En días pasados este Diario reportó que la Asamblea Nacional que hoy la integran 137 representantes pasaría a tener 154 legisladores para las próximas elecciones en 2025. Dicho incremento de 17 asambleístas se explica porque está por realizarse un nuevo censo poblacional en el país y los parámetros para calcular el número de legisladores se los debe aplicar al número de ecuatorianos según el “último censo”. Como las proyecciones del nuevo censo del Ecuador son que el número de ecuatorianos será mayor al que arrojó el anterior censo hace doce años, es natural que también se incremente el número de asambleístas. Es una de las reglas del sistema democrático el que las legislaturas crezcan en tamaño a medida que crezca la población que ellas representan.

Existen voces que consideran que el actual número de legisladores es excesivo. Se plantea que dicho número debería ser reducido sustancialmente. Si bien es cierto que el actual número podría ser reducido, dicha reducción no puede llegar a extremos. Un país que pasa los 17 millones de personas no puede tener una legislatura con un número excesivamente bajo de representantes. Ello va en contravía de un régimen democrático. Si parte del problema es el número excesivo de legisladores –y creemos que en realidad así es– cualquier modificación que haga a la fórmula de calcular el tamaño de la Asamblea se la deberá hacer sin caer en excesos y respetando el principio de proporcionalidad. Sin embargo, la discusión sobre el número de legisladores no es tan esencial como lo son la eficiencia de la Asamblea y la calidad de sus miembros. En la actualidad la Asamblea concentra en una sola cámara todas las funciones propias de una legislatura: representar a la ciudadanía, legislar, fiscalizar, aprobar y denunciar tratados, acusar y enjuiciar políticamente a altos funcionarios públicos, aprobar el presupuesto general, conocer estados de excepción, entre otros. No hay una asignación de funciones como sucede en muchas legislaturas donde, por ejemplo, existen dos cámaras, una de las cuales asumen ciertas facultades y la otra las demás. Algo que podría establecerse inclusive dentro de la misma cámara, asignando a los legisladores nacionales ciertas tareas exclusivas y a los provinciales otras. A ello se debe sumar su inestabilidad interna. La norma constitucional que manda que sus máximos personeros duren dos años fue violada recientemente.

... el mayor problema, sin duda, es la calidad de los asambleístas (...), el panorama es desolador.

Con ello en el futuro será perfectamente natural que cada seis meses las dignidades cambien al son de los pactos que se hagan.

Pero el mayor problema es, sin duda, la calidad de los asambleístas. Con pocas excepciones, el panorama es desolador. Asambleístas que carecen de la formación mínima para legislar y de toda virtud cívica; individuos que incurren en corrupción una y otra vez, que están listos para insultar y chantajear, pero que son nulos para articular cualquier solución a los complejos problemas que sufre el país. Sus alocuciones no inspiran, sino que avergüenzan. Y encima reciben un sueldo de nuestro bolsillo. La reciente comparecencia del ministro del Interior, Patricio Carrillo, a una de las comisiones legislativas para responder a absurdas acusaciones dejó plasmado una vez más ese nivel de degradación en el que se hunde a diario nuestra legislatura. Y en poco serán 154. (O)