Empecemos por la crisis de la Alcaldía de Quito, para pasar luego a la constitucional que se vive en la Asamblea Nacional por un proyecto enviado por el Ejecutivo pidiendo el tratamiento de ley económica urgente.
El Consejo Metropolitano procedió a elegir su vicealcaldesa, por terminarse el periodo de quien lo desempeñaba; reeligió a la actual vicealcaldesa, Fernanda Racines, por una holgada mayoría. Como ella pertenece al mismo partido que el alcalde, Pabel Muñoz, este se consolida en su posición y se debilita la pretensión de quienes pretenden destituirlo mediante una consulta popular en Quito; aunque en el caso hipotético de que consiguieran –los promotores– la votación mayoritaria para hacerlo, pues su triunfo sería pírrico, inútil, pues sería reemplazado el alcalde por la propia vicealcaldesa que ha participado en su gestión.
Pero hay que meditar sobre esta creación de la actual Constitución, de la revocatoria del mandato de los funcionarios de elección popular, que incluye al mismísimo presidente de la República, que es un factor de inestabilidad, que es una característica nefasta de nuestra historia republicana; ¡hemos sufrido de este mal sin necesidad de una ley que la promueva, y ahora le hemos dado la categoría de legal!
En tanto, el nuevo proyecto de urgencia económica enviado por el Gobierno de Daniel Noboa a la Asamblea Nacional ha recibido ya numerosas críticas y observaciones, como las que anotan que su materia no es económica, sino más bien referente a seguridad, y que es contrario a disposiciones constitucionales expresas de garantías a los derechos fundamentales de las personas, de la propiedad, de la libertad, del debido proceso, y más; que le concede al presidente de la República el derecho de otorgar a los miembros de la Fuerza Pública indultos anticipados por delitos cometidos durante actos del servicio en defensa del orden público, y antes de haber sido procesados y menos sentenciados, lo que es contrario a derecho.
Como en el proyecto existen varias disposiciones evidentemente contrarias a la Constitución, estas deberían ser retiradas para evitar ser negadas por la Asamblea Nacional, y, si no lo fueren, ser eliminadas por la Corte Constitucional. Y si fueren aprobadas, de todas maneras existe el grave riesgo de que sean impugnadas, de manera general o específica en cortes internacionales, por contrarias a las Convenciones de Derechos Humanos de las que el Ecuador es parte.
Los asesores del Gobierno debieron considerar que este proyecto puede ser considerado similar a los del Gobierno salvadoreño de Nayib Bukele, que aun si pueden recibir respaldo del pueblo, no es de los que prestigian a la República de El Salvador. Hoy es considerada la cárcel a la que los Estados Unidos envía abusivamente a los emigrantes llamados ilegales, pagando la pensión por supuesto. Esa cárcel es un negocio, que lucra de la situación de los emigrantes.
Concluyendo, digamos que este proyecto afectará al prestigio internacional del Ecuador. Lloverán las observaciones de los organismos internacionales y será muy difícil sostenerlas. (O)
