En los últimos cien años, en el Ecuador se mantiene el debate de uno de los temas más acuciantes como es el de la libertad de expresión, marcada por la relación entre gobernantes y gobernados. En palabras de la periodista Thalia Flores, el ejercicio de este derecho en un país “es el termómetro de la democracia”.

Un viernes 16 de septiembre de 1921, diario EL UNIVERSO imprimió sus primeras páginas y en su portada, un mensaje titulado: “En la brecha. Hoy como ayer, la prensa debe ser vehículo de sinceridad y justicia”. En él, se delineó su línea editorial y anunciaba que este es “nuestro número de presentación al público, un reconocimiento de nuestros propósitos y confirmación de inquebrantables resoluciones de engrandecimiento nacional en todos sus órdenes; económico, político y social”.

“Nada prometemos, no ofrecemos nada, no diremos lo que ha de ser nuestra vida futura, porque eso ha de decirlo el interés nacional; porque nuestro camino nos lo marca el patriotismo, porque la ruta a seguir ha de trazarla el bienestar o las necesidades nacionales”, expresa el ejemplar de ocho páginas.

Desde 1830 con la constitución de la República del Ecuador y el surgimiento del periódico Quiteño Libre, pasando por la Revolución Liberal, las dictaduras militares, hasta llegar al siglo XXI, la lucha constante ha sido que el poder político reconozca los derechos y libertades.

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Estos momentos se han caracterizado por un “presidencialismo fuerte con la presencia de mandatarios con rasgos autoritarios” que mantuvieron una relación tensa con la prensa, recuerda el historiador guayaquileño Ángel Emilio Hidalgo.

Según Hidalgo, a lo largo del siglo XX la prensa fue una contraparte importante por estar en “una esfera pública, que es una arena de conflictos, en donde intervienen grupos de poder y actores que actúan a partir de sus propios referentes”.

Uno de los retos del periodismo es dar apertura a las distintas voces que emergen en colectivos que se mueven en el activismo y que demandan su espacio y una voz para ser parte de la vida política del país. Eso hay que reconocer e impulsarlo

Ángel Hidalgo, historiador guayaquileño.

Por ello es que muchos buscaron silenciarla y desprestigiarla.

La libertad de expresión está atada al trabajo de la prensa, que hace del periodismo su profesión. Es así como nace EL UNIVERSO, que cien años después recoge en sus páginas que ese debate sigue vigente.

Muestra de ello es que la Asamblea Nacional tiene a su cargo tramitar un proyecto de Ley Orgánica de Libre Expresión y Comunicación planteado por el presidente Guillermo Lasso y otro por el movimiento Pachakutik.

Gobierno plantea despenalizar la calumnia en nueva Ley Orgánica de Libre Expresión y Comunicación

El objetivo de la propuesta de Lasso es remplazar la ley de Comunicación que impulsó el expresidente Rafael Correa, que antes de experimentar varias reformas en el 2019 se la conocía como ‘ley mordaza’.

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Desde 1921 con José Luis Tamayo hasta el 2021 con Guillermo Lasso, Ecuador ha tenido 28 mandatarios. Y fue en la dictadura del general Guillermo Rodríguez Lara que en abril de 1975 se expidió por Decreto Supremo la Ley de Radiodifusión y Televisión, que tuvo reformas en 1992, 1995 y 2002.

César Ricaurte, directivo de la organización Fundamedios, precisa que esa norma regulaba aspectos de la radio y televisión, pero no era en sí misma una ley de comunicación.

“Dio cierto control al Gobierno sobre los contenidos de los medios de comunicación, como la creación de la figura de la cadena nacional y de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia; pero fue la ley de Correa la que incluyó todos los aspectos sobre la comunicación”, añade.

Rafael Correa rompía ejemplares de periódicos. Uno de estos era de diario La Hora.

Del último siglo, los diez años del mandato de Correa fueron los más críticos en esta materia. Rompía periódicos, criticaba a periodistas y medios, activistas sociales y políticos; y cuando se puso en vigencia su norma en 2013, con el apoyo de la mayoría legislativa, se creó el Consejo de Regulación de la Comunicación y la Superintendencia de Comunicación, que controlaban los contenidos de los medios.

