Toda empresa debe crear riqueza sumando trabajo y capital, y esa riqueza compartirla con la sociedad vía impuestos.

En política industrial se contempla la posibilidad de darles protección a industrias nacientes, hasta que puedan ponerse en pie y competir con su similar de países más desarrollados. Desde 1957 la legislación ecuatoriana contempla esa posibilidad. Pero recién se aplicó con fuerza desde 1970, cuando coincidieron dos factores: el primero, la firma del Acuerdo de Cartagena, en que Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia y Chile (que luego se retiró y fue reemplazado por Venezuela) se unieron para crear un mercado común pero protegido. O sea, entre los cinco, hacer un mercado como el mexicano. El otro factor, el inicio de la producción petrolera en el Oriente, que garantizaba que el mercado ecuatoriano iba a crecer de manera muy fuerte.

A principios de los setenta fue interminable el número de empresas industriales que se instalaron en el país, aprovechando los beneficios tributarios y los altos aranceles para los productos comparables de fuera del área andina.

Muchas de estas empresas se quedaron en el camino: el grupo andino nunca se abrió para las empresas nacionales que ofrecían sus productos a un precio no competitivo. Otras prosperaron y prescindieron de la protección.

Pero hay todavía empresas que nacieron en los setenta, ya están para entrar en el asilo ancianos, y siguen necesitando protección. Eso debe acabar. La protección era solo para la infancia. Si en tantos años no han logrado ser competitivos, ya no lo lograrán.

Hay que partir del concepto de lo que es una empresa. Ahí se suman el capital de quienes buscan utilidades, administradores con experiencia y conocimiento de mercado, maquinarias y equipo, y un cuerpo de profesionales, empleados y obreros que saben trabajar mancomunadamente. Si se les quita la protección de manera gradual, estas empresas deben poder darle un giro al negocio para ser rentables sin protección. Si se trata de una multinacional, producir un solo rubro por economía de escala y exportarlo a otros países de la región, mientras que se importan los demás artículos. O como hizo Shell, una de las mayores petroleras del mundo: sigue en el área energética, pero se cambia del petróleo a las energías renovables.

Un desafío para salir de la crisis es que nuestro sector productivo sea más competitivo. Eso pasa porque sus insumos sean más baratos. El alto arancel distorsiona. Parte del descontento de los transportistas es que las partes y piezas para sus camiones cuestan el doble en el Ecuador que en Huaquillas o Pasto. Además, el exagerado precio de los productos importados de consumo va en detrimento de la población que sufre con el alto costo de vida.

Las inversiones en agricultura o industria deberán ser en actividades de exportación o que ahorren divisas sustituyendo importaciones sin encarecer el producto final al consumidor. Ahí está la tarea para que el sector público elimine trámites inútiles, impuestos que encarecen la producción y exportación, se facilite la inversión en servicios que mejoran la competitividad, entre otras, en telecomunicaciones y la distribución eléctrica (recordemos el vía crucis de las industrias en Durán).

La crisis brinda la oportunidad de cambiar para mejor. (O)