La incertidumbre cubre al pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) tras la sanción en primera instancia de destitución en contra de dos de sus vocales principales y dos suplentes. Su futuro está en manos de una recién conformada mayoría de jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que tendría una afinidad con el gobierno de Daniel Noboa Azín.
Hasta este viernes tienen los consejeros Augusto Verduga Sánchez, Yadira Saltos Rivas y los suplentes Eduardo Franco Loor y Vielka Párraga Macías para apelar a una sentencia de primera instancia en la que se los sanciona con la destitución, la pérdida de los derechos de participación por cuatro años y una multa que bordea los $ 32.000 por haber incurrido en una infracción electoral grave en los comicios seccionales de febrero del 2023, en la que fueron elegidos.
El juez del TCE, Fernando Muñoz Benítez, difundió la noche del martes, 3 de septiembre de 2024, su fallo en el que sanciona a los cuatros vocales, conocidos como los de la ‘liga azul’, por «incumplir las resoluciones del Consejo Nacional Electoral o las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral».
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El hecho radica en que durante la campaña electoral de los comicios de febrero del 2023, los cuatro denunciados fueron promovidos por el movimiento político Revolución Ciudadana (RC), liderado por Rafael Correa, pese a la prohibición constitucional y de la ley del CPCCS.
Entre los argumentos jurídicos, Muñoz evaluó videos y producciones de carácter político electoral, en las que aparecen los entonces candidatos con Rafael Correa y otros militantes pidiendo el voto popular.
En la sentencia, el juez concluyó que el que hayan participado «personalmente en la producción de videos y piezas promocionales que difundan su nombre, imagen y número de casillero, a efecto de conducir a su favor el voto popular, en las elecciones en las que participan corno candidatos, constituyen actos prohibidos de proselitismo político, que configuran la infracción denunciada, lo cual ha sido fehacientemente demostrado».
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De esta forma, les aplicó esta sanción que consideró es proporcional a los acontecimientos denunciados.
Ahora tienen tres días para apelar a este fallo de primera instancia para que sea conocido por el pleno del TCE que, de acuerdo con su norma interna, tendría diez días para resolver. Aunque suelen extender esos plazos.
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La reacción inmediata es que apelarán. La consejera Yadira Saltos calificó a esta sentencia como ilegal e injusta y espera que en la apelación se «haga justicia».
No obstante, cree que en el Tribunal está conformada una mayoría afín al gobierno de Noboa, cuyo objetivo es destituirlos y que dejen de ser un obstáculo para conducir el concurso público para la elección de un titular en la Fiscalía General del Estado.
Verduga no se pronunció oficialmente y tampoco asistió de forma presencial al Consejo a la sesión de este miércoles, pero en sus redes sociales tildó la decisión como «espuria».
También en la plataforma X, Franco Loor anunció que apelará a la resolución de Muñoz. «Yo no me debo a ningún partido político, jamás me he afiliado a uno. He cumplido con la ley. Mi vida la he consagrado al ejercicio de mi profesión, al derecho, y a la cátedra universitaria. Creo todavía en la justicia», escribió.
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Franco obtuvo votos para ser vocal suplente y luego de dos intentos de la Asamblea Nacional por posesionarlo, él se excusó.
Este 3 de septiembre, la Asamblea lo volvió a convocar. Acudió y se posesionó. Con ello se evita que se llame al consejero suplente Gonzalo Albán Molestina a principalizarse ante la ausencia de uno de los consejeros hombres.
Sin embargo, cuando Franco acepta ser posesionado — y renuncia a seguir como aspirante a vocal del Consejo Nacional Electoral (CNE) — Muñoz emitió su sentencia destituyéndolo.
La denuncia la presentaron los activistas políticos Pamela Troya y Santiago Becdach, teniendo como precedente jurídico que el exvocal del CPCCS, Alembert Vera Rivera fue sancionado por el TCE por similares hechos, ya que también fue parte de la ‘liga azul’, y promocionado por la RC en la campaña electoral.
En la sentencia de primera instancia en el caso de Alembert Vera, el juez Guillermo Ortega Caicedo negó la denuncia propuesta por Juan Guarderas y Bernardo Jijón, sus denunciantes, y apelaron.
En segunda instancia fue el pleno de jueces con un fallo de mayoría el que resolvió sancionarlo con la destitución, la pérdida de sus derechos políticos y el pago de una multa de 50 salarios básicos.
