Valentina Zárate estará al frente de la Contraloría del Estado ‘de manera subrogante’

Con el contralor subrogante, Pablo Celi de la Torre detenido en la cárcel 4 de Quito, la Contraloría General del Estado tendrá a una mujer al frente de la institución: María Valentina Zárate Montalvo.

La tarde de este 17 de abril, el organismo informó que el reemplazo de Celi, como contralor general de “manera subrogante” es Zárate, quien venía desempeñándose como subcontralora de Responsabilidades.

Celi guarda prisión preventiva desde este miércoles, acusado del presunto delito de delincuencia organizada, relacionado con una trama de actos de corrupción que se habrían dado en la Contraloría, la empresa pública Petroecuador y la Secretaría General de la Presidencia de la República, según las investigaciones de la Fiscalía.

Celi asumió como titular, después de que su antecesor, Carlos Pólit, renunció en el 2017, antes de ser destituido y cesado en funciones por la Asamblea Nacional, y sentenciado por la justicia por el delito de concusión en el caso Odebrecht.

Fiscalía presentó 16 elementos de convicción para formular cargos por delincuencia organizada contra contralor (s) Pablo Celi y otros ocho procesados

Se aclaró que el ascenso de Zárate se da en cumplimiento del artículo 33 de la Ley de la Contraloría, que establece que el subcontralor es designado por el contralor y lo subrogará en caso de ausencia temporal o definitiva, hasta la designación del titular.

Esto, en concordancia con el artículo 9 del Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos, por el que las atribuciones y funciones de la subcontralora comprenden la subrogación del contralor.

No obstante, después de que el juez de la Corte Nacional de Justicia, Felipe Córdova, dispuso la prisión preventiva para Celi, hay incertidumbre sobre quién debe asumir ese cargo de forma definitiva, ya que el periodo por el que fue elegido Pólit y que debería continuar con Celi termina en marzo del 2022.

El abogado del contralor, Jorge Luis Ortega, adelantó que su cliente solicitará una licencia con cargo a vacaciones. En tanto, apelará a la resolución de prisión preventiva, y si se ratifica, evaluarán si debe renunciar o “quizá se pronuncie la Asamblea Nacional respecto a quién se encarga y cómo”, señaló el jurista.

En el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), órgano encargado de elegir por concurso de méritos e impugnación ciudadana a esta autoridad, no hay una posición oficial de si iniciarán este proceso.

El consejero Javier Dávalos fue el único que se pronunció al respecto en Twitter, y opinó que Celi debería renunciar, para ellos iniciar “lo más pronto posible el concurso” y designar a una nueva autoridad.

Esto, porque el CPCCS Transitorio, durante el régimen de transición que evaluó autoridades, dispuso en una resolución de mayo del 2019 que Celi deberá culminar su periodo, según el artículo 33 de la ley, y “en tanto decurra el proceso de transformación de la Contraloría en un Tribunal de Cuentas”.

Pero esta última opción no ha decurrido, ya que el proyecto de ley que presentó Celi para ese efecto no tuvo los votos en la Comisión de Justicia del Legislativo para ser debatida, porque la reforma legal no era la vía para ese objetivo, sino que requería una enmienda constitucional.

Segundo contralor del Estado, de los últimos catorce años, salpicado en presuntos hechos de corrupción

A criterio de una de las exautoridades del CPCCS Transitorio, que solicitó la reserva, como la propuesta de transformar la Contraloría en un Tribunal de Cuentas “no progresó, esa condición para que se mantenga en el cargo no operaría”.

Entre las alternativas, mencionó que se debería analizar si la prisión preventiva sería un “un impedimento para ejercer el cargo, aunque primero debería haber una sentencia, y tenerla demorará en la justicia, por lo que más pronto operaría que el actual Consejo realice el concurso”, comentó.

Y añadió que podría ser “una salida que el contralor subrogante renuncie”, para que proceda la renovación.

Desde la Función de Transparencia tampoco se ha emitido un pronunciamiento sobre la situación legal de Celi, quien es presidente de esta instancia, denominada como el ‘quinto poder’, y la integran nueve entidades estatales. (I)