El líder maicero César Herrera Santos nos ha enviado un proyecto de código agrario, con la finalidad que emita comentarios sobre su alcance; igual iniciativa ha tomado el Colegio de Ingenieros Agrónomos del Guayas, con su organización nacional Conia, que ha constituido una comisión especial compuesta por varios afiliados que son también juristas, con el objetivo de elaborar un instrumento regulatorio más concreto y práctico que el aprobado por el ente legislativo de Soberanía Alimentaria que estaría listo para ser discutido en el pleno de la Asamblea, sin suficiente consulta a los beneficiarios.

Comenzaré señalando que he auscultado criterios legales y existe coincidencia que el referido borrador dista mucho de ser lo que dice su título: “Proyecto de Código Orgánico Integral de Reactivación del sector Agropecuario y Pesca”, remitiéndome a lo que señala el Diccionario Elemental Jurídico de Guillermo Cabanellas que define con certeza que código es “una colección sistemática de leyes o como la ley única que, con plan, sistema y método, regula alguna rama del derecho positivo o cualquier recopilación de reglas o preceptos sobre una materia, aun sin ser estrictamente jurídica”; Rodrigo Borja Cevallos en su Enciclopedia de la Política, dice también que codificar es “reducir a una unidad orgánica y sistemática todos los preceptos jurídicos que se refieren a una misma materia, agregando que las disposiciones que integran un código están relacionadas entre sí y ordenadas en función del todo. Por eso se dice que el código es un cuerpo jurídico sistemática y orgánicamente estructurado”.

La mera enumeración de asuntos relacionados con la agricultura, que es a lo que se reduce lo impropiamente conceptuado como código, siendo importantes, no contienen normativas para impulsar su desarrollo, ni los avances de las últimas décadas que necesitan regulación en Ecuador para su adopción en consonancia con la legislación europea que influye mucho en la actividad, puesto que la Unión Europea es uno de nuestros socios más influyentes en el comercio agropecuario, en materia como residuos de pesticidas en los productos que ingresan a esa región que ha asumido con fuerza principios como la debida diligencia y la responsabilidad compartida, el pago de conformidad con los costos en el marco de las orientaciones de comercio justo.

Los proponentes del proyecto ni siquiera asumieron los principios del principal dirigente socialcristiano y segmentos productivos, cuando propusieron preguntas para una consulta popular ligadas al impulso agrario como consta en el anexo sobre crédito agrario “El Estado garantizará el otorgamiento de créditos permanentes a los pequeños productores de los sectores agrícola, ganadero, pesquero, acuicultor y artesanal, a través del establecimiento de tasas preferenciales dirigidas a estos sectores, las cuales serán fijadas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera; las que no podrán ser superiores al 60 por ciento de la tasa activa referencial de cada sector”. Conviene apoyar a los agrónomos guayasenses en su aspiración de un código coherente con las aspiraciones agrícolas. (O)