Acaba de concluir el Congreso de Investigación en Sistemas de Salud de la sociedad profesional Health Systems Global en la ciudad de Nagasaki, en Japón, donde se dieron cita investigadores, funcionarios de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales y editores de revistas científicas. Se discutieron temas diversos, desde el impacto de los conflictos y las guerras, pasando por la salud planetaria, hasta la importancia de la democracia para la salud. Como en toda cita internacional, quedaron pendientes las frustraciones de lo que no se puede cambiar y la esperanza de que hay cosas que se pueden lograr. Uno de los debates que eché en falta en el congreso es sobre la calidad de los sistemas de salud en países con democracias débiles.
Aunque el interés ha bajado en los últimos años, muestra de lo cual hubo pocos ponentes enfocados en el tema, la gobernanza de los sistemas de salud es un tema de importancia crucial. Seguramente, los expertos saben que el éxito no depende exclusivamente de reformar el sector de la salud, sino de abordar problemas fundamentales de la democracia, lo cual excede su campo de actuación. Donde hay escasa transparencia, alta corrupción, baja participación ciudadana para exigir la rendición de cuentas de las instituciones públicas, es decir, donde la democracia es limitada, no es posible que haya un mejor sistema de salud. De hecho, está demostrado que los ciudadanos gozan de mejor salud en los países más democráticos.
Lo solemos olvidar, pero la salud no depende solo de una buena atención médica. La reducción de la pobreza y las desigualdades, la inversión pública para mejorar las condiciones de vida, por ejemplo, mediante la provisión de servicios básicos como agua potable y saneamiento, además de la calidad de la educación, son condiciones esenciales para prevenir enfermedades evitables. En su lugar, en países como Ecuador, con una enorme inseguridad jurídica, se pretende resolver los problemas con leyes y órdenes judiciales que serán incumplidas.
Por ejemplo, la Ley Orgánica de Fomento, Apoyo y Protección a la Lactancia Materna, recientemente aprobada en la Asamblea, exige una prescripción médica para la compra de fórmula infantil cuando aquí se pueden comprar medicamentos restringidos de venta libre con solo pedirlos al boticario. Una exigencia absurda. ¿Quién va a ir a hacer cola al centro de salud para pedir una receta para calmar el hambre de un bebé porque su madre tiene que salir a trabajar? Primero, el Estado tiene que dar soporte económico e institucional a las madres lactantes.
Tuve la oportunidad de asistir a la consulta ciudadana de la Comisión de Salud de la Asamblea para el proyecto de esta ley. De lo que pude ver, se necesita una participación ciudadana y evidencia científica más robusta en la formulación de leyes. Hubo personas que compartieron opiniones personales más que profesionales sin necesariamente representar a un grupo de interés consolidado y con una postura fundamentada. De lo contrario, surgen reglas inaplicables que están lejos de solucionar problemas como el de la desnutrición infantil, que se supone es el objetivo de la ley. (O)
