El presidente ha sido acertado en eliminar la tabla de drogas, establecida por el Consep en tiempo de Correa, partida de nacimiento o punto de partida legal del consumo de drogas y el microtráfico, sus consecuencias delictivas, que ha dado como resultado incremento muy grande del tráfico internacional de drogas, para suplir el inmenso mercado local de estupefacientes que se ha producido.

El incremento de muertes violentas, los robos y asaltos para la procura de dinero para consumo de droga, muertes por disputa de espacios de ventas, o por efectos de las disputas y vendettas entre narcos. La creación de bandas internas, que han extendido su delincuencia a toda clase de delitos. Antes dedicadas solo al tráfico internacional, no irrumpían mayormente en la delincuencia local. Antes de esta tabla, cuando detenían a alguna persona con droga era el juez quien ordenaba su libertad o su juzgamiento, y lo hacían comprobando que eran consumidores. Pero había mucho temor de consumir droga y las personas preferían no consumir por temor a ser detenidas y el consumo se mantenía relativamente bajo. Pero esta tabla se incorporó al COIP como ley penal en blanco, que significa establecer la conducta constitutiva o no de delito por una norma de inferior rango o reglamento, que quedaba incorporado en el artículo 228 del COIP.

Con este umbral de consumo, entendieron los ciudadanos y especialmente los jóvenes que estaban en libertad y derecho de drogarse y en cualquier sitio, a vista y paciencia de todos, que se adueñaron de los parques y lugares públicos. Inicialmente comienzan con marihuana y siguen a drogas mayores que los destruyen como seres humanos y a sus familias. Debe haber en Guayaquil cientos de miles de consumidores que para adquirir droga necesitan perjudicar a sus familias o a los demás ciudadanos.

Esta tabla de drogas impedía que se obligue a los narcodependientes a un proceso de rehabilitación. Con esta eliminación de la tabla los consumidores pueden ser detenidos y probada su dependencia, deben ser trasladados a un centro especializado para que lo registren y comiencen un tratamiento ambulatorio obligatorio, bajo pena que de no cumplir podrían ser sancionados con medidas cautelares para tratamiento. Así se tendrá un registro de personas dependientes y obligarlas a su rehabilitación. Asimismo los que no cumplan un tratamiento ambulatorio, pasen a un internamiento en clínicas especiales, que no necesitan mayor equipamiento médico sino más bien equipamiento de médicos y personal especializado.

Pensando en todas las leyes que favorecieron a los narcos en tiempo del correato, opino que esta fue una más.

Da pena que ciudadanos de una manera subjetiva sin conocimientos opinen sobre esta tabla de drogas, desorientando a la ciudadanía, o defensores de derechos humanos que no les importa cuantos jóvenes se autodestruyen con la droga y que obstaculizan el control de estas personas, sobre los que hay que ejercer una cierta presión, acompañada de atención médica, porque en algunos, voluntariamente en su mente perdida, no les interesa rehabilitarse. (O)