El colectivo YASunidos resaltó este miércoles, 25 de enero, la importancia que tiene el que su denuncia contra el Estado ecuatoriano, presentada en 2014, haya sido admitida en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para ser revisada.

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Ramiro Ávila, abogado del colectivo, explicó que la admisión de la CIDH significa que para el ente “los hechos denunciados son creíbles, están demostrados; y ahora corresponde hacer un análisis de fondo para demostrar jurídicamente que los derechos fueron vulnerados” y, a la vez, que “el caso es original y tiene relevancia regional”.

En 2014, YASunidos solicitó que “se declare la violación de derechos políticos” de Ecuador contra las 757.623 personas que respaldaron con su firma la celebración de una consulta popular sobre la explotación petrolífera dentro del Parque Nacional Yasuní.

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Ávila recordó las causas que los motivaron a poner la denuncia contra el país en su momento; y dijo que, si no se termina por resolver dentro del territorio en corto plazo, es muy probable que termine pasando a resolverse en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Ecuador ha vulnerado las normas y procedimientos para garantizar una consulta popular, los derechos políticos no solo del colectivo, sino de las personas que tienen derecho a pronunciarse sobre cuestiones de democracia directa, el derecho de igualdad y no discriminación, porque ha habido muchas consultas en estos últimos diez años y la de YASunidos ha sido sistemáticamente negada: ha vulnerado el derecho a la protección judicial”, subrayó.

El jurista indicó también que, además de la realización de la consulta, piden que se reparen los diez años en que se ha continuado con la explotación petrolera y se ha seguido afectando a los pueblos originarios y en aislamiento voluntario.

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“¿Está usted de acuerdo en que el Gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente en el subsuelo?” es la pregunta con la que el colectivo busca frenar la extracción en uno de los sitios de mayor biodiversidad del planeta, y Ávila subrayó que esta sigue vigente.

Silvia Bonilla, otra abogada del colectivo, indicó que actualmente, a nivel nacional, la realización de la consulta solo está a la espera del dictamen de constitucionalidad de la Corte Constitucional.

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“Se ha exigido que se la trate como el resto de consultas populares que han entrado a trámite, pero ha existido una diferenciación: el año pasado, el Gobierno de Guillermo Lasso presentó dos pedidos de consulta popular que fueron procesados de inmediato y que están ya para elecciones el 5 de febrero, pero este caso no ha sido resuelto por la jueza Carmen Corral, y exigimos que se pronuncie de inmediato”, apuntó.

Manai Prado, vocera de YASunidos, expresó su rechazo al referéndum que tendrá el país el próximo de 5 de febrero junto con las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y pidieron a la ciudadanía votar ocho veces no.

“Nos oponemos a la consulta de Lasso: es ilegítima y no tiene el respaldo popular que sí han tenido otras, o como la de Yasunidos, con las personas que firmaron en 2014″, indicó y subrayó que las ocho preguntas no resuelven los problemas y urgencias reales que tiene la sociedad ecuatoriana, y la calificó como un intento del mandatario para legitimarse en el poder.

Prado calificó las dos preguntas de la consulta relacionadas con el medioambiente, la 7 y la 8, de “absolutamente innecesarias”, que solo pretenden dar mayor poder al Ejecutivo sobre temas como el control del agua o la declaratoria de zonas de interés para explotarlas. (I)

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