Con impotencia la sociedad ecuatoriana ve cómo la Procuraduría General del Estado hace espíritu de cuerpo con ciertos jueces y abogados patrocinadores de entidades públicas demandadas para respaldar de manera tripartita los atropellos y vejámenes que cometen dichas instituciones.

Si bien es cierto que la Procuraduría fue creada para defender al Estado, tanto en demandas internas como externas, no deben prestarse ciertos miembros a encubrir sonados casos de injusticia de instituciones públicas con los usuarios. Muchos funcionarios se sienten tranquilos porque cuentan con protección de poderes, ciertos jueces, abogados que asignan en los juicios que los perjudicados hacen en contra de deficientes funcionarios estatales. La ley dice que las entidades públicas serán responsables de sus actos ilegales y abusivos contra las personas y deberán responder civil como penalmente por sus irregularidades y omisiones; sin embargo, en la práctica respaldan, hacen causa común para achicharrar a quien se atreve a demandar las malas acciones de empleados públicos. O)

Édgar Saldaña Alvarado, Guayaquil