El presidente de la República, Daniel Noboa, ofreció, en su campaña electoral última, una nueva Constitución o una reforma constitucional, algo así. Hay más de una forma de hacerla: una, la clásica, que se hizo, generalmente, luego de golpes de Estado, convocando una asamblea constituyente, incluso para designar presidente, lo que no es el caso ahora. Otra, convocando una asamblea constitucional, limitada a aprobar un texto constitucional o reformas a la actual Constitución, lo que estaría sujeto a la ratificación del pueblo en plebiscito. Hay, también, el procedimiento de reforma contemplado en la Constitución vigente.
A más de estos métodos tradicionales, algunos ciudadanos hemos apoyado la tesis propuesta por el doctor Simón Espinosa: que como la actual Constitución fue aprobada por plebiscito, puede ser derogada, asimismo, por plebiscito; el vacío legal se solucionaría con la resolución popular, en el mismo acto, de declarar la vigencia de la Constitución inmediatamente anterior, la de 1997, actualizada, para mantener vigentes los derechos humanos, sociales, del trabajo.
El presidente podría designar una comisión de juristas que prepare, para someterlas a consulta popular, otras innovaciones, como la del sistema bicameral, el reconocimiento del dólar como la moneda nacional.
Al eliminarse la Constitución actual, ya no existirían organismos nefastos, como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por cuyo dominio se han disputado las fuerzas políticas, porque es el organismo que designa a los titulares de las principales instituciones autónomas del país, como la Contraloría General del Estado, la Procuraduría General del Estado, Superintendencia de Bancos, etc. La Asamblea Nacional haría los nombramientos de ternas enviadas por el presidente de la República.
De lo más trascendental, la reorganización del sistema judicial. La cabeza tiene que ser la Corte Suprema, su presidente, que ahora está sometida al tristemente célebre Consejo de la Judicatura, que se ha constituido, indebidamente, en uno de los poderes del Estado. La Corte Suprema reorganizaría íntegramente la Función Judicial. Esto eliminaría la corrupción actual, el reparto de cargos por cuotas de poder.
Si se restituyera el sistema bicameral, en el que el Senado revisaba los proyectos de ley aprobados por la Cámara Baja, y las discrepancias se resolvían en el pleno de las Cámaras, en una sola sesión, la legislación sería más madura, no demagógica. El Senado aprobaría los altos nombramientos que le proponga el Ejecutivo. El mejor ejemplo de la eficacia del sistema bicameral constó en la Constitución de 1946. Esto sigue vigente en la Constitución de los Estados Unidos, y de la cual tomamos el ejemplo las repúblicas latinoamericanas en nuestras constituciones de la independencia.
La actual puede ser la más adecuada ocasión de librarnos de la presente Constitución, preparada por unos abogados españoles del Grupo Podemos, por recomendación del coronel Hugo Chávez, de Venezuela. Allí está la fuente de nuestro descalabro institucional. (O)
