El Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral son los órganos de la Función Electoral que garantizan el ejercicio de los derechos políticos que se expresan a través del sufragio, así como los derechos referentes a la organización política de la ciudadanía. El correcto desempeño de sus miembros y autoridades es de suprema importancia para la vigencia de la democracia en el país. Sin embargo, el CNE ha dado muestras de desprolijidad. Incluso entre los consejeros que lo integran no logran arribar a entendimientos y se bloquean propuestas de manera constante.

A raíz de que se develara una trama que involucra el intercambio de favores por respaldos de asambleístas, la presidenta del CNE explicó, en rueda de prensa virtual, cómo se realizó el proceso de inscripción del movimiento político Mejor Ec relacionado con el asambleísta Daniel Mendoza, detenido por el delito de delincuencia organizada, y rechazó que se vincule esa inscripción con el voto de la alterna de Mendoza en la Asamblea Nacional para evitar su juicio político. Pero se insiste en una nueva investigación.

Y, ayer lunes, la Contraloría General del Estado predeterminó una multa por $7000 y la destitución del cargo en contra de los tres consejeros de mayoría del CNE: Diana Atamaint (presidenta del organismo), José Cabrera y Esthela Acero, por no haber cumplido con la extinción de cuatro organizaciones políticas –Juntos Podemos, Fuerza Compromiso Social, Justicia Social y Libertad es Pueblo–, cuya eliminación del Registro de Organizaciones Políticas fue recomendada en agosto del año pasado por no cumplir con el 1,5 % de rúbricas de ciudadanos del padrón electoral, que disponen la Constitución y el Código de la Democracia.

Los funcionarios tendrán 30 días para presentar descargos. En caso de ratificarse la destitución, asumirán los alternos y estará definido el destino de esas cuatro organizaciones. Es de esperar que la tormenta generada en el CNE no altere el calendario de elecciones.