En el marco de la declaratoria de conflicto armado interno en Ecuador, las Fuerzas Armadas y la Policía ejecutaron entre el 9 y 15 de enero 1.534 detenciones, una cifra que supera la población carcelaria de 32 de los 36 recintos penitenciarios del país, cuyo Gobierno ha identificado como grupos terroristas a veintidós bandas del crimen organizado transnacional, según el Decreto 111.

De hecho, del total de aprehendidos, 158 serían procesados por su supuesta participación en delito de terrorismo.

Es decir, si la Función Judicial luego de las diligencias de ley determinara que amerita la encarcelación de todos los detenidos, ese total significaría una población superior a la del Centro de Privación de Libertad (CPL) Esmeraldas n.º 2 (1.383 internos); a la del CPL Guayas n.º 5 o CDP, en Guayaquil (1.287); al CPL Masculino Pichincha n.º 1 (1.181); al CPL El Oro n.º 1 (1.162); y al CPL Santo Domingo n.º 1 (1.027).

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Esto, considerando solo las cárceles con población de 1.000 a 1.500 personas, según cifras oficiales publicadas en la web del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), actualizadas al 29 de diciembre del 2023.

Si se abarcan las 36 cárceles del sistema penitenciario del Ecuador, entonces, el número de detenidos en el contexto del conflicto armado interno es mayor a la población de 32 reclusorios.

Solo es superado por el universo de internos del CPL Guayas n.º 1 o Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, (5.557); del CPL Masculino Guayas n.º 4 o cárcel Regional (4.558); CPL Cotopaxi n.º 1 o cárcel de Latacunga (4.280); y CPL Manabí n.º 4 o cárcel El Rodeo (2.000).

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El escenario expuesto no implica que necesariamente los 1.534 aprehendidos en la situación actual del país sean derivados al sistema de rehabilitación social, a una cárcel, ya que puede haber detenciones por contravenciones o delitos menores en cuyos casos se apliquen medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.

Así lo explica Julio Ballesteros Vaca, exviceministro de Rehabilitación Social, al tiempo de indicar que quienes sí tendrían que ser encarcelados son los procesados por terrorismo, puesto que según el Código Orgánico Integral Penal (COIP) por este delito no hay medidas sustitutivas ni beneficios como acceder a los regímenes abierto o semiabierto.

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Sin embargo, él cree que estas y futuras detenciones, salvo casos puntuales, no provocarían mayor hacinamiento tomando en cuenta que al 29 de diciembre del año pasado había 30.804 internos en las 36 cárceles, según el SNAI, y que el ingreso y egreso de los reclusorios es dinámico.

Luego de varios días de incidentes en cárceles de Ecuador, la fuerza pública tomó el control durante el fin de semana, anunció el Ejecutivo.

“Lo que me parece preocupante es que el SNAI, salvo que sea un tema de trabajo interno que sea reservado, aún no dispone en qué lugar las va a ubicar a estas personas; porque, si continúan con la distribución de que, de los 1.500 aprehendidos, 100 van a ser puestos en la Penitenciaría del Litoral, ellos van a volver a reacomodarse en el lugar donde están sus bandas o los grupos a los que pertenecen”, expresa Ballesteros.

De ahí que considera estratégico que se acondicionen pabellones de un solo centro carcelario para ubicar allí a quienes sean procesados por terrorismo y otros delitos graves en este escenario de conflicto armado interno.

Y propone como opción la cárcel de Latacunga, cuya capacidad instalada efectiva es de 4.894 internos, según consta en la web del SNAI, entidad que maneja los recintos penitenciarios, ya que para él es la más segura.

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“Está alejada, en términos prácticos, de concentraciones poblacionales. Tanto la cárcel de Turi, de Cuenca, como todo el complejo penitenciario de Guayaquil (cinco recintos), si bien están un poco distantes de las capitales de las provincias, ya tienen población, viviendas, asentamientos casi junto a estos centros de rehabilitación (...). En Latacunga usted tiene prácticamente campo; no hay actividad agrícola muy fuerte en el entorno; tiene la facilidad de que a pocos kilómetros, no creo que superan los 10 kilómetros, tiene un fuerte militar que fácilmente puede mover parte de sus efectivos para este lugar donde estarían concentradas las personas detenidas por este tema de terrorismo”, sostiene el exviceministro de Rehabilitación Social.

Para Renato Rivera, coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), sí podría generarse una sobrepoblación carcelaria, ya que en la mayoría de casos la Función Judicial resolvería prisión preventiva para los procesados.

‘No son prisioneros de guerra para ir a cuarteles, los detenidos por terrorismo deben ser sometidos ante la justicia ordinaria’

“Normalmente se detenía a alrededor de 12.000 personas al año. Si solo tenemos en una semana 1.000 detenidos, va a ser un impacto mayor al sistema carcelario, que de por sí ya está saturado. Y un sistema, como te digo, que depende mucho de la flagrancia y, sobre todo, que mantiene un número significativo, 38 % exactamente, de los datos que nosotros cogimos hasta el año anterior, estaban en prisión preventiva en el país, cuatro de cada diez presos estaban en prisión preventiva”, expuso él.

Ecuador vivió durante la segunda semana de enero del 2024 un escenario de violencia criminal sin precedentes, cuando la irrupción de antisociales cubiertos con capuchas y armados en TC Televisión motivó al Gobierno a declarar conflicto armado interno a nivel nacional y a disponer a las Fuerzas Armadas neutralizar a las bandas consideradas grupos terroristas.

A la par, desde el lunes 8 rige en el país y en el sistema carcelario un estado de excepción que se mantendrá por 60 días. Esto incluye toque de queda entre las 23:00 y 05:00. (I)