A propósito de las declaraciones de Gustavo Petro, flamante presidente colombiano, respecto de la necesidad de un cambio radical en la política internacional sobre las drogas, al mencionar que se debe respaldar “una nueva convención internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado rotundamente, que ha dejado a un millón de latinoamericanos asesinados, la mayoría asesinados durante estos últimos cuarenta años por drogas que ninguna se produce en América Latina”, se levantaron enseguida voces de preocupación respecto a la posición de Petro con sus ideas acerca del fracaso de la guerra contra el narcotráfico.
En ese contexto hay que reconocer que un sector importante de pensadores contemporáneos se encuentra abiertamente a favor de la legalización progresiva de las drogas, citando la conocida opinión de Mario Vargas Llosa, quien hace algunos años ya señaló la necesidad de acabar con la criminalidad vinculada al narcotráfico, el cual está en “capacidad de destruir las democracias frágiles de los países latinoamericanos”. Agregó que las políticas represivas no han tenido éxito y que a pesar del gasto astronómico para combatir el narcotráfico, el resultado son el aumento del consumo, la producción y el comercio de las drogas y el poder de las mafias.
Iguales argumentos a favor de la legalización del consumo y distribución de las drogas fueron expuestos hace algunos años por la prestigiosa publicación londinense The Economist, la cual llegaba a la conclusión de que “la única vía para controlar las drogas pasaba por la legalización de su producción, expedición y consumo”, toda vez que “las políticas que se siguen para combatirlo demuestran cada año más su inutilidad”. The Economist sostenía que la crisis de la droga tiene muchas semejanzas con lo que ocurrió en Estados Unidos en la década de 1920 con la denominada ley seca, es decir, la prohibición de vender bebidas alcohólicas, lo que trajo consigo un crecimiento vertiginoso de la criminalidad con niveles de corrupción política y policial que agravaron los efectos de dicha prohibición.
Es interesante anotar que The Economist también advertía el surgimiento de poderosas bandas criminales con la capacidad y poder para desestabilizar la paz pública en varios países de Latinoamérica, lo que precisamente ha ocurrido en Colombia, México y ahora el Ecuador, a lo que se agrega la reflexión de las enormes dificultades que tienen incluso los países del primer mundo en el combate contra el narcotráfico. Naturalmente, la posibilidad de la legalización de las drogas como un mecanismo estratégico en la lucha contra el narcotráfico acarrea inevitablemente una discusión profunda y relevante, pues también se sostiene, por otra parte, que un replanteo en dicha lucha podría traer consigo un camino sin retorno, con aún mayor consumo. Lo que nadie discute, a estas alturas, es que la guerra contra las drogas necesita plantearse urgentemente nuevos objetivos y como ejemplo basta un detalle: el año pasado, Colombia redujo el número de hectáreas de cultivo de hoja de coca, pero exportó más cocaína que en toda su historia. (O)
