La Procuraduría General del Estado determinó que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no puede revisar bajo la figura de la nulidad, los actos administrativos que haya resuelto en cuanto a la designación de autoridades de control del Estado, incluyendo aquellas que se encuentren asumiendo funciones como encargo, hasta que sean reemplazadas mediante los respectivos concursos públicos.

Fue el defensor del Pueblo encargado, César Córdova, quien hizo a la Procuraduría General del Estado una absolución de consulta, preocupado de que el Consejo de Participación Ciudadana pueda ‘cesarlo, removerlo, ser reemplazado sin que se haya designado al defensor titular o concluir sus funciones u otra figura para terminar su encargo como defensor’.

También, la Secretaría Técnica de la Función de Transparencia y Control Social (FTCS), que él preside, envió una consulta articulada, para que se aclare si el artículo 132 del Código Orgánico Administrativo se aplica a los actos administrativos del CPCCS sobre la designación de autoridades temporales o definitivas y, si dicho organismo requiere de que estén posesionados sus siete vocales para instalar el quorum.

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El procurador, Juan Carlos Larrea, suscribió una respuesta el pasado 19 de diciembre de 2022, en el que tras un análisis de las funciones del CPCCS, concluyó que no tiene atribución y carece de competencias para revisar las designaciones efectuadas, pues el objetivo es garantizar los principios de seguridad jurídica, juricidad e interdicción y, porque se realizaron a través de procesos en los que la ciudadanía ejerció su derecho de participación.

Esto en referencia a que las autoridades de control de órganos como la Contraloría General del Estado, la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública, se eligen mediante las denominadas comisiones ciudadanas de selección; y en el caso de las ternas enviadas por el poder Ejecutivo, para la elección de los titulares de la Procuraduría y de las superintendencias, también cuentan con procesos de veeduría e impugnación ciudadana.

“El CPCCS no tiene competencia constitucional ni habilitación legal directa ni específicamente asignada para dejar sin efecto los actos de designación. El CPCCS tiene únicamente competencia para designar autoridades”, describe el texto.

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Agrega: “los actos de designación de autoridades que el CPCCS emite, garantizando institucionalmente el ejercicio del derecho constitucional de participación ciudadana (…) están excluidos de la potestad de revisión atribuida a la administración pública, pues si la ley atribuyera competencia para que, en forma unilateral pueda declararlos nulos e ineficaces, vaciaría de contenido el derecho de participación ciudadana”.

En informe provisional, la Contraloría observa que César Córdova no cumpliría requisitos para ser nombrado defensor del Pueblo (e)

Con ese fundamento, se determinó que la designación de César Córdova, como defensor del Pueblo encargado, regirá hasta que concluya la selección de la nueva autoridad mediante el concurso público, “sin que dicha disposición hubiere previsto mecanismos de revisión o revocatoria del encargo”.

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Córdova fue elegido en septiembre del 2021 como defensor encargado, por los consejeros: Sofía Almeida, Javier Dávalos, David Rosero e Ibeth Estupiñán, luego de que Freddy Carrión fue censurado y destituido por la Asamblea Nacional y, enfrenta un juicio en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) por un presunto delito sexual.

Este pronunciamiento de la Procuraduría, se da previo a la realización de los comicios seccionales, de elección de los siete miembros del CPCCS y del Referéndum del 5 de febrero próximo, en el que se plantea una pregunta para quitarle la atribución de designar autoridades.

De aprobarse por el pronunciamiento del voto popular, los concursos públicos de selección que están en curso se declararían desiertos y todas las autoridades que no han sido renovadas “se entenderán prorrogadas en sus funciones hasta que sean reemplazadas” con el nuevo procedimiento que lo asumirá la Asamblea Nacional.

Previamente, la Legislatura tendrá un año para emitir las leyes que incorporen estos cambios y de no lograrlo en ese plazo, se les permitirá una extensión de 90 días.

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En esa esfera, en la actualidad, hay siete instituciones del Estado que están con funcionarios titulares encargados y prorrogados: la Defensoría del Pueblo con César Córdova, quien lleva un año y tres meses encargado.

La Contraloría General del Estado, en cuyo caso, Carlos Riofrío lleva diez meses subrogando a Pablo Celi, quien reemplazaba a Carlos Pólit, censurado y destituido por la Asamblea Nacional por su implicación en el caso Odebrecht.

Los cinco vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE), que debían renovarse dos vocales principales y suplentes, pero están prorrogados desde noviembre del 2021, es decir un año y dos meses. Los jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), pleno al que debía renovarse dos jueces en mayo del 2022.

En la Defensoría Pública, Ángel Torres Machuca, fue encargado por el CPCCS de Transición desde el 2019 y transcurridos tres años no se ha realizado el concurso para elegir a su reemplazo.

También, en la Conferencia Pluricultural e Intercultural de Soberanía Alimentaria (Copisa) sus nueve miembros llevan prorrogados desde el 2019; respecto de los 25 miembros de la sociedad civil para los Consejos Nacionales para la Igualdad (CNI) tampoco se han seleccionado.

La Superintendencia de Bancos también está presidida por Antonieta Cabezas, quien actúa como subrogante. Esto, pese a que el CPCCS designó a Roberto Romero von Buchwald para ocupar esa función, pero la Asamblea Nacional no lo ha posesionado en su cargo.

El Consejo de la Judicatura también tiene como presidente encargado a Fausto Murillo, que ejerce funciones desde febrero del 2022 y, el Consejo de Participación Ciudadana no ha designado a su titular, pese a que la Corte Constitucional (CC) lo ordenó en el trámite de una acción extraordinaria de protección.

En todos los casos, las prórrogas se deben a que el CPCCS no ha realizado los concursos públicos para renovar a los funcionarios.

Por el momento, hay tres comisiones ciudadanas que están llevando a cabo la elección de un nuevo contralor; del defensor público; y de los vocales del CNE.

En tanto, se amplió una convocatoria para que la ciudadanía se postule a integrar las comisiones ciudadanas que realizarán los procesos de designación de los jueces del TCE, del defensor del Pueblo, de Copisa y de los Consejos Nacionales para la Igualdad.

La Procuraduría subrayó también que para la instalación del quorum en el CPCCS se requiere de que sus siete vocales estén debidamente posesionados por la Asamblea Nacional. (I)