosiguió con la etapa del examen escrito.

El pasado 28 de marzo, a las 08:52, el juez Danilo García Mera, de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Montecristi (Manabí), dictó una medida cautelar dentro de una acción de protección que interpuso el ciudadano Jorge Maldonado Sornoza en contra de la comisión ciudadana de selección que lleva a cabo este proceso.

Sin embargo, ese mismo día la comisión ciudadana instaló un acto público en el que los quince postulantes que aspiran a llegar a ser defensor público rindieron el examen escrito de 60 preguntas.

Publicidad

Es más, el miércoles último, la comisión ciudadana divulgó las calificaciones de doce de los quince aspirantes, que se presentaron a esta etapa del proceso y convocó a la siguiente etapa, que era la exposición oral de un caso hipotético relacionado con las funciones de un defensor público.

Recién al finalizar la tarde de este jueves la comisión ciudadana suspendió la actividad.

El demandante, Jorge Maldonado, alegó que la comisión ciudadana convocó a rendir la prueba de conocimientos en menos de 72 horas, incumpliendo el reglamento de selección de esta autoridad que emitió el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en el 2021, con base en sus atribuciones constitucionales y legales.

Publicidad

Fue el sábado 25 de marzo cuando el presidente de la comisión, William Falconí, informó mediante un comunicado enviado al pleno del Consejo de Participación Ciudadana que se convocó a los concursantes a dar este examen el martes 28 de marzo, desde las 09:00.

Ello, pese a que el artículo 39 del reglamento determina que se “convocará a los postulantes admitidos a rendir el examen escrito, el cual deberá efectuarse al término de 15 días contados a partir de iniciada la etapa de calificación de méritos. En la convocatoria se señalará el lugar, día y hora”.

Publicidad

Según las resoluciones aprobadas por la comisión, el inicio de la calificación de méritos se dio el 17 de enero y el 10 de marzo se aprobó otro informe sobre la recalificación de los mismos.

Pero la convocatoria a rendir el examen se hizo el 25 de marzo pasado. Mientras tanto, los siete consejeros del CPCCS no se pronunciaron sobre este hecho.

“La convocatoria al examen escrito se hizo con menos de 72 horas, cuando la norma expresamente señala que debe realizarse en el término de 15 días, esto en razón de que los postulantes cuenten con la debida anticipación para preparase, considerando el cargo que se ostenta y que hay postulantes a nivel nacional que deben planificar sus viajes para presentarse a rendir el examen escrito en la ciudad de Quito”, esgrimió Maldonado.

El juez aceptó sus argumentos y dictó una medida cautelar el martes 28 de marzo, a las 08:52, suspendiendo el proceso de manera provisional.

Publicidad

Sin embargo, la comisión ciudadana no acató su decisión, por lo que el magistrado volvió a notificarlos este jueves, así como al Consejo de Participación Ciudadana, pero esta vez con presencia de miembros de la Policía Nacional.

Ordenó a la Defensoría del Pueblo que supervise el cumplimiento de la medida cautelar y que de “manera inmediata” se suspenda la continuación del concurso de méritos hasta que se cumpla con los términos establecidos para que los participantes rindan su examen escrito.

Asimismo, el juez García impuso una multa compulsiva y progresiva diaria a los diez miembros de la comisión ciudadana equivalente a la quinta parte de un salario básico sin que está exceda de 25 remuneraciones, hasta que se cumpla la decisión.

Estas medidas judiciales se toman en un contexto en que este viernes, 31 de marzo, la comisión ciudadana convocó a los doce participantes a presentarse para exponer su comparecencia oral sobre un caso hipotético, relacionado con las funciones de un defensor público. (I)