Julio tiene solo 14 años y en apenas cuatro meses que lleva en el centro de desintoxicación del Ministerio de Salud Pública (MSP) Libertadores ha ganado 15 libras.
“Ya no me siento cada hueso”, menciona con una sonrisa un poco triste el menor que por orden judicial entró al proceso de rehabilitación tras involucrarse en un hecho violento que causó varios heridos en Durán.
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Como Julio no fue quien disparó, la jueza de menores que recibió el caso decidió enviarlo a desintoxicación en lugar de a la correccional, pues supuestamente había aceptado entrar a una banda para obtener H.
Pese a su corta edad, él ya tenía un par de años consumiendo esta droga en las calles y lo estaban entrenando para ser gatillero, cuenta.
Pasó quince días desintoxicándose y ahora recibe las terapias para trabajar en su problema de consumo. Cuenta que hasta sus padres han ido para ser parte de su recuperación.
Al ser consultado por el lugar, destaca que por primera vez tiene una cama y un colchón para él solo, dice que los baños son limpios y que come tres veces al día.
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“Estoy muy ocupado todo el día, hasta estoy en clases virtuales, me matricularon y estoy estudiando. Yo ya había dejado la escuela”, comenta el menor al que le faltan dos meses más con internamiento y luego seis meses de seguimiento.
Otro de los menores que están ingresando a Libertadores es Juan, quien hace un mes fue rescatado de un centro clandestino donde le pegaban.
“Me dieron golpe como a piñata dentro de un carro cuando me capturaron para traerme acá”, contó el día que personal de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess) ingresó al establecimiento y clausuró el sitio ubicado en Mucho Lote 1.
“Nos daban muy poca comida, pero yo comía un poco mejor que mis compañeros porque logré ser asistente en la cocina y por ahí pellizcaba algo extra”, dijo Juan, de 16 años.
Él era uno de los 17 jóvenes que fueron encontrados en condiciones precarias en una casa con cuatro pequeñas habitaciones, con escasa ventilación e iluminación, con hongos y humedad en las paredes y techos. En el piso había colchones apilados y antihigiénicos y solo dos baños que compartían todos.
En la cocina, los funcionarios encontraron alimentos en descomposición, utensilios y electrodomésticos sucios, y olores putrefactos.
María Contreras, la madre de Juan, contó que acudió al sitio desesperada porque había tratado de ingresarlo al centro del MSP, pero tenía más de un año tratando de que lo derivaran al tratamiento y su hijo no aceptaba internarse. Pagó $ 350 dos veces, cuenta que prestó dinero para tratar de salvar a su hijo y se lo llevaron a la fuerza.
“Era eso o verlo morir; hay muchos jóvenes que necesitan ayuda”, reflexiona la mujer.
Lorena tiene 34 años y durante los últimos años ha luchado para sacar a su hijo Dylan, de 17 años, del mundo de las drogas. La mujer menciona que cuando el menor tenía 13 probó H en el colegio y desde entonces se volvió un problema que admite que al principio trató de ignorar.
Pero la situación le explotó en la cara durante la pandemia, mientras todos estaban encerrados por temor a los contagios y los muertos eran abandonados en las calles, su hijo huyó de casa para buscar H. Estuvo perdido varios días hasta que lo encontraron en una esquina de la avenida Casuarina junto a un montón de basura.
Desde entonces la mujer ha tratado varias veces de llevarlo a rehabilitación, primero consiguió un espacio en una clínica clandestina en el sector de Monte Sinaí, pero asegura que le pegaban, le echaban agua fría y ella tenía que llevarle comida. Lorena pagaba $ 200, pero cuenta que lo sacó de ahí un día que lo encontró con una costilla fracturada y moretones.
Lo llevó al hospital Monte Sinaí y ahí fue atendido por su problema de consumo. Hoy él está en desintoxicación (dura quince días en promedio ) en el hospital y su madre va casi a diario para saber cómo lleva “la mona” o síndrome de abstinencia.
“Hace unos años lo encadenamos para que no salga a consumir y fue terrible para él. Tenía dolor del cuerpo, diarrea, mareos, náuseas, fiebre, escalofríos, estaba muy ansioso, y no durmió durante días y hasta deliraba”, revela la madre.
Ella cuenta que ya lo ha intentado rehabilitar varias veces, el problema sería que viven en Balerio Estacio, donde revela que los microtraficantes hasta regalan la droga a los jóvenes.
