El próximo jueves se tratará la acción de protección interpuesta por Fernando Muñoz Benítez, juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en contra de tres jueces que lo removieron de la presidencia del organismo.
Un Tribunal de Garantías Penales especializado para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado admitió a trámite un recurso de acción de protección que planteó el juez electoral Fernando Muñoz. Aunque negó la solicitud de dictar medidas cautelares para suspender los efectos de la remoción de la dignidad.
Muñoz acudió a la justicia constitucional, luego que el 12 de agosto de 2024 tres jueces del TCE instalaron una sesión y lo derrocaron de la presidencia que la venía ejerciendo desde mayo del 2022 y concluía en 2025.
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Esa mañana actuaron los jueces Ivonne Coloma Peralta, Ángel Torres Maldonado y Guillermo Ortega Caicedo, quienes alegaron el incumplimiento de funciones de Muñoz en la presidencia.
Con ello, eligieron a Coloma presidenta y Torres vicepresidente.
El accionante asegura que se violentaron sus derechos constitucionales, pues sus tres colegas actuaron sin darle el derecho a la defensa y, además, que la sesión sería ilegal y nula.
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A este recurso, el magistrado Guillermo Ortega recusó a una de las juezas que integraron el Tribunal: Clara Soria Carpio, por conflicto de intereses, ya que sería la «pareja sentimental» de Asdrúbal Granizo Haro, exasesor 4 del juez Fernando Muñoz.
La acción se volvió a sortear y ahora el Tribunal está compuesto por Víctor Barahona Cunalata, Mario Muñoz Bayas y Jorge Sánchez Pico, quien es el ponente, y señalaron para el jueves 22 de agosto de 2024, a las 09:00, en el Complejo Judicial Norte, la instalación de la audiencia de sustanciación.
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No obstante, negaron el pedido de medidas cautelares porque si bien la demanda acredita la «verosimilitud del hecho producido en el Tribunal Contencioso Electoral, los parámetros de inminencia, gravedad y derechos vulnerados carecen de sustento». (I)
