La idea de un contrato es especialmente poderosa. En esa idea confluyen el consentimiento, la contraprestación y el mutuo beneficio. Contratamos porque es nuestra voluntad hacerlo; porque estamos dispuestos a dar algo para recibir una contraprestación que valoramos más; y, porque el contrato nos pone en una mejor situación que la que tendríamos sin contrato.
El contrato ha acompañado a nuestra especie desde que tenemos registros: yo te doy un mamut y tú me das diez lanzas; yo siembro las uvas y tú elaboras el vino; yo diseño un software y tú me das acciones de tu compañía.
Muchos filósofos se han fascinado con la idea del contrato y la han utilizado para explicar el nacimiento de los Estados. La idea es que el origen del Estado se basa en un contrato hipotético en virtud del cual los individuos entregamos parte de nuestros derechos al gobierno y, en contraprestación, recibimos protección, seguridad y bien común. Hobbes decía que en el estado de naturaleza la vida era brutal y corta, y que las personas cedían su libertad al soberano y, a cambio, recibían seguridad personal. Locke pensaba que las personas nacen con derechos naturales y que constituían un gobierno para que proteja esos derechos. Rousseau sostenía que los individuos se unen para formar una comunidad política, entregando sus derechos al conjunto del pueblo para obedecer leyes creadas por la voluntad común.
En los países que funcionan vemos la aplicación de las ideas de los contractualistas. Un empresario holandés paga sus impuestos y, como contraprestación, tiene un sistema judicial transparente y eficiente. Un trabajador alemán aporta a la seguridad social y tiene hospitales con medicinas. Un ciudadano americano pone a disposición de las autoridades parte de su información personal y recibe unas fuerzas del orden que someten a los terroristas.
En el Ecuador ha fallado el contrato social. Por un lado, un gobierno que no es capaz de brindar seguridad y justicia a sus ciudadanos ni de garantizar los servicios básicos y, por otro lado, una población que mayoritariamente no tributa o evade impuestos ni está dispuesta a cumplir con las leyes.
En el derecho de los contratos se reconoce la figura de la excepción de contrato no cumplido: yo no tengo que cumplir con mi parte del contrato si tú no cumples con la tuya. No te entrego el mamut si tú no me das las lanzas; no elaboro el vino si no siembras las uvas; no diseño el software si no me das acciones. Ante la situación de incumplimiento recíproco, el contrato queda suspendido, en un limbo jurídico.
Vemos reformas tributarias que aumentan las tasas impositivas, nuevas leyes de inteligencia que permiten al gobierno inmiscuirse en nuestra privacidad, la aprobación de leyes que limitan el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Si hay que empezar por cumplir la parte del contrato que les toca a los ciudadanos, todo bien. Lo contrario sería el limbo jurídico. Pero lo que viene es la más importante. ¿Qué nos va a dar el gobierno como contraprestación de ceder parte de nuestros derechos? (O)