Esa sanción se dio con los votos de los jueces Fernando Muñoz, Joaquín Viteri Llanga y Ángel Torres Maldonado.
La jueza Ivonne Coloma Peralta emitió un voto salvado (en contra) de aceptar la denuncia; y Richard González (suplente) tuvo un voto salvado y concurrente (que coincide con la sentencia de mayoría, pero con distintos argumentos legales).
Los de la mayoría
En la actualidad, el TCE opera con una mayoría que surgió el 12 de agosto pasado y que removió a Fernando Muñoz de la presidencia del organismo.
En esa mayoría están Ivonne Coloma, Ángel Torres y Guillermo Ortega; y Muñoz y Viteri se quedaron en la minoría.
Los actuales jueces fueron electos en el concurso público que hizo el CPCCS de Transición e Ivonne Coloma fue la única mujer y suplente electa.
Ella se principalizó en lugar de Patricia Guaicha, cuando en noviembre del 2022 se apartó voluntariamente del Tribunal porque había culminado su periodo de seis años.
Antes de asumir como jueza y ahora como presidenta, Coloma fue la vicepresidenta y ha sido funcionaria del Tribunal desde el 2010.
Secretaria relatora y exasesora de los despachos de vicepresidencia y presidencia entre el 2012 y 2016, hasta cuando transitó por esa función Patricio Baca Mancheno, hermano de Carlos Baca, exfiscal General y asesor del exmandatario Rafael Correa.
Ángel Torres ascendió a la vicepresidencia con la remoción de Muñoz. Fue diputado en el extinto Congreso Nacional y asesor de instituciones como la Asociación de Municipalidades (AME) y funcionario de la empresa Eléctrica Regional Sur, de Petroecuador.
Recientemente fue cuestionado por asambleístas del movimiento Construye de que su yerno sería parte de la directiva del movimiento fundado por Daniel Noboa, Acción Democrática Nacional (ADN).
Torres negó este hecho y denunció a la legisladora Ana Galarza por calumnia.
Esto ocurrió en medio del juicio político que propuso Construye en contra de Torres porque tramitaba una denuncia por presunta infracción electoral que presentó el Consejo Nacional Electoral en contra del representante legal de la organización política por no haber presentado el informe económico del 2022.
Finalmente, ni el juicio político avanzó, ni Construye fue extinguido del Registro Permanente de Organizaciones Políticas.
El juez Guillermo Ortega, pese a las prohibiciones para participar en concursos públicos que lleva a cabo el CPCCS, era uno de los participantes en la selección del titular de la Defensoría Pública.
Ha trabajado en el Gobierno Provincial de Pichincha, Banco Central del Ecuador, Ministerio de Trabajo y fue notario suplente.
Por ser juez electoral, Ortega fue descalificado del concurso de selección del defensor público.
En mayo pasado, la pareja del magistrado, Alba Guevara Bárcenes fue escogida por el primer mandatario para ser directora general de la Unidad de Gestión y Regularización, mediante decreto ejecutivo.
En respuesta, Guevara difundió un mensaje en la red social X, en la que aseguró que no tuvo conocimiento ni participó en el proceso para su designación con la entrega de documentación que la habilite a ocupar el cargo.
Sorprendida por esta resolución presidencial, la mujer dijo que se enteró del decreto ejecutivo por personas que la conocían.
Fernando Muñoz reporta una actividad académica como docente de varias universidades, hasta que llegó al TCE y fue designado presidente, hasta su remoción en agosto pasado.
Joaquín Viteri ha sido docente y ocupó cargos como director nacional administrativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Llegó al TCE como juez encargado entre el 2018 y 2019, en la que actuó mientras el CPCCS transitorio designaba a los jueces titulares.
Su postulación la promovió en ese entonces, el movimiento sindicalista del Frente Unitario de Trabajadores. Luego se lanzó al concurso y fue designado titular.
Para la resolución de una posible apelación, se sorteará un juez que elabore el proyecto de sentencia para conocimiento del pleno.
El juez Fernando Muñoz no participará de esa decisión, al contrario, se convocaría al suplente, en cuyo caso es Richard González, miembro de un colectivo denominado Acción Jurídica Popular, que en el 2023, impulsó denuncias como plagio y presunto tráfico de influencias en contra de la actual fiscal del Estado, Diana Salazar Méndez. (I)
