Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), durante el periodo comprendido entre los años 2007 y 2023, el Ecuador perdió millones de dólares por sobreprecios, desvío de fondos públicos e ineficiencia de obras, lo que podría representar la construcción de hospitales y escuelas, siendo un terrible coste de oportunidad para nuestra sociedad. ¿Cuánto habríamos logrado si ese dinero se lo utilizaba con el propósito al que estaba destinado? Ni en los peores momentos que atravesamos, como fue la pandemia del COVID-19, la corruptela dejó de campear; si bien existen procesos abiertos y algunos detenidos, se ve solo la punta del iceberg. De ahí que transparentar los procesos de contratación pública es fundamental. Por ello, el Gobierno envió días atrás un segundo proyecto de ley económico urgente enfocado a la innovación y fortalecimiento de la gestión pública. El enfoque de esta normativa es eliminar el tráfico de influencias y favoritismos que se da en el sistema de compras públicas, y acabar con las sospechas de sobornos y arreglos que debilitan la imagen del país.
El proyecto busca simplificar los nueve procedimientos existentes y dejar cinco, en donde el concurso abierto sea el que prime, dejando de lado las contrataciones de consultorías por vía directa, el procedimiento de lista corta, de cotización y de menor cuantía; además busca privilegiar el uso de sistemas tecnológicos más eficientes que garanticen confianza en los procesos. De tal manera que todas las contrataciones se realicen a través de licitaciones; cabe señalar que la propuesta de ley no incluye lo relacionado al régimen especial, subasta inversa y contratación directa, siendo los más usados en las compras estatales.
Nueva constitución: ¿buena idea?
Las funciones del Sercop también entran en la discusión, pues se considera que algunas de sus atribuciones ralentizan las contrataciones. De ahí que eliminar los criterios subjetivos bajo los que actúan los funcionarios es de suma urgencia. Es vital una profunda reforma al sistema de contratación pública del país. Son casi nueve mil millones de dólares anuales que mueve este rubro, es decir, lo equivalente al 8 % del PIB; una cifra significativa en especial si gran parte de ese recurso va dirigido a la economía popular y solidaria, pero termina en las manos de pocos, que a pesar de la desesperanza de un país prefieren seguir lucrando de ello. El desafío es importante, pero a grandes problemas, grandes soluciones. (O)
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Jorge Calderón Salazar, analista económico, Guayaquil
