Acceder a la educación ha sido siempre una aspiración por parte de quienes ven en el conocimiento un vínculo importante con el desarrollo. En las economías modernas, el saber es uno de los factores más relevantes de la producción. Por ello, invertir en educación es una gran apuesta.

Según estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un año adicional de escolaridad incrementa el PIB per cápita de un país entre 4 y 7 %.

En materia de producción, Ecuador podrá pasar de la exportación de materia prima a productos elaborados y para ello necesita más técnicos, más científicos, más investigadores y desarrolladores. Y eso requiere redoblar esfuerzos desde la educación básica, poniendo énfasis en la educación rural.

En el país hay unas 900 escuelas rurales que no están funcionando y podrían ser reactivadas para que 70 000 estudiantes puedan volver a las aulas, el costo promedio para ello es de $50 000 por plantel, pero en estos momentos el Gobierno no tiene recursos.

La iniciativa Unidos por la Educación, que surgió hace más de un año y busca reformar el sistema general de educación del país, logró un histórico convenio con el Ministerio de Educación para que la calidad de la educación que reciben los 4,4 millones de estudiantes pueda mejorar con la asistencia de universidades y fundaciones.

Se trata de una alianza entre quince empresas que hacen aportes económicos para replicar modelos educativos que funcionan y son impulsados por oenegés.

Para poder realizar estos cambios en el sistema, Unidos por la Educación ha hecho alianzas con la Fundación Vueltas y el Grupo Faro, dos organizaciones que desde hace tiempo han conseguido intervenir 23 escuelas rurales para reformar sus modelos educativos.

La educación es necesaria para alcanzar mejores niveles de bienestar social y de crecimiento económico, y en el ámbito rural es más significativo ese aporte. (O)