El presidente afirma categóricamente que no habrá apagones en este estiaje; los expertos eléctricos son escépticos. Estiman que en un estiaje severo Ecuador tendría un déficit de generación de 776 MW, y esto si se culmina la instalación de las cuestionadas centrales de Progen y Austral, contratadas para enfrentar el estiaje del año pasado. Sin esas plantas el déficit sería de 1.017 MW, aproximadamente el 20 % de la demanda máxima. La interconexión con Colombia bajaría el déficit no cubierto a 517 MW.
Tan vigente es la posibilidad de apagones que el domingo pasado mediante Decreto Ejecutivo 32 el presidente dispuso que en caso de emergencia la Cenace podrá “disponer a los clientes de tarifa de alto voltaje su desconexión del Sistema Nacional Interconectado” y que dichos clientes “que a la fecha no cuenten con sistemas de generación para abastecer su propia demanda tendrán un plazo de 18 meses … para implementarlo”.
La polarización como ideología
Lo anterior explica por qué la seguridad del presidente de que no habrá apagones: no los habrá para el sector residencial. Los cortes de luz serán para los “clientes de tarifa de alto voltaje”, sin precisar si son los pocos de alto voltaje (AV2) o también los más de 160 de mediano voltaje (AV1). Muchas de estas empresas tienen equipos de generación emergente, capaces de cubrir las necesidades más críticas por cortas horas. Ahora se les advierte que se les cortará el suministro en caso de estiaje. Por lo que tienen dos opciones: o invierten en generación, o se encomiendan a san Isidro Labrador, santo patrón de las lluvias.
Los cambios a la normativa eléctrica que incorpora el decreto 32 son coherentes con mantener el servicio eléctrico como sector estratégico solo servido por el Estado, y cuyo éxito depende de que el Estado invierta y todas sus dependencias –incluso las empresas de distribución– cumplan con plazos. Lo cual es ilusorio.
A los “clientes de alto voltaje” se les pide que inviertan fuertemente no en su negocio para ampliarlo, sino en generación de energía eléctrica para ser autosuficientes, pero para generar únicamente cuando CNEL no les venda energía. Y si invierten en plantas distantes de sus instalaciones, tienen que pagar un costoso peaje.
Hay una solución mucho más simple y efectiva. Que el Estado otorgue un plazo más realista que los 18 meses, digamos 3 años, y que a partir de entonces el Estado dejará de venderle electricidad a los clientes AV1 y AV2. Simultáneamente, se autoriza la inversión en generación para servir exclusivamente a clientes de alto voltaje. De manera inmediata habrá empresas multinacionales que firmen contratos de compraventa con los grandes consumidores. Con ventas garantizadas a firmas de prestigio, las empresas de generación obtendrían financiamiento en buenos términos, y construirían centrales para abastecer a Durán, en vía a Daule, y en parques industriales de otras provincias. Cuenca ya tiene su generación propia.
¿Por qué importa el déficit público?
La fuente de generación debe ser libre, pero en caso de que sea térmica, debe utilizar exclusivamente gas una vez que haya libre disponibilidad del mismo en el mercado.
Con esta solución, se reduce la urgencia al Estado de invertir en generación, y los grandes usuarios tendrían un abastecimiento más seguro, de mejor calidad y a menor precio del que hoy reciben de CNEL. (O)
