La adicción es una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por nuestra Constitución, que afecta profundamente el cerebro, alterando la capacidad de decisión del consumidor. En menores de edad este impacto es aún más grave, dado que afecta las áreas responsables del autocontrol y la toma de decisiones. Cada 8 segundos una persona muere en el mundo debido a las drogas. Este fenómeno global afecta no solo la salud de los individuos, sino también la estabilidad social, económica y de seguridad de las naciones.
El riesgo del inicio de consumo de drogas en la adolescencia
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En Ecuador, el consumo de drogas es una de las principales amenazas para la salud pública, y sus efectos colaterales se reflejan en un aumento de la violencia, la delincuencia y la disfuncionalidad social. Durante la campaña electoral de 2023, el entonces candidato Daniel Noboa propuso eliminar la tabla del mínimo consumo, argumentando que es una de las principales amenazas para la salud pública, y sus efectos colaterales se reflejan en un aumento de la violencia, la delincuencia, el microtráfico y la disfuncionalidad social. Tras ganar las elecciones, la derogación de esta ley fue implementada, y aunque la tabla presentaba defectos y no era una solución ideal, permitía a los jueces diferenciar entre consumidores y traficantes.
He compartido con la decisión de abolir la tabla, porque, así como fue implementada en el 2013 lo único que facilitó es el acceso de menores a las drogas y la disponibilidad en las calles. Dejó en plena desprotección a los adolescentes amparados en la permisividad legal sin existir mecanismos obligatorios de tratamiento. Mi experiencia como psicoterapeuta con más de 21 años en el Ministerio de Salud italiano me permitió al llegar al Ecuador en el año 2000 advertir que, sin una intervención territorial basada en redes institucionales, el país enfrentaría una crisis social vinculada al consumo de drogas y sus efectos colaterales. Lamentablemente, esa crisis ya está aquí.
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La adicción al consumo de drogas anula la capacidad de decisión del individuo, lo que hace que el tratamiento voluntario no sea factible, especialmente en consumidores crónicos. Estas son las principales razones por las que la rehabilitación obligatoria debe ser considerada. Primero, la OMS reconoce que la adicción requiere tratamiento médico, psicológico y social especializado. Segundo, la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU establece que los Estados tienen la responsabilidad de proteger a los menores de los riesgos que puedan afectar su salud y desarrollo. Tercero, la rehabilitación obligatoria ofrece una solución para aquellos (familiares y consumidores) que no pueden hacer frente al problema por sí solos. Cuarto, la intervención temprana en el tratamiento de adicciones puede prevenir la escalada de delitos como robos, violencia y vandalismo hacia crímenes más graves. Quinto, la rehabilitación obligatoria reduce el número de consumidores de drogas, lo que disminuye la demanda de sustancias y afecta directamente las redes de microtráfico, debilitando al narcotráfico a nivel social. Sexto, la intervención del Estado en el tratamiento obligatorio ayuda a restaurar la dinámica familiar, evitar deserción escolar y la desintegración de los hogares. Séptimo, reduce el costo social del consumo de drogas. Octavo, evita que las enfermedades mentales y físicas en los adolescentes en consumo puedan desarrollar trastornos graves como esquizofrenia, psicopatías, psicosis o depresión severa, además del deterioro físico por desnutrición y enfermedades asociadas.
Los desafíos que tiene que enfrentar el país son grandes, se estima que se necesitan 450.000 plazas de tratamiento, con periodos de rehabilitación de entre 10 y 24 meses, sin embargo, el costo de este tratamiento es elevado, con un promedio de $ 1.000 mensuales por persona. Esta inversión social es un reto significativo para el Estado, pero ignorar el problema solo incrementará las pérdidas en términos de seguridad y bienestar social. Es hora de implementar una política de rehabilitación obligatoria con un enfoque integral que proteja a los individuos y fortalezca la seguridad y el tejido social del Ecuador. (O)
Nadia Donadonibus, psicoterapeuta, Guayaquil
