La demagogia podría ser la madre de todo quehacer político. Las personas sin escrúpulos buscan el poder para amasar fortuna e influencia, para lograr ventajas personales y repartir canonjías estatales entre amigos y parientes. Cuanto más inapropiado y falto de preparación el personaje que busca ser electo, más recurrirá a la demagogia para nutrir el populismo que flagela Ecuador desde hace más de medio siglo.
Desesperado el político, buscará algo que distraiga para conseguir votos y polarizar a la población indecisa. En nuestro país, desperdiciar consultas como estrategia electoral tiene innumerables ejemplos: la pregunta insulsa de si queremos ser felices (2006) o si queremos eliminar la violencia contra (ciertos) animales demuestra la poca seriedad y el inagotable oportunismo y demagogia que caracteriza la política electoral contemporánea.
Plantear que se permitan bases extranjeras en territorio ecuatoriano, sin un plan a largo plazo para combatir el narcotráfico, es una clara artimaña electoral pensada para antagonizar con el correísmo e iniciar una campaña de descrédito y polémica que opere a espaldas de la realidad concreta de necesidades cotidianas que padecemos.
Otra propuesta del mandatario en funciones consiste en eliminar la asignación estatal a los partidos políticos. Esto eliminaría de la participación a quienes no disponen de fortunas familiares o a quienes se nieguen a conseguir recursos vía promesas –cuando no extorsiones– en caso de ganar. El aumento de dinero del narcotráfico patrocinando campañas y poniendo candidatos es evidente. Eso no quita que el problema de tantos aspirantes a puestos de poder deba ser regulado con normas que puedan eliminar las inmoralidades que despliegan muchos candidatos: recibir recursos públicos para propaganda o educación política que se negocian con socios para emitir facturas falsas, ayudar a lavar dinero no solo del narcotráfico sino de quienes hacen trampa al fisco al usar facturas de las campañas como si fueran gastos de sus empresas.
Urgentemente se necesita reformar las normas que rigen a partidos y sistema electoral. El monto asignado por el Estado en campaña debe ser para quienes tienen apoyo, no para aventuras de egos y corrupción como vemos en cada elección. Solo quienes tengan más de 20 % de apoyo deberían recibir fondos estatales, y de ahí para abajo los montos podrían ser proporcionales a la votación obtenida con incluso penalización económica para quienes tengan menos del 5 %. Vale la pena analizar la calidad de campañas y las herramientas de las mismas. Para muestra el debate entre candidatos. Evidentemente entre 15 es imposible, pero sí podrían lograrse buenos resultados si son pocos candidatos y quienes moderan son personas y equipos de producción serios. Hemos visto cómo los moderadores en el debate presidencial en Estados Unidos, entre Donald Trump y Kamala Harris, intervinieron para impugnar falsedades; sin antagonizar, simplemente corroborando los datos de inmediato. Modificaciones de este tipo reconocen que la mentira no puede ser una forma de llegar al poder, como tampoco puede serlo el tener recursos multimillonarios. (O)
