La jueza penal de la Corte Nacional de Justicia(CNJ) Daniella Camacho, en aplicación del principio de celeridad, de las garantías del debido proceso y debido a que se encuentra corriendo el plazo de la instrucción en el caso Nene, la cual finaliza el 19 de junio próximo, solicita a Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional, para que en un plazo no mayor a 48 horas el órgano legislativo proceda a emitir el correspondiente pronunciamiento sobre la autorización para el enjuiciamiento penal de la vicepresidenta Verónica Abad.

Paralelamente al pedido que se hace al Legislativo, la magistrada, quien asumió el caso la tarde del martes último, decidió convocar a la audiencia de formulación de cargos y vinculación de Daniel Lenín R. P. para el próximo lunes, 17 de junio, en una de las salas de la Corte Nacional. Para la diligencia se notificó no solo a la defensa de quien será vinculado, sino también a Francisco B. A., hijo de la vicepresidenta Abad, el cual hasta hoy era el único procesado por delito de oferta de tráfico de influencias.

La jueza Camacho en su providencia resaltó que al ser de conocimiento público que Verónica Abad, de quien se solicita su vinculación al caso Nene, cumple funciones de vicepresidenta constitucional del Ecuador, previo a proceder conforme la ley, para garantizar el debido proceso, el derecho a la defensa y en garantía de los derechos de la persona investigada, e incluso, para que posteriormente no se alegue la falta de algún requisito de procedibilidad, se solicita a la Asamblea la autorización para el “enjuiciamiento penal” de Abad.

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El lunes último no solo se conoció que el caso Nene pasaba a manos de la Fiscalía General, debido a que aparecieron elementos que relacionaban con el caso a Verónica Abad, persona con fuero de Corte Nacional, sino que también se anunció la vinculación de la vicepresidenta de la República en funciones, de Daniel Lenin R. P., y que además se dejará de investigar el delito de oferta de tráfico de influencias para pasar a analizarse el delito de concusión.

La vinculación de Verónica Abad al caso Nene cambia la teoría, los tiempos y los números que existían en el proceso penal abierto en marzo pasado

Los primeros casi tres meses de investigaciones, luego de la instrucción fiscal que se abrió el 22 de marzo pasado, giraron en torno a que al denunciante del hecho ilícito, Romel P., lo contactaron Sebastián B. A., hijo de la vicepresidenta Abad, y el supuesto asesor de la funcionaria, Daniel Lenin R. P., para ofrecerle el cargo de coordinador de Comunicación en la Vicepresidencia de la República, pero a cambio de que, del sueldo de $ 3.200 que iba a recibir, debía entregarles una buena parte. Primero se le exigían $ 2.000 y, luego de una “negociación”, la cifra pasó a $ 1.500.

Para asegurarse el pago mensual, quienes le ofrecieron el trabajo le hicieron firmar una letra por $ 30.600 a Romel P., quien tuvo problemas para cubrir lo pactado para los primeros meses. Al quedarse el denunciante con poco dinero de su mensual, pidió que se le acumulen las dos primeras letras para que las pague en febrero del 2024, pero eso no pudo ser porque antes a Romel P. le notificaron de su desvinculación de la Vicepresidencia de la República.

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Hoy, según la Fiscalía, han aparecido datos de los que se presume la participación en los hechos que se investigan de la vicepresidenta Abad y de Daniel Lenin R. P. A. A la teoría inicial se suman como elementos lo dicho en la ampliación de versión del denunciante, quien asegura que la “vicepresidenta” tenía completo conocimiento de los acuerdos y negociaciones que se mantuvo con él y adjuntó copias de chats que supuestamente mantuvo con Verónica Abad.

Como base para fundamentar que en el delito podría existir participación de una persona con fuero de Corte Nacional se incluyeron versiones de cinco exfuncionarios y un funcionario actual de la Vicepresidencia de la República. Por ejemplo, Marco Molina, ex secretario general de la Vicepresidencia de la República, habría indicado en su versión que la “vicepresidenta” le dispuso que realice la contratación del denunciante en el cargo jerárquico superior de coordinador de Comunicación de la Vicepresidencia.

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Los trece elementos definidos en el escrito con el que el fiscal Leonardo Alarcón se inhibió de seguir con el caso Nene serán parte de los elementos de convicción que la fiscal general, Diana Salazar, usaría durante la audiencia de vinculación solicitada contra Abad. (I)