Un acuerdo y una publicación de Twitter son las pruebas con las que se quiere llevar a juicio político al subcontralor Carlos Riofrío

Acompañado por un grupo de funcionarios que lo respaldan llegó a la Asamblea Nacional el contralor subrogante, Carlos Riofrío, para exponer sus pruebas de descargo dentro del proceso de juicio político que se sigue en su contra, por supuesto incumplimiento de funciones, el cual es promovido por el asambleísta Ronny Aleaga, de la bancada correísta Unión por la Esperanza (UNES).

La jornada empezó a las 14:00 del jueves en la Comisión de Fiscalización y Control Político y se prolongó por casi cuatro horas. El primero en intervenir fue Aleaga, quien presentó sus razones y pruebas de cargo que sustentan su intención de destituir a Riofrío.

El asambleísta ponente acusa al contralor subrogante de no acatar la Ley Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal (COIP) en materia anticorrupción, vigente desde febrero de 2021, que agregó el artículo 18.1 a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, el cual dispone a la entidad de control emitir un informe de pertinencia previo a todos los procesos de contratación pública.

El supuesto incumplimiento de Riofrío, describió Aleaga, se dio a través de la expedición del Acuerdo 013-CG-2021 del 13 de agosto de 2021, que cambiaría el sentido del artículo 18.1 de la Ley de la Contraloría; el subcontralor determinó que el informe de pertinencia previo no aplicará en todos los casos, sino solo en aquellas contrataciones con montos superiores a $ 963.410.

Según el asambleísta, esto se contrapone con el artículo 425 de la Constitución, que versa sobre la jerarquía normativa. “Un acuerdo no puede jamás ir por encima de lo que dicta la ley”, dijo el integrante de UNES.

El juicio político al contralor subrogante, Carlos Riofrío, tambalea en la Asamblea Nacional

Como pruebas de esta aparente falta cometida por el subcontralor, Aleaga exhibió en la Comisión la Resolución 013, además de un tuit publicado el 21 de septiembre de 2021 en la cuenta de Twitter de la Contraloría, y que luego fue eliminado, donde se informaba lo siguiente: “Antes de iniciar los procesos de contratación pública las instituciones deben solicitar a la #CGE el informe de pertinencia hasta el 31 de diciembre de 2021 solo se solicitarán para contratos superiores de $ 962.419,93″.

Y, aunque no consta como prueba en la solicitud de juicio político, mostró un oficio de Contraloría, con fecha 2 de marzo de 2022, donde la institución respondió a una consulta del legislador sobre los procesos que no contarían con informe de pertinencia. “Indica que estamos hablando de más de 10.000 procedimientos de contratación pública; por tanto, de más de 10.000 informes de pertinencia que hubiese emitido la Contraloría”, manifestó Aleaga y comentó que de esta manera no se puede saber si estos casos tienen indicios de corrupción.

Para el legislador, el mensaje en la red social es evidencia suficiente del incumplimiento de la autoridad. Esto, sin embargo, fue objeto de críticas por parte de varios integrantes de la Comisión de Fiscalización, ya que el tuit no fue materializado, tampoco fue certificado como prueba.

Fernando Villavicencio, presidente de la mesa, señaló que el asambleísta interpelante lo que hizo fue presentar un documento notariado, en el cual se muestra la imagen de un mensaje de la plataforma WhatsApp que contiene el tuit en mención. Además, Villavicencio manifestó que el interpelante no presentó la totalidad de la prueba.

El asambleísta Pedro Velasco destacó que en la solicitud de juicio político Aleaga incluyó solamente dos anuncios de prueba: el Acuerdo 013 y el tuit.

“Se piensa que materializar es solamente llegar a una notaría y pedir que se certifique un documento de Twitter y luego se lo traslada tal vez a una cuenta de WhatsApp y eso es prueba. La notaría solamente puede demostrar que ha mirado un (mensaje de) WhatsApp y que eso es lo que puede verificar, nada más”, cuestionó Velasco.

Comisión de Fiscalización inicia trámite del pedido de juicio político al contralor del Estado subrogante, Carlos Riofrío

Cuando le tocó el turno de defenderse de las acusaciones del asambleísta de UNES, el subcontralor Carlos Riofrío afirmó que “en ningún momento” ha incumplido sus funciones. Que lo que hizo fue proceder con disposiciones normativas que nacieron de las reformas al COIP y de un decreto presidencial.

La autoridad de control justificó que el Acuerdo 013 es un instructivo para la solicitud, trámite y emisión del informe de pertinencia a los procesos de contratación pública. Y que surgió a partir del Decreto Ejecutivo 155, suscrito por el presidente Guillermo Lasso el 12 de agosto de 2021, el cual apareció por mandato de las reformas al COIP en materia anticorrupción que encomendaron al Ejecutivo modificar el reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas, con el fin de fijar parámetros para la aplicación del informe de pertinencia.

En ese sentido, Riofrío detalló que el decreto estableció dos etapas. La primera es que durante el primer año de vigencia de la reforma al reglamento, desde el 16 de agosto de 2021, la Contraloría emitirá los informes de pertinencia para contrataciones con un monto igual o superior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0.00003 por el Presupuesto General del Estado aprobado.

Según información compartida por la Contraloría, entre el 16 de agosto de 2021 y el 9 de marzo de 2022 se han llevado a cabo 514 informes de pertinencia favorables por más de $ 2.202 millones.

La segunda etapa va desde el primer día del segundo año de vigencia de la reforma, el 17 de agosto de 2022, además de los informes de pertinencia señalados en la primera etapa, la Contraloría también expedirá informes de todas las contrataciones, sin importar su monto, aunque existen ciertas excepciones en el reglamento.

Para ese segundo momento, explicó Riofrío, la entidad proyecta que se tramitarán más de 14.000 solicitudes de informes, una tarea que requerirá de aproximadamente 290 funcionarios y un presupuesto adicional de $ 10 millones anuales.

Con respecto a la publicación de Twitter, el subcontralor respondió que el Departamento de Comunicación “utilizó varias vías” para difundir información a los servidores públicos, a fin de que conocieran al procedimiento de los informes de pertinencia.

Y sobre los servidores de la Contraloría que llegaron a la Comisión, durante horas laborales, Riofrío dijo que su presencia “nada tenía que ver con la temática del juicio”. No obstante, mencionó que eran funcionarios directivos que voluntariamente quisieron acompañarlo y que tenían los permisos correspondientes para poder asistir a la comparecencia.

Una vez que se escucharon los argumentos de cargo y descargo, la Comisión de Fiscalización deberá analizar los elementos y elaborar un informe, para lo cual se dispone de cinco días, señaló Villavicencio. (I)