La tarea constitucional de fiscalización a cargo de la Asamblea no puede estar en discusión. Es una de sus atribuciones fundamentales, igual que la legislación. Sin embargo, su aplicación tiene que ceñirse a las normas vigentes, pero aquí se hace tabla rasa del ordenamiento jurídico.
Debe servir para establecer, como reza la Constitución, el incumplimiento de las funciones de la autoridad interpelada, y no se debe abusar de esta atribución con fines politiqueros, intereses personales o de grupo y fundamentalmente para alcanzar la agenda de impunidad.
No puede servir como plataforma de persecución y revancha simplemente porque el enjuiciado o enjuiciada políticamente haya impulsado acciones, en el cumplimiento de sus funciones, contra los grupos delincuenciales organizados, el narcotráfico, la narcopolítica, entre los que se encuentran sus compinches.
El país debería despertar, razonar y entender que detrás del pretendido y archivado juicio político a la fiscal general estaban los defensores de quienes han cometido actos de corrupción e involucrados en delincuencia organizada, lo que ha llevado a unos a la cárcel con sentencias condenatorias y otros que viven prófugos de la justicia, pero que sueñan con sacarla de su puesto en estos últimos meses de gestión.
No le perdonan que haya cumplido con valentía, en el ámbito de sus competencias, las investigaciones penales, aunque son los jueces los que sentencian. Que haya destapado tanta corrupción y haya evidenciado la podredumbre en la administración de justicia, con la actuación de jueces, no todos, pero tampoco han sido pocos; fiscales, policías, abogados, funcionarios de la Judicatura —a la cabeza el jefe de turno— que han protegido a los delincuentes y están tras las rejas.
Los procesos judiciales evidencian eso: Sobornos, Odebrecht, Metástasis, Purga, Plaga, Obstrucción a la Justicia, Independencia Judicial, Encuentro, Pantalla, Confortable, Reconstrucción de Manabí y tantos más.
Lo grave: que pretendan hacer show de un juicio político y descaradamente hacer participar, como anticiparan miembros de la Comisión de Fiscalización, a sentenciados por haber cometido delitos, abuso sexual, prófugos de la justicia, reos que están en las cárceles y otros que cumplieron sus penas.
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¿Por qué, en lugar de intentar una revancha contra quien descubriera tanta corrupción, no presentaron en los juicios penales todas las pruebas de descargo y demostraron su inocencia, en lugar de tratar de convencer sin fundamentos que son “perseguidos políticos” y utilizar la plataforma de la interpelación en la Asamblea?
Esto demuestra el enorme deterioro de las instituciones, las tareas sagradas de fiscalizar a las autoridades del Estado, con actuaciones que reivindiquen a esta función del Estado. Hoy no tienen talla política ni moral para emular a verdaderas interpelaciones que mantuvieron en suspenso al país, con la dureza de las intervenciones pero muy bien fundamentadas. La historia de esta nueva etapa democrática registra, por ejemplo, el juicio del líder de un partido que luego fuera presidente contra el ministro de Gobierno de entonces. ¡Qué tiempos aquellos frente a la pobreza y bazofia actual! (O)
