Unos 390 inmuebles, valorados en $ 65,9 millones, tiene bajo su custodia y administración la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), según detalla el catastro nacional de la entidad hasta octubre pasado. El 75 % de estas propiedades ($ 49,7 millones) ha sido confiscado a implicados en el delito de lavado de activos.

Ahí también constan los bienes que aún no se pueden subastar, pero que han sido incautados por el mismo delito, por ejemplo, los inmuebles que figuraban a nombre de familiares del fallecido narcotraficante Leandro N., a quien agentes policiales estiman que habría introducido al sistema financiero nacional bienes por unos $ 24 millones, entre terrenos, casas, empresas, autos, motos y cuentas bancarias.

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Los decomisos también se dictaron –mediante resolución judicial- en delitos de narcotráfico ($ 12,4 millones) y por cohecho ($ 3,8 millones), según las estadísticas de Inmobiliar. “Todos estos bienes llegan de alguna manera por tráfico ilícito de sustancias, por lavado de activos, terrorismo y otros que la normativa nos permite”, indicó Pamela Álvarez, directora administrativa de Bienes Permanentes, en Inmobiliar.

Cómo ofertar en la subasta pública de Inmobiliar

Mientras que el jurista Abraham Cheing, exjuez de Tribunal Penal, confirmó que la incautación de bienes no solo se limita a los procesos por el delito de lavado de activos, sino que puede decidirla un juez en cualquier causa judicial. “En una estafa, por ejemplo, si se llega a comprobar que hay bienes, la Fiscalía puede solicitar la incautación”, comentó Cheing.

Y si un caso se está investigando por dos o más delitos, los jueces pueden disponer las incautaciones de los mismos bienes en varias causas, explicó Cristhian Quito, vocero de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (AEMJ). “No es que si el juez A ya incautó, yo no voy a incautar (...), tienen la obligación de hacerlo, porque cada proceso es diferente, porque puede que en uno salga inocente, en otro inocente y a la final no me incautó y ya vendió (el bien) en el transcurso del proceso. El objeto de la incautación es preservar, que exista una reparación al final de la resolución”, apuntó y añadió que lo recaudado por los bienes confiscados no se descuenta de las multas.

No solo terrenos, casas o departamentos custodia Inmobiliar. La entidad, además, es la responsable por el estado de unos 121.000 artículos muebles (vehículos de todo tipo, menaje de hogar, de oficina), que tienen un avalúo aproximado de $ 28,93 millones. En total, Inmobiliar administra 122.159 bienes por $ 94,9 millones. Entre ellos constan, por ejemplo, una avioneta de marca Gulfstream, valorada en $ 5 millones, y una variedad de vehículos, como autos, tráileres, maquinaria, yates, lanchas y hasta un semisumergible.

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También algunos cuadros, como el del autor Bolívar Mena Franco, valorado en $ 30.000, o de Eduardo Kingman, por $ 25.000. En el listado de bienes se incluyeron una cabeza de toro embalsamada por $ 6.000; una alfombra por $ 3.500; una agenda telefónica magnética por $ 1.545; una lámpara de mármol en $ 990; una botella de champán en $ 900 o de tequila cosecha 1942 por $ 400, entre otros artículos.

Algunos de estos bienes se subastaron en Guayaquil el pasado 30 de octubre, por ejemplo, tres avionetas con capacidad para dos y cuatro pasajeros a un precio base de $ 32.711 a $ 40.661, también autos desde $ 1.341; en Quito se ofertaron autos desde $ 83,25 hasta un camión en $ 9.084; en Loja había un lote de accesorios de vehículos por $ 582.507; y en Manta hay varias embarcaciones, desde $ 7.534 hasta $ 54.128, un auto Land Cruiser blindado del año 2019 en $ 41.676 y enseres por $ 2.328, entre otros.

Estas avionetas son parte del catálogo de vehículos que se subastaron a fines de octubre de 2023. Foto: Tomada de catálogo de Inmobiliar

Para evitar su deterioro y procurar que lleguen en buen estado a una subasta que permita recuperar los recursos, Inmobiliar destina $ 2,3 millones anuales para el mantenimiento “mínimo y necesario” de los bienes muebles y $ 3 millones para los inmuebles. “De manera general, tanto inmuebles como muebles, estamos hablando de $ 5,6 millones, que abarca mantenimiento, seguridad, que es uno de los rubros más altos que se paga dentro de esta Secretaría, hasta pólizas de seguro”, explicó la funcionaria de Inmobiliar.

