Que se dé una solución inmediata, definitiva y que se apliquen las sanciones correspondientes a los funcionarios responsables de la falta de designación del vocal y presidente del Consejo de la Judicatura (CJ) fue el pedido que hicieron la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y otros actores políticos a los jueces de la Corte Constitucional (CC).

Por casi cuatro horas, este martes, 10 de enero, los jueces de la Corte Constitucional instalaron una audiencia de seguimiento a una de sus sentencias, en la que ordenaron al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) designar al vocal y presidente del Consejo de la Judicatura de la terna que les remitió la Corte Nacional de Justicia.

Esta audiencia se efectuó luego de que, el 2 de enero del 2023, cuatro de los siete vocales del CPCCS, que integran la mayoría, no llegaron a “un acuerdo” para designar a dicha autoridad de una terna que estuvo compuesta por Wilman Terán Carrillo, Mercedes Caicedo Aldaz y Luis Rivera Velasco, pese a que superaron las fases del proceso de designación.

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La diligencia se realizó de manera virtual para las partes intervinientes y solo los jueces se encontraban presentes en una de sus salas, en la que escucharon los argumentos de los cuatro vocales del CPCCS que no llegaron a un acuerdo para designar a esa autoridad: Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo e Ibeth Estupiñán.

También estuvieron los consejeros de minoría, David Rosero, Sofía Almeida y Javier Dávalos, que no participaron en esa sesión; otros fueron Fausto Murillo, presidente encargado de la Judicatura; el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela; y la veedora ciudadana del proceso, Saskya Gutiérrez.

Los jueces cuestionaron “cuál era el estado de la terna” en la actualidad, cómo fueron las votaciones e, incluso, cómo se podría plantear una reconsideración si se declaró “agotada” la designación y se solicitó una nueva terna, como consta en el reglamento aprobado por el CPCCS para el efecto.

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El presidente del Consejo, Hernán Ulloa, recordó el tratamiento de las cuatro ternas que llegaron a su sede, y sostuvo el argumento de que “no hubo acuerdo” para elegir a la autoridad por las posiciones personales de cada uno. Aunque también descargó la responsabilidad en los tres consejeros de minoría por no asistir a las sesiones, pues otro hubiera sido el resultado.

Sobre la terna argumentó que no ha podido instalar una sesión para plantear la reconsideración, pues cinco consejeros (Rivadeneira, Bravo, Estupiñán, Rosero y Dávalos) gozan de licencia sin remuneración porque están participando en la campaña electoral por la que buscan su reelección en los comicios del 5 de febrero; que la Asamblea Nacional no ha posesionado a los vocales suplentes; y que hasta una de ellas, Karina Ponce, renunció a la suplencia.

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Al juez Enrique Herrería le surgió una duda respecto a aplicar una reconsideración, y preguntó a Ulloa: el reglamento para elegir a esta autoridad tiene el “carácter de obligatorio” y establece que, si concluyó la elección, la CNJ debería enviar una nueva terna: “¿Cómo es posible que tenga la idea de que mediante una reconsideración de esa votación puedan inobservar una norma jurídica de orden reglamentario? ¿Cuál sería el mecanismo para que inobserven una norma reglamentaria propia para aplicar una simple reconsideración de la votación?”.

Ulloa le recordó que ese día cada consejero tomó una postura. Y añadió: “Clausuré la sesión haciendo que el secretario dé lectura al artículo del reglamento que señala que, ante la falta de resolución, se entiende agotado el mecanismo y se debe requerir una nueva terna”.

No obstante, el reglamento de sesiones permite hacer una reconsideración y, por eso, Ulloa la planteó como una posibilidad.

Pero “queda la experiencia”, añadió el consejero, y propuso una nueva alternativa en el caso de que en una nueva sesión no haya los votos por un candidato de la terna: “Voy a proponer en el pleno que, en el caso de no solicitar una nueva terna o no se llegue a acuerdos, se haga un sorteo público en el cual se pueda designar para evitar trabas, largas y acusaciones”.

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Bravo y Rivadeneira también recordaron las mociones que plantearon y cómo votaron; en tanto que la consejera Estupiñán se presentó con su abogado, Stalin Raza, quien enumeró el tiempo que tomó esta designación y aclaró que proponer una reconsideración de la votación de esa sesión no era posible. “No es verdad que se pueda reconsiderar, porque no hubo una resolución”, dijo Raza, y propuso a los jueces que dispongan nuevas medidas al CPCCS para que elija al vocal.

El presidente de la CC, Alí Lozada, le preguntó a Estupiñán si ella respaldó a la consejera Rivadeneira en su moción de designar a Mercedes Caicedo.

“Sí”, confirmó Estupiñán. Y “¿cómo votó?”, le insistió Lozada. “Abstención”, respondió la consejera. No hubo otra pregunta.

Rosero y Dávalos justificaron que sus ausencias en esa plenaria se debieron a que se encontraban en uso de sus vacaciones, y Almeida indicó que tuvo una calamidad doméstica que fue informada al Consejo.