Dylan ha sido una de las más de 6.000 atenciones en el área de salud mental que contabiliza el MSP en 2023. Aunque no todos han ido por adicciones, la entidad sanitaria encargada de la problemática del consumo asegura que a nivel de Estado hay todas las opciones para rehabilitarse, pero no se puede obligar a los pacientes, debe ser un internamiento voluntario y es la última opción después de que los tratamientos ambulatorios no funcionan.
El Municipio local también maneja una cifra de atenciones. Aseguran que al menos 400 jóvenes y adultos cada mes se atienden en el Hospital Bicentenario (hombres) y en el Centro de Desintoxicación de Bastión Popular (mujeres).
En ese último lugar hoy trabaja Fabiola, una joven de 25 años que logró rehabilitarse hace cuatro años gracias al programa ambulatorio Por un Futuro Sin Drogas que el Municipio puso en marcha en 2019.
Hoy ella da acompañamiento a las pacientes que llegan.
“Yo sé por lo que están pasando, sé cómo se siente esto y trato de ser un sustento”, dice.
La joven comenta que hace unos años, antes de la construcción del centro de desintoxicación, en ese mismo predio (estaba lleno de maleza) del bloque 9 de Bastión Popular, ella consumía drogas.
“Yo me escondía aquí mismo a consumir H y ahora trabajo aquí y ayudo al resto. La vida sí puede cambiar”, manifiesta contenta y agrega que años atrás se perdía varios días y solo regresaba a casa cuando no tenía dinero para comprar H.
“El primer día que me trajeron (para trabajar) se me salieron las lágrimas, jamás pensé volver limpia y ahora trabajar con personas que, como yo, tenían problemas de adicción”, comenta Fabiola. (I)
Sí hay cupo en los dos únicos centros públicos para la rehabilitación, falta pacientes que vayan por su ‘voluntad’
Pese a que en muchos barrios populares de Guayaquil se ve a cientos de consumidores en parques y veredas drogándose, los dos centros de desintoxicación del Ministerio de Salud en la urbe (Libertadores y Guayaquil) no están al tope de su capacidad (30 camas), ni siquiera llegan a la mitad de ocupación (tienen once y trece pacientes), pues acceder a los tratamientos sin costo que ofrece el Estado para dejar las drogas no es tan fácil y para algunas familias conlleva un largo proceso en el que temen perder la batalla contra la droga.
Los pacientes deben ir por su voluntad y primero se intenta un tratamiento ambulatorio, el que suele implicar recaídas.
En la urbe solo hay dos centros de desintoxicación que han obtenido el licenciamiento otorgado por la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess), es decir, operan con todos los permisos. Son la Comunidad Terapéutica San Juan Pablo II, una clínica que recibe a menores (hombres) y que pertenece a la Arquidiócesis de Guayaquil (en La Atarazana), y el Centro de Desintoxicación de Adicciones del Municipio, que atiende a mujeres (Bastión P.).
Ni siquiera los centros del MSP tienen regulado el uso de suelo, por lo que no han logrado obtener el licenciamiento.
Khristie Vera, coordinadora Zonal 8 de la Acess, mencionó semanas atrás que el Municipio no otorga el permiso a centros que están en zonas residenciales. Añadió que hay lugares con buena infraestructura, personal calificado y un buen plan terapéutico que tuvieron que cambiar su categoría para funcionar.
Como ejemplo da el caso de un local ubicado en el barrio Centenario, que podía funcionar como un centro especializado en desintoxicación, pero debió cambiar su cartera de servicios y se convirtió en un establecimiento especializado de salud mental para no operar de forma ilegal.
Vera detalló que el año pasado, solo en Guayas, cerraron 25 centros clandestinos y que durante el 2023 van 9 sitios.
A nivel nacional hay solo 52 centros que operan de forma legal y 24 de ellos están en Cuenca, pues en esa ciudad azuaya el Municipio ha tenido la apertura.
Aunque los funcionarios del Acess tienen acercamientos en Guayaquil con el Municipio y han mantenido mesas de trabajo, comentan que con los cambios de administración hay que empezar los procesos otra vez.
La exalcaldesa Cynthia Viteri dijo en 2021 que se iban a construir dos centros más, además del ubicado en Bastión Popular.
