Hasta agosto de este año, la Policía detuvo a 1.575 niños y adolescentes con edades comprendidas entre los 12 y 17 años. Estas cifras evidencian que las organizaciones delincuenciales reclutan a menores de edad para cometer crímenes, secuestros y tráfico de droga.
La participación de menores en delitos y cómo se los debe juzgar se debate en la Asamblea Nacional. Si un menor de edad comete crímenes debe ser juzgado como adulto es la propuesta. Además, se propone que apenas cumplan 18 años de edad pasarán a un centro de rehabilitación social de adultos.
Los niveles de inseguridad que vive la sociedad hacen que este modelo de política represiva sea apoyado por gran parte de los ecuatorianos.
No se ha demostrado, sin embargo, que juzgarlos como adultos reduzca los índices de criminalidad. Estudios realizados por el departamento de Justicia en los Estados Unidos revelan que, en casos de delitos violentos, la tasa se reincidencia de adolescentes juzgados en el sistema penal de adultos fue un 100 % mayor que la de aquellos juzgados bajo el sistema de justicia juvenil. También organizaciones como Human Rights Watch concluyen que juzgar a niños, niñas y adolescentes como adultos incrementa la reincidencia y la criminalidad.
En el Ecuador no hay una decisión tomada por el momento. El tema no es sencillo y debe ir más allá del tema seguridad. En el debate debe incluirse un aspecto que va más allá de la represión y reclusión y tiene que ver con la responsabilidad que tiene el Estado respecto de la prevención y el cuidado que debe dar a nuestros niños y adolescentes para que no caigan en las redes delincuenciales.
Es un hecho que estos niños y adolescentes abandonaron sus estudios por varias causas, como violencia intrafamiliar, maltrato, pobreza, abuso sexual, fracaso escolar, embarazos.
El Estado no puede desentenderse de estas razones por las que nuestros niños y adolescentes caen en las redes delincuenciales. Según la Unicef, la violencia se ha vuelto parte de su vida cotidiana, La organización precisa que el homicidio se ha consolidado como la primera causa de muerte de niños y adolescentes de entre 5 y 17 años en Ecuador, y que estas muertes violentas aumentaron un 800 % entre los años 2021 y 2023 en las edades de cero a 17 años.
Y como si lo anterior fuera poco el estudio revela, además, que el suicidio es la principal causa de muerte en mujeres adolescentes, de 12 a 17 años, y que en la última década se reportaron más de 25.000 casos de violencia sexual en el sistema educativo.
Escuchar a los asambleístas en su análisis sobre la situación evidencia que no entienden lo grave de la problemática.
Es urgente una reflexión crítica sobre la situación que no solo trate a estos menores atrapados en problemas como adultos en miniatura, sino en las obligaciones que el Estado no está cumpliendo para garantizar un desarrollo físico, intelectual y afectivo que empodere a niños y adolescentes como lo que son, el futuro de la patria. (O)