Pero el “clímax” fue la querella por injurias calumniosas que planteó Correa en contra de EL UNIVERSO por una columna de opinión del exeditorialista Emilio Palacio. Él y los directivos del Diario fueron sentenciados a tres años de cárcel y al pago de una multa que bordeaba los $ 40 millones. Aunque luego decidió ‘perdonarlos’.

“Ese fue el momento más oprobioso del correato”, recalca Thalia Flores.

Ella recuerda que la prensa siempre ha sido incómoda a los gobiernos, como con Sixto Durán-Ballén cuando se destapó el caso Flores y Miel. “Llegaba a ser un malestar que hasta un cierto punto era entendible, porque el poder no quiere que se encienda la luz para ver cómo las cucarachas se esconden, porque las cucarachas son los actos de corrupción”, opina.

Soy de la idea que no debe haber una ley, pero si la Constitución impone una ley, esta debe ser diferente, que dé garantías. Que los periodistas tengan la posibilidad de tener protecciones en el momento de realizar sus coberturas, a que accedan a la información pública. A eso debería llevar la ley

Thalia Flores, periodista.

Con la llegada de Lenín Moreno a la Presidencia en el 2017, la ‘ley mordaza’ fue modificada. Se eliminó la Superintendencia, por ejemplo.

El exmandatario también decidió el 20 de febrero de 2019 firmar la Declaración de Chapultepec, un decálogo de principios que defienden la libertad de expresión.

Juan Pablo Albán, abogado defensor de derechos humanos y actual miembro del Comité de Desapariciones Forzadas en las Naciones Unidas, anota que este derecho es instrumental y una condición indispensable para una “verdadera democracia”.

Pero esa libertad está en riesgo, porque “los instrumentos con los que se cuenta en el país para ejercerla han sido muy precarios”.

Ello, por la vigencia de constituciones que han incluido disposiciones que en general siempre “fueron pobres”; mientras que las normas como la Declaración de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, “siempre han sido miradas con desdén en el Ecuador, e invocar el derecho internacional ha sido como hablar de ciencia ficción”, repara Albán.

Una democracia se nutre del debate ciudadano y eso exige la mayor cantidad de criterios e información posible. Es importante que la prensa tenga un rol crítico en una sociedad democrática. Pero eso, no debe traducirse en el uso de los medios para dirigir ataques determinados. Una cosa es criticar lo que está mal y otra cosa es contribuir a que actores que no son comunicadores puedan hacerle daño a una persona

Juan Pablo Albán, miembro del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU

Una “buena señal”, cree el jurista, es el proyecto legal de Lasso porque se ajusta a los estándares internacionales y no pretende “fijar un estándar interno, que sea más restrictivo”.

Aunque la expectativa es conocer la actuación de los asambleístas, porque algunos son igual de “intransigentes que Rafael Correa”. “El correísmo no es un personaje, sino una actitud; esa actitud de menosprecio, de creerse más que el resto, de imponer opiniones. Con esa composición habrá que ver si están a la altura” para dar paso a ese texto, comenta Albán.

Ejecutivo plantea que la pena por calumnia sea labor social

En ese debate legislativo, la mirada estará también en la decisión que se tome para despenalizar la calumnia.

El texto propone derogar el artículo 182 del Código Orgánico Penal, que sanciona la calumnia con pena privativa de libertad de seis meses a dos años. Y el numeral 1 del artículo 396, que establece como una contravención de cuarta clase las expresiones en descrédito o deshonra, consideradas como injurias, y que se sanciona con una pena de quince a treinta días.

La prensa cumple un papel fundamental, porque es un canal de comunicación en el que los distintos grupos de la sociedad se pueden expresar o no y participan del debate público. Su importancia hace que los grupos políticos quieran controlarla; y depende de qué tan democráticos son para garantizar su libertad, o si es un grupo autoritario que va a tratar de controlar.

César Ricaurte, Fundamedios

César Ricaurte enfatiza en que la norma debería ir encaminada hacia la protección, defensa y garantías para la libertad de expresión, “pero nunca para tratar de controlar”.

Para Flores, la sociedad ecuatoriana debería “hacer presión para que los asambleístas legislen y retiren” estas figuras con las que “los periodistas somos las víctimas directas, pero las finales son las sociedades que dejarán de tener la información exacta y la que llegue será decantada de los hechos”. (I)