En reiteradas ocasiones escuchamos hablar sobre la institucionalidad, pero en ¿qué consiste?, ¿de qué trata?, ¿qué y a quiénes abarca?, entre otras inquietudes, pues es imperante en la actualidad contar con la misma porque es un factor que incide en cómo perciben a un país los actores internos y más aún lo externos, pues se trata de un atributo fundamental de las naciones de cómo configuran la división y equilibrio de los poderes del Estado. En el caso ecuatoriano, la Constitución del país contempla cinco poderes, que se reflejan en las siguientes funciones: Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral, y Transparencia y Control Social. Todas las funciones tienen sus tareas claramente definidas, así como también sus procesos y normas que los regulan, y que teóricamente llevaría a que su accionar vaya dentro del marco jurídico pertinente. Sin embargo, ¿realmente cumplen sus tareas y colaboran en generar un entorno jurídico adecuado para el país? La respuesta ciudadana al momento de valorar a cada una de estas instituciones, refleja una inconformidad y desaprobación de algunas de ellas, como son con las funciones Legislativa, Judicial, y la de Transparencia y Control Social, cuyas decisiones están constantemente en entredicho.
En los últimos años, las situaciones que llevan a tener una imagen negativa de los poderes del Estado, se han acrecentado, y la constante es la pugna entre estas, en torno a las decisiones que toman y que a decir de otra función probablemente no era acorde con sus intereses. Las diversas disputas evidenciadas en los últimos cinco años reflejan las débiles relaciones entre las funciones del Estado, un Ejecutivo y Legislativo que han pasado de varias “lunas de miel” a enfrentamientos “recalcitrantes” que han derivado en diversos momentos álgidos, como intentos de juicio político al presidente y ministros de Estado (ojo, la fiscalización es importante; pero no dejar trabajar es otra cosa). También han sido evidente las pugnas entre el CPCCS y el Ejecutivo y Legislativo, en lo concerniente a la elección de autoridades de los entes de control, sea por la forma como se eligieron, el tiempo que se tomaron el proceso, los diversos artilugios legales para “torpedear”, los cambios de decisión de los miembros del Consejo que de un día a otro cambian de opinión para elegir una autoridad, el Legislativo que no posesiona a las autoridades electas, entre otros sucesos que dejan ver una penosa imagen.
Asimismo, una justicia entre dicho, que constantemente es observada por sus decisiones (no acordes con derecho), percibida por la gran mayoría de los ciudadanos como corrupta y comprometida en su libertad para ejercer jurisprudencia. ¿Acaso quienes dirigen estas instituciones se dan cuenta del mal que hacen al país? Estos episodios generan incertidumbre a cualquier inversionista local o internacional de ver al Ecuador como un destino que garantice seguridad jurídica y económica, y es así que continuaremos perdiendo oportunidades de crecimiento y desarrollo económico que permita mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos.
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Ojalá algún día pensemos primero en el Ecuador y no en los intereses particulares. (O)
Jorge Calderón Salazar, Guayaquil