Rosero acusó a los cuatro vocales de que “nunca” tuvieron la “voluntad política” de designar a la autoridad, y tanto Dávalos como Almeida coincidieron en que muestra de ello fue incorporar un reglamento que determina que, si un candidato o dos incumplen los requisitos, se solicitará una nueva terna con el objetivo de “dilatar” el proceso.

QUITO (10-01-2023).- Magistrados de la Corte Constitucional durante la audiencia pública en la que escucharán a los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), sobre la elección de un vocal del Consejo de la Judicatura, en la Corte Constitucional, en el norte de Quito. Alfredo Cárdenas/ EL UNIVERSO. Foto: El Universo

Al turno del presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, este dejó de lado que esto se trate de un “tema personal”, pero lamentó que es la “primera vez en la historia” que el Consejo de la Judicatura está desintegrado y con la ausencia de su representante, y denunció que el CPCCS habría incurrido en ilegalidades en el tratamiento de la tercera terna.

De esta terna, los cuatro vocales del CPCCS descalificaron a Marco Tello Sarmiento y Andrés Mogrovejo Abad porque incurrían en un incumplimiento en su declaración juramentada.

Sin embargo, la Corte había enviado un alcance de la documentación al CPCCS, que no habría sido tomada en cuenta.

“Hay una certificación falsa y se descalificó a los candidatos de manera ilegal”, denunció Saquicela, quien exhortó a los jueces a hacer cumplir su sentencia y a que se apliquen las sanciones correspondientes a los funcionarios que incumplieron la disposición constitucional.

Esto porque, en la sesión del 23 de noviembre pasado, Hernán Ulloa pidió a la secretaría general que certifique si Tello y Mogrovejo completaron la información, pero el secretario le certificó que no había registros de ello, por lo que fueron descalificados y se devolvió la terna a la CNJ.

Ese hecho también lo recordaron Sofía Almeida y Javier Dávalos; este último expuso en la pantalla la constancia de que la Corte envió esos documentos.

Almeida les relató que, en una sesión anterior, ella solicitó a Ulloa que el secretario certifique en ese mismo espacio si los candidatos no incurrían en esa prohibición, pero no se la escuchó.

Esto generó inquietud en los altos magistrados, quienes solicitaron que esa información sea remitida a su seno para su análisis.

La Corte Nacional de Justicia solicitó a los jueces que emitan las medidas correspondientes para que se ejecute su sentencia y den una “solución definitiva”, pues la preocupación radica en que se acercan los comicios de febrero próximo, en los que se votará por el referéndum que propone eliminar las facultades del CPCCS de designar autoridades.

Los anexos de esa pregunta señalan que los concursos de selección de autoridades que estén en curso se declararían desiertos, y todas las autoridades que no hayan sido renovadas “se entenderán prorrogadas en sus funciones hasta que sean reemplazadas” con el nuevo procedimiento, que lo asumirá la Asamblea Nacional.

Previamente, el Legislativo tendrá un año para emitir las leyes que incorporen estos cambios y, de no lograrlo en ese plazo, se les permitirá una extensión de 90 días.

El Consejo de Participación Ciudadana, por el momento, no cuenta con el número de vocales para sesionar. El pasado 4 de enero, Hernán Ulloa no instaló una plenaria porque no asistieron los consejeros suplentes. Foto: Sugey Hajjar

“Ello implicará que por lo menos un año y medio no se ejecute su sentencia”, advirtió el abogado de la CNJ, Ernesto Albán, quien agregó que, “de ganar el en la consulta, la Corte Constitucional no podrá dar trámite a su sentencia y (corren) el serio riesgo de que se prorrogue en funciones Fausto Murillo”, quien es presidente encargado de la Judicatura.

Álvaro Román, proponente de la acción extraordinaria de protección sobre la que la CC emitió este fallo, pidió a los jueces que “pongan orden”; y, si tienen que sancionar a los vocales del CPCCS, “lo hagan”, pero también que establezcan mecanismos adecuados para que se elija a la autoridad.

La veedora ciudadana, Saskya Gutiérrez, detalló brevemente cómo transcurrió el proceso, y advirtió que ellos no tuvieron conocimiento de que la Corte Nacional de Justicia había enviado información sobre los excandidatos Tello y Mogrovejo.

Les contó que en la sesión del 1 de enero, cuando se convocó a los postulantes de la última terna a presentar sus planes de trabajo, los cuatro consejeros se conectaron vía virtual, y “qué tanta atención darían” a las exposiciones es un hecho que se desconoce.

Ejemplificó que la consejera Ibeth Estupiñán, quien pidió disculpas por no asistir al pleno en Quito porque tenía un “sacramento” de su hijo, dejó de responder durante la exposición de Wilman Terán.

“Es preocupante y desesperante que no se haya designado al presidente del Consejo de la Judicatura. No hay voluntad política para designar”, opinó la veedora.

La Corte Constitucional prevé emitir su pronunciamiento en las próximas horas. (I)