Todo funcionario público para ocupar un cargo tiene que presentar a la Contraloría su delación patrimonial y actualizarla cada dos años, por lo que el organismo de control debe evaluar dicha declaración cuando exista una gran diferencia entre la actual y la anterior declaración, y cuando el servidor tiene un sueldo de $ 2.000 a $ 3.000 mensuales, y vive en una casa que vale más de $ 600.000, y tiene cuenta bancaria con un saldo superior a los $ 300.000.
La evaluación a la citada declaración debe ser revisada con la información del Registro de la Propiedad y con el departamento de Catastro de los municipios del país para establecer su justificación y procedencia de todo lo declarado y verificar si existe o no alguna propiedad no declarada. En la Ley Anticorrupción que aprobará el Ejecutivo, se debe considerar que la Fiscalía de la Nación evalúe anualmente las declaraciones patrimoniales de los funcionarios de los organismos de control, de la Función Judicial, Función Electoral y Función Legislativa y que se publique su resultado en los medios de comunicación del país. Reflexión: ¿es necesario evaluar anualmente la delación patrimonial de los altos funcionarios públicos? (O)
Ángel Calderón Mayorga, economista, Guayaquil