Por las consuetudinarias muertes por sicariato, hoy nos encontramos anestesiados. La anestesia social no mueve nuestro estado de ánimo. Una matanza no asombra, como la mayoría es por narcotráfico, la justificamos con un “Que se maten entre ellos”. Pero se ha creado un ‘Gobierno’ paralelo, aquel del terror, que cobra ‘impuestos’ llamados ‘vacunas’, que pagas o mueres. Si hablas, mueres. Recluta jóvenes, te unes o mueres. Ley del terror.

Las raíces del narcocrimen organizado crecen a una velocidad inusitada. Las consecuencias afectan todos los ámbitos: comercios, restaurantes, diversión, turismo, trabajo, ingresos. Hablar de crear empleos ignorando la inseguridad es ingenuo. Los narcos se toman instituciones: judicial, justicia, Policía, Fuerzas Armadas... Les sobra dinero y maldad. Para erradicar este ‘cáncer’ el pueblo clama la acción férrea del Poder Ejecutivo, lastimosamente ausente. Mientras el Gobierno anteponga los ‘derechos’ de los delincuentes a la seguridad ciudadana, no hay forma de corregir. Mientras no tenga una estrategia jurídica, la fuerza pública no funciona. Mientras su actitud sea reactiva y no proactiva, no habrá erradicación. Las narcopandillas deben ser declaradas grupos subversivos terroristas urbanos, ser perseguidos y tratados como tales. Pertenecer a estas debe ser motivo de cárcel sin derecho a reducción de pena. La Policía sabe quiénes son, donde están, pero deben esperar el crimen y la evidencia para actuar, y ver cómo los jueces los exoneran aunque sean detenidos en flagrancia. La Constitución debe definir quiénes son terroristas. Quien delinque pierde todos sus derechos de ciudadanía y limita sus derechos humanos. Es una estupidez jurídica que los presos puedan votar, pues votarán por quienes garanticen su impunidad. No actuar equivale a complicidad. El Poder Ejecutivo debe actuar..., para eso lo elegimos. (O)

Gustavo Echeverría Pérez, avenida Samborondón