Para el 15 de agosto de 2024 está prevista la instalación de una audiencia oral única de pruebas y alegatos en el trámite de una denuncia por presunta infracción electoral en contra de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad Rojas, interpuesta por el vocal de Participación Ciudadana Juan Guarderas Cisneros.
La jueza y vicepresidenta del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Ivonne Coloma Peralta, admitió a trámite una segunda denuncia que presentó Juan Guarderas, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), en la que acusa a Verónica Abad de haber hecho campaña electoral anticipada cuando fue candidata a la Alcaldía de Cuenca (Azuay) en los comicios seccionales del 5 de febrero de 2023.
La denuncia se basa en lo contemplado en el numeral ocho artículo 278 del Código de la Democracia, en el que se considera infracción electoral grave realizar actos de campaña anticipada o precampaña electoral, que se sanciona con multas desde once hasta 20 salarios básicos, destitución y/o suspensión de derechos de participación desde seis meses hasta dos años.
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La magistrada convocó a la diligencia para el 15 de agosto a las 10:30 en la sede del TCE en Quito y solicitó la notificación de la providencia a Abad, en Tel Aviv (Israel), en donde está la segunda mandataria cumpliendo funciones de embajadora para mediar por la paz en el histórico conflicto con Palestina, adonde la envió el presidente de la República, Daniel Noboa Azín.
Coloma dio un término de dos días para que Guarderas cancele en el Ministerio de Relaciones Exteriores un valor de $ 50, correspondiente al arancel consultar y diplomático por concepto de gastos administrativos.
Esta es la segunda denuncia en los mismos términos que impulsó Guarderas en contra de Abad.
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La primera la interpuso a finales de mayo, pero fue archivada por el juez electoral Fernando Muñoz, presidente del TCE, debido a que el abogado patrocinador denunció que su firma habría sido falsificada en un escrito presentado por Guarderas.
La denuncia del abogado también se envió a la Fiscalía General del Estado para su investigación.
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Este proceso electoral se da en un contexto en el que el jefe de Estado rompió relaciones con Abad y la envió a Israel como diplomática.
Mientras tanto, el gobierno de Noboa busca mecanismos legales para evitar que Abad asuma la Presidencia de la República en enero del 2025, cuando él deba ausentarse para participar de la campaña electoral por las elecciones presidenciales del 2025, en el caso de oficializar su candidatura a la dignidad de presidente para el periodo 2025-2029. (I)
