A la Función Electoral, llamada a garantizar el derecho político de los ecuatorianos, siempre se le reclama transparencia, celeridad, probidad, porque en hechos no es así:

El CNE –Consejo Nacional Electoral de la República del Ecuador– organiza, dirige, etc., procesos de elecciones populares; sin embargo, dudamos de ciertos sucesos, no controló propagandas, gastos, dineros aportados a partidos políticos y candidatos, no se sabe de auditoría, no existen sanciones.

El TCE –Tribunal Contencioso Electoral del Ecuador– debe resolver recursos, sancionando la violación de normas; por distintos motivos ya se lo ha denunciado. Falta control independiente; contribuir con transparencia evitará fraudes. Algún día se sabrá la verdad sobre la anulación de actas, etc., cambiándose resultados. Evidente, falta ética pública de ciertas autoridades, es que no existe una sola persona que haya denunciado fraude tecnológico con base en muchas irregularidades que se presentan para controlar en vivo recintos, mesas, tener sistema de circuito cerrado, cámaras por todos los lados, a excepción donde se vota, prevenir apagones, bloquear ingreso de votos, verificar sistemas de cómputos, etc. ¿Por qué la Asamblea ha incumplido con la Constitución, artículos 120 numeral 9 y 131, sobre fiscalizar y enjuiciar políticamente a la Función Electoral cuando ha habido quejas de irregularidades en épocas de votaciones? (O)

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Jorge Arámbulo Benavides, abogado, Guayaquil