Prometió que habría un centro de varones en el Guasmo sur, que contaría con 30 camas, y que se levantaría otro en una zona rural, pero la nueva administración actual indicó a este Diario que por seguridad se está buscando otra ubicación.
La psicóloga clínica Cindy Araque, responsable de Salud Mental del MSP, explica que, según el protocolo, un paciente que llega con síntomas de consumo pasa a una unidad de salud mental hospitalaria para su desintoxicación (quince días), antes de ir a un Cetad (seis meses). En Guayaquil están los hospitales Monte Sinaí y Guasmo Sur (en ambos hay 20 camas, solo 5 ocupadas). Ella menciona que en cada centro de salud también hay protocolos para atender y realizar pruebas.
En 2022 solo en el hospital Monte Sinaí se realizaron 848 pruebas que sirven para detectar cannabis, heroína, cocaína, anfetamina, barbitúricos y benzodiacepinas. (I)
¿Qué no está funcionando de la rehabilitación en Ecuador?
Desde el MSP aseguran que los tratamientos están disponibles, que en los centros públicos hay camas vacías, que hay pruebas gratuitas en los centros de salud, y espacios en los hospitales, pero que los pacientes no llegan. Y es que solo de forma voluntaria o con orden judicial se puede acceder a los tratamientos que el Estado, sin costo, ofrece en algunos establecimientos. En Guayaquil hay dos centros.
Pero, qué más no funciona en la rehabilitación en Ecuador?
Los médicos de esta área mencionan que la falta de estadísticas impide implementar políticas públicas eficientes. Eso ha traído recaídas, pero la poca capacitación a los profesionales, la falta de apoyo municipal y el desconocido presupuesto también son un problema.
Pocos centros y desconocido presupuesto
En Guayaquil hay dos centros de desintoxicación del MSP, uno del Municipio, uno de la Arquidiócesis y varios hospitales donde se puede acceder a la desintoxicación, como el Guasmo, Monte Sinaí, Bicentenario y el de Neurociencias. El resto de los establecimientos operan fuera de la ley y podrían ser clausurados. Este Diario consultó al MSP cuál es el presupuesto para trabajar en la rehabilitación de drogas, cuántos centros de desintoxicación planean construir en los próximos años y qué proyectos hay en este sentido, pero hasta el cierre de esta edición no hubo una respuesta.
Van por su voluntad o con orden judicial
Cindy Araque, del MSP, refiere que le han reportado casos de niños de 9, 10 y 11 años que ya estarían consumiendo drogas, pero aclara que ellos no puede ingresar a un centro de rehabilitación si no es voluntariamente. Las familias no los pueden llevar a la fuerza, eso es un delito, dice la funcionaria que añade que internarlos contra su voluntad puede considerarse secuestro o detención ilegal, aunque sean niños. El psicólogo Luis Guerrero, director del centro Libertadores (atiende a menores), ubicado en Los Ceibos, dice que la única solución en estos casos es conseguir una orden judicial para llevarlos. Ella comenta que así han llegado el 25 % de los pacientes que atienden actualmente. El centro tiene capacidad para 30 adolescentes y actualmente hay 13. Dice que desde el 2016 se han graduado (completar el proceso) 360 menores. A ellos se le hace un seguimiento para evitar recaídas.
Reinserción social es clave
Los padres piden más programas para emplear o enseñar un oficio a sus hijos que están en rehabilitación. Quieren evitar que al salir comiencen a vagar y recaigan. En este sentido el Hospital de Neurociencias ha creado una cafetería donde pueden aprender atención al público sus paciente del programa de recuperación de adicciones. También hay una panadería en la que aprenden a elaborar panes y postres. En los centros públicos, según Luis Guerrero, los menores tienen que cursar sus estudios de forma virtual gracias a un convenio con Educación y luego algunos han obtenido becas para estudiar enfermería y rehabilitación física. El Municipio, en cambio, ha contratado a jóvenes recuperados para trabajar en la construcción y promoción de los planes de vivienda.
Algunas familias no apoyan
En casos de niños que han sido derivados al MSP al detectarse en los centros educativos que tiene problemas de consumo, no han podido acceder a los centros de rehabilitación ni a tratamientos ambulatorios porque viven en familias drogodependientes, donde papá, mamá , hermanos y tíos están también sumido en el uso de sustancias, revela Cindy Araque. Los niños normalizan estas prácticas y al no aceptar el tratamiento no puede ingresarse al centro. (I)