Por casualidad o lujo, el 35 % ($ 33,6 millones) de los bienes se encuentran en la Zona 8, que incluye -según la entidad- a Guayaquil y Durán, ciudades de gran movimiento portuario, empresarial y comercial; a Samborondón, con una elevada plusvalía inmobiliaria; y a la provincia de Santa Elena, que concentra los balnearios más concurridos y suntuosos del país.

En el sector de La Puntilla se dispuso la incautación de, por ejemplo, la vivienda -adquirida en $ 370.000- de un exdirector provincial del IESS y exministro hallado culpable del delito de lavado de activos en 2019. Lo condenaron a diez años de prisión y a pagar una multa por $ 505.124, sanción que fue ratificada ese año y que quedó en firme en mayo del 2022.

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Al exfuncionario le decomisaron también acciones e inversión en una empresa guayaquileña por $ 102.000, y un auto comprado en $ 32.790. Sus bienes fueron adquiridos durante su paso por la función pública (2010-2017), lapso en el que reportó ingresos por $ 412.969, pero el sistema financiero registró transacciones por un monto mayor, $ 719.163, evidenciándose una diferencia de más de $ 300.000 sin justificar, según el proceso judicial.

En este caso, el lavado de activos habría sido producto de la corrupción, considerado por la fiscal Ivonne Proaño como “uno de los mayores flagelos contra la sociedad por sus nefastos efectos en la economía, administración de justicia y en la gobernabilidad del país”. Por este delito se han emitido apenas once sentencias condenatorias en los últimos nueve años.

Otro 32 % de los bienes incautados por Inmobiliar, que suman $ 30,5 millones, está ubicado en la zona denominada ‘planta central’, que incluye las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Carchi, Tungurahua, Esmeraldas y Sucumbíos. El 17 % de muebles e inmuebles ($ 15,7 millones) se encuentra en las zonas 6 y 7, que comprende Azuay, Cañar, El Oro y Loja. Mientras que el restante 16 % ($ 14,9 millones) está distribuido en la zona 4, en Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas.

En Manabí, por ejemplo, se incautaron más de $ 500.000 en efectivo que se hallaron en la casa de uno de los procesados por el caso del hospital Pedernales. En este proceso, el asesor de un exlegislador, un intermediario y el contratista fueron sentenciados a 6 y 3 años de prisión y a pagar una multa millonaria. También, los $ 5 millones que estaban en pólizas de inversión fueron confiscados por Inmobiliar.

En estos casos, en que por orden judicial se dispone el decomiso de dinero, la entidad guarda los valores en sus cuentas bancarias de manera temporal. “No se puede hacer uso del mismo, solo lo custodiamos”, refirió Pamela Álvarez, vocera de Inmobiliar, quien añadió que cuando ya hay una sentencia ejecutoriada pasan esos valores a la “cuenta única del tesoro nacional”, es decir, vuelven a los bolsillos del Estado. (I)

Detalles:

- Subastas: Los primeros ocho meses de este año 2023 se han comercializado 135 artículos por $ 720.288, casi la mitad de lo que se vendió en 2022. ($1,3 millones). En total, entre 2017 y agosto de este año se han subastado 927 bienes (carros, motos, avionetas, embarcaciones, joyas, obras de arte, electrodomésticos, enseres del hogar), por $ 7,7 millones.

- Inmuebles: De las 357 propiedades incautadas hasta el año pasado, 257 estaban bajo la administración de Inmobiliar en 2022; 51 están arrendadas; 40 tienen convenios de uso con municipios, ministerios, Policía y organizaciones sociales; y otras están siendo utilizadas por la entidad, según la rendición de cuentas del año 2022.

- Arriendo: $ 6,3 millones recaudó Inmobiliar por el arriendo de los ‘bienes permanentes’, como plataformas gubernamentales, edificios, parques, plazas, infraestructuras pesqueras, en 2022.

- Estado de vehículos: El 64 % de los carros livianos y pesados que fueron decomisados en la Zona 8 está en condiciones “regulares”; el 23 % está en mal estado; el 10 % están en la categoría de “bueno”, según información de la entidad estatal